El Tribunal Supremo ha iniciado el primer gran juicio del llamado caso Koldo con una jornada centrada en las presuntas contrataciones irregulares vinculadas al entorno de José Luis Ábalos y en las supuestas comisiones por contratos de mascarillas durante la pandemia. La sesión dejó uno de los pasajes más delicados del proceso: la admisión por parte de Jésica Rodríguez de que cobró en empresas públicas sin llegar a trabajar, mientras varios testigos apuntaron a anomalías en su incorporación y a presiones internas para “dejarla en paz”
El Supremo abre el primer juicio del caso Koldo
José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se han sentado en el Tribunal Supremo en el primer juicio derivado de la trama de las mascarillas, una causa en la que la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. El proceso aborda presuntas comisiones ilegales en contratos de material sanitario durante la pandemia, además de supuestas contraprestaciones como alquileres y contrataciones en empresas públicas.
La vista, prevista en varias sesiones durante abril, arranca con un fuerte impacto político y judicial por el perfil de los acusados y por el peso que tuvo Ábalos en el PSOE y en el Gobierno durante los años investigados. Aun así, el procedimiento se encuentra en fase de juicio oral y será el tribunal quien deba valorar las pruebas y determinar responsabilidades penales.
Jésica Rodríguez admite que cobró sin trabajar
Uno de los momentos clave de la jornada fue la declaración de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, que reconoció en el Supremo que cobró de Ineco y Tragsatec sin llegar a desempeñar trabajo efectivo. Según distintas crónicas judiciales, sostuvo que siguió indicaciones de terceros y que asumía que detrás de sus gastos y de su situación laboral estaba el exministro.
Su testimonio reforzó una de las líneas de acusación: que existieron beneficios personales sufragados directa o indirectamente por la trama. La declaración también se extendió al piso en Madrid en el que residió, cuyo alquiler habría sido abonado por personas vinculadas al entorno empresarial de Aldama, según expusieron testigos en la sala.
El mensaje de Adif: “hay que dejarla en paz”
Otro de los pasajes con más repercusión fue el testimonio de una técnica de Tragsatec que relató haber insistido para que Jésica cumpliera con fichajes y partes de trabajo. Según esa declaración, la respuesta que acabó recibiendo fue un mensaje atribuido a la entonces presidenta de Adif: “hay que dejarla en paz”. Ese episodio ha sido interpretado como uno de los indicios más sensibles sobre la supuesta excepcionalidad del trato recibido.
La misma sesión también incluyó referencias a cómo la contratación no habría seguido el cauce ordinario, de acuerdo con testimonios de responsables de selección en empresas públicas. En ese punto, la acusación trata de sostener que no solo hubo una contratación irregular, sino también falta de control interno una vez incorporada.
Testigos, sobres con dinero y defensa enfrentada
La primera jornada también dejó la declaración de Joseba García, hermano de Koldo, que admitió haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE en Ferraz para recoger sobres con dinero para su hermano, aunque negó conocer el origen o finalidad exacta de esos fondos. Esa parte del testimonio se sumó a otros elementos que la acusación utiliza para tratar de acreditar movimientos opacos de dinero alrededor del entorno de los acusados.
A la vez, la defensa de Ábalos y la de Koldo trataron de marcar distancia respecto a Aldama, mientras el empresario mantiene una posición procesal distinta tras haber colaborado parcialmente con la justicia. Esa diferencia de estrategia entre acusados puede convertirse en uno de los focos del juicio en las próximas sesiones.
Armengol y Torres niegan haber intervenido
En el arranque de la vista se leyeron también los escritos de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, que negaron haber intervenido en la contratación de la empresa vinculada a la trama en Baleares y Canarias, respectivamente. Ambos defendieron que las decisiones se adoptaron por los órganos competentes y dentro del marco de la contratación de emergencia durante la pandemia.
Sus posiciones forman parte del contexto político del caso, pero no alteran el núcleo del juicio abierto ahora en el Supremo, que se centra en las responsabilidades de los tres acusados por los contratos investigados y por las supuestas contraprestaciones derivadas de esos acuerdos.
Un juicio con impacto político, pero de naturaleza penal
El caso tiene una evidente dimensión política, como muestran las reacciones cruzadas entre PSOE y PP durante la jornada, pero el foco principal sigue siendo judicial. En este punto, la clave no está en el ruido político que rodea al proceso, sino en si las pruebas, testimonios y documentos permiten al tribunal considerar acreditados delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación.
Por eso, un enfoque equilibrado exige distinguir entre lo que sostienen la Fiscalía, las acusaciones populares, las defensas y los testigos. La primera jornada ha sido intensa y mediática, pero el juicio apenas ha comenzado y todavía quedan decenas de declaraciones antes de que el Supremo pueda fijar una conclusión sobre los hechos.