El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto llevar a juicio a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La decisión llega tras dos años de investigación marcados por la polémica, la falta de pruebas concluyentes según la Fiscalía y un fuerte choque institucional con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Un cierre de instrucción bajo máxima tensión institucional
El caso judicial que afecta a Begoña Gómez ha entrado en una nueva fase tras el cierre de la instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado. En su auto, el magistrado propone la apertura de juicio oral y plantea que la esposa del presidente sea juzgada por cuatro delitos, descartando finalmente el de intrusismo profesional.
La resolución no ha estado exenta de polémica. Desde el entorno gubernamental se ha criticado duramente el tono del juez, especialmente por sus referencias al Ejecutivo, al que llegó a comparar con “regímenes absolutistas”, lo que ha incrementado la tensión entre el poder judicial y el político.
Acusaciones graves frente a falta de pruebas concluyentes
El magistrado sostiene que Begoña Gómez habría utilizado su condición de esposa del presidente para impulsar su carrera profesional, captar fondos privados y obtener beneficios en entornos académicos y empresariales. Incluso llega a señalar que parte de esos fondos habrían sido destinados a su patrimonio personal.
Sin embargo, uno de los elementos más relevantes del caso es la falta de pruebas sólidas que respalden estas acusaciones. Tras dos años de investigaciones, incluyendo el análisis de cuentas bancarias y movimientos financieros, no se han encontrado indicios de enriquecimiento ilícito.
Según los datos aportados en la causa, Gómez contaba con aproximadamente 21.000 euros repartidos en varias cuentas, y sus ingresos en la Universidad Complutense de Madrid no superaron los 40.000 euros en una década. Además, la Fiscalía ha reiterado en varias ocasiones que no existen “pagos sospechosos” ni irregularidades acreditadas.
El foco en la cátedra universitaria y los patrocinios
Gran parte de la investigación gira en torno a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigió en la Complutense. Este proyecto contó con financiación de grandes empresas como Google, Telefónica o Indra.
El juez considera que estos patrocinios podrían haber sido una “fachada” para encubrir posibles contraprestaciones futuras en forma de adjudicaciones públicas. No obstante, hasta el momento no se ha demostrado que estas compañías hayan recibido trato de favor en contratos públicos relacionados con la actividad de Gómez.
Por su parte, tanto la defensa como la Fiscalía sostienen que todas las donaciones fueron gestionadas directamente por la universidad y nunca ingresaron en cuentas personales de la investigada.
El papel del empresario Barrabés y las cartas de recomendación
Otro punto clave del caso es la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, también propuesto para juicio. El juez interpreta que existió un intercambio de favores: apoyo estratégico y asesoramiento a cambio de visibilidad institucional.
Entre las pruebas señaladas se encuentran cartas de recomendación firmadas por Gómez para proyectos empresariales de Barrabés. Sin embargo, estas cartas eran documentos estándar similares a los firmados por decenas de profesionales, lo que debilita su valor como indicio de trato de favor.
Además, parte de estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía Europea al afectar potencialmente a fondos de la Unión Europea, lo que añade complejidad al caso.
Una sociedad sin actividad y un software sin registrar
El juez también menciona la creación de una sociedad por parte de Gómez con un nombre similar al de la cátedra, interpretándolo como indicio de apropiación indebida. Sin embargo, esta empresa nunca tuvo actividad real: no registró ingresos, bienes ni cuentas anuales.
En cuanto al software desarrollado en el marco de la cátedra, tampoco se ha acreditado que Gómez se apropiara del mismo. De hecho, el proceso de registro nunca llegó a completarse tras discrepancias sobre la titularidad con la universidad.
El futuro judicial: un proceso largo e incierto
La propuesta de juicio oral no es definitiva. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid quien deba decidir si el caso sigue adelante. Las defensas ya preparan recursos, lo que podría retrasar aún más el proceso.
En caso de celebrarse el juicio, este se desarrollaría ante un jurado popular, lo que implica plazos más largos. La selección del jurado y la carga de trabajo de los tribunales podrían retrasar la vista oral entre uno y dos años.
Conclusión: entre la sospecha judicial y la falta de pruebas
El caso de Begoña Gómez se sitúa en un terreno complejo donde conviven acusaciones graves con una ausencia notable de pruebas concluyentes. Mientras el juez sostiene indicios suficientes para llevar el caso a juicio, la Fiscalía mantiene que no existen evidencias sólidas de delito.
La resolución final dependerá de las próximas decisiones judiciales, en un proceso que seguirá marcando la actualidad política y judicial en España.