Nuevo giro en uno de los procedimientos judiciales con mayor repercusión política de los últimos años. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha impuesto medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y comparecencias periódicas ante el juzgado.
La decisión judicial conocida este viernes supone un importante avance procesal en la investigación que durante más de dos años ha examinado diversas actividades vinculadas a la cátedra que Begoña Gómez dirigió en la Universidad Complutense de Madrid y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés.
El magistrado Juan Carlos Peinado considera concluida la fase de instrucción y ha decidido abrir juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Junto a Gómez también serán juzgados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque este último no ha recibido medidas cautelares.
La resolución ha generado una fuerte repercusión política debido a que afecta directamente a la esposa del presidente del Gobierno y porque las medidas adoptadas son poco habituales en una figura con semejante proyección pública.
Las medidas cautelares acordadas por el juez
Además de la retirada del pasaporte, el juez ha prohibido a Begoña Gómez abandonar el territorio nacional y le ha impuesto la obligación de comparecer periódicamente ante la justicia. Las mismas restricciones se aplican a Cristina Álvarez.
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Según el auto judicial, la decisión se fundamenta en un posible riesgo de fuga derivado de la elevada pena solicitada por las acusaciones populares, que asciende a 24 años de prisión. El magistrado sostiene además que la posición institucional de Gómez podría facilitar una eventual salida del país con ayuda de terceros vinculados a su seguridad.
Este argumento ha sido uno de los puntos más controvertidos de la resolución y ha provocado una inmediata reacción tanto en el ámbito político como en el jurídico.
El Gobierno denuncia una actuación desproporcionada
Desde La Moncloa y el PSOE se ha respondido con dureza a la decisión del juez. Diversos miembros del Ejecutivo consideran que la medida carece de proporcionalidad y sostienen que no existe riesgo real de fuga.
Fuentes gubernamentales han llegado a calificar la actuación judicial como una «persecución política», insistiendo en que tras años de investigación no se han acreditado pruebas suficientes para justificar la apertura del juicio oral.
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La Fiscalía también ha mantenido durante la instrucción una posición crítica con la causa y ha solicitado en diferentes ocasiones el archivo del procedimiento, argumentando que los indicios existentes no serían suficientes para sostener una acusación penal.
Un caso que seguirá marcando la actualidad política
La apertura de juicio oral no implica una condena ni altera la presunción de inocencia de los acusados. Sin embargo, sí abre una nueva etapa procesal que previsiblemente mantendrá el caso en el centro del debate político durante los próximos meses.
Las defensas todavía podrán recurrir las medidas cautelares adoptadas por el juez, mientras que el procedimiento continuará su recorrido hasta la celebración del juicio.
La trascendencia institucional del asunto, unida a la proximidad de futuros debates políticos y a la repercusión mediática del caso, convierten esta resolución en uno de los acontecimientos judiciales más relevantes de 2026 en España.
Qué puede ocurrir ahora en el proceso judicial
Tras la apertura de juicio oral, el procedimiento entra en una fase decisiva en la que las defensas podrán presentar recursos contra las medidas cautelares y preparar su estrategia para el juicio. Una vez resueltas las cuestiones previas, el tribunal competente fijará la fecha de la vista oral, donde se analizarán las pruebas, declaraciones y documentos incorporados durante la instrucción. El desarrollo de esta nueva etapa será seguido con especial atención tanto por el impacto político del caso como por las posibles consecuencias judiciales para todos los acusados.