El Senado brasileño respalda por unanimidad una reforma constitucional que amplía la cooperación policial, endurece las medidas contra las organizaciones criminales y refuerza la financiación de la seguridad pública. La reducción de la edad penal queda fuera del acuerdo.
Brasilia, 4 de noviembre de 2026. Brasil ha dado un paso decisivo en su estrategia contra el crimen organizado tras la aprobación en el Senado de una reforma constitucional que pretende transformar la coordinación de las fuerzas policiales y fortalecer la respuesta institucional frente a las grandes organizaciones delictivas.
La iniciativa, conocida como Propuesta de Enmienda Constitucional 18/2025, fue impulsada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y recibió este martes 3 de noviembre un respaldo unánime en las dos votaciones celebradas en la Cámara Alta.
El texto obtuvo 73 votos favorables en primera vuelta y 75 en segunda, sin ningún voto en contra. Tras completar su tramitación parlamentaria, la reforma queda pendiente de su promulgación formal.
La aprobación representa un acuerdo significativo entre distintas fuerzas políticas brasileñas, aunque las discrepancias sobre determinadas medidas, especialmente la reducción de la edad de responsabilidad penal, continúan abiertas.
Una reforma para coordinar a las fuerzas policiales de Brasil
Uno de los principales objetivos de la reforma de seguridad en Brasil es mejorar la cooperación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.
El país dispone de una estructura policial compleja, en la que intervienen organismos federales, fuerzas estatales y cuerpos locales con atribuciones diferenciadas. Esta distribución de competencias puede dificultar las investigaciones que afectan simultáneamente a varios territorios.
La nueva reforma incorpora a la Constitución el Sistema Único de Seguridad Pública, conocido por sus siglas en portugués, SUSP.
El objetivo es consolidar una estructura de colaboración que permita compartir información, desarrollar investigaciones conjuntas y establecer procedimientos coordinados contra las redes criminales.
La participación del Gobierno federal también quedará reforzada, aunque los estados y municipios mantendrán sus respectivas competencias.
Para el Ejecutivo brasileño, esta integración constituye una herramienta destinada a afrontar organizaciones que operan en distintos estados y que mantienen conexiones con actividades delictivas internacionales.
Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá de cómo se materialice esa cooperación, de la capacidad técnica de las instituciones y de los recursos destinados a su funcionamiento.
Recreación editorial de la nueva reforma constitucional busca mejorar el intercambio de información y la cooperación entre las fuerzas policiales brasileñas.
Medidas más estrictas contra las grandes organizaciones criminales
La reforma introduce disposiciones dirigidas especialmente contra las facciones criminales y las milicias que actúan en diferentes regiones brasileñas.
Entre ellas destacan las condiciones más restrictivas de encarcelamiento para integrantes de determinadas organizaciones, la posibilidad de exigir el cumplimiento de penas en establecimientos de máxima seguridad y mayores limitaciones para acceder a determinados beneficios penitenciarios.
El texto también contempla instrumentos para intervenir bienes relacionados con actividades criminales y establece mecanismos de responsabilidad para personas jurídicas vinculadas a estas organizaciones.
Estas medidas pretenden dificultar la continuidad de las actividades delictivas desde el interior de las prisiones y actuar sobre las estructuras económicas que sostienen las redes criminales.
Brasil lleva años afrontando la influencia de organizaciones como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, conocidas por su presencia en el sistema penitenciario y en diferentes mercados ilegales.
La reforma busca proporcionar nuevos instrumentos legales a las autoridades, pero la aplicación de sus disposiciones requerirá actuaciones administrativas, policiales y judiciales ajustadas a las garantías constitucionales.
El endurecimiento de las medidas penales tampoco permite anticipar, por sí solo, una reducción de la criminalidad. Su efectividad tendrá que evaluarse a partir de los resultados obtenidos tras su aplicación.
Más protagonismo para los municipios y nuevas competencias policiales
Otra de las modificaciones relevantes afecta a las instituciones encargadas de la seguridad en el ámbito municipal.
La reforma abre la posibilidad de constituir policías municipales sujetas a requisitos específicos de formación, capacidad financiera y supervisión.
La finalidad es permitir una participación más estructurada de las administraciones locales en las políticas de prevención de delitos y protección ciudadana.
No obstante, la creación de estos cuerpos estará condicionada al cumplimiento de las exigencias legales previstas, de manera que no supondrá una implantación automática en todos los municipios brasileños.
También se amplían las atribuciones de la Policía Rodoviaria Federal, que podrá asumir nuevas funciones relacionadas con la vigilancia de infraestructuras ferroviarias y vías navegables federales.
Paralelamente, la reforma introduce el Sistema de Políticas Penales, destinado a ordenar y reforzar determinadas funciones de las policías penitenciarias.
Estas modificaciones responden a la intención de ampliar la capacidad operativa del Estado, especialmente en territorios donde las redes criminales tienen una presencia significativa.
Recreación editorial de la reforma contempla nuevas reglas para la creación de policías municipales y una mayor coordinación entre administraciones.
Más financiación para la seguridad y protección de las víctimas
La reforma no se limita a modificar las competencias policiales o las medidas penales.
También incorpora cambios destinados a proteger la financiación de las políticas de seguridad pública.
Entre las novedades figura la protección de los recursos de varios fondos federales, incluidos el Fondo Nacional de Seguridad Pública, el Fondo Penitenciario Nacional y el fondo destinado al equipamiento y funcionamiento de la Policía Federal.
El objetivo es reducir el riesgo de que esas partidas sean bloqueadas o utilizadas para finalidades distintas de las previstas, aunque se mantienen las excepciones establecidas legalmente.
Además, el texto contempla destinar al sector el 10 % del superávit del Fondo Soberano del Presal, relacionado con los recursos petroleros brasileños.
La financiación resulta especialmente relevante para modernizar equipamientos, mejorar los sistemas de información, facilitar las investigaciones y reforzar la formación profesional.
La reforma incluye asimismo garantías destinadas a las víctimas de delitos, como el acceso a información, asistencia y justicia.
También refuerza las medidas de protección para denunciantes y familiares, con especial atención a determinadas situaciones de vulnerabilidad y a las mujeres afectadas por la violencia.
Se trata de una dimensión de la reforma que busca complementar la persecución penal con una mayor atención a quienes sufren las consecuencias de la delincuencia.
La reducción de la edad penal queda fuera de la reforma
El punto que provocó mayores diferencias entre los senadores fue la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal, actualmente establecida en 18 años para el régimen penal ordinario.
Durante la tramitación se presentaron enmiendas para modificar este límite.
Una de ellas planteaba rebajarlo a 16 años con carácter general y a 14 años para determinados delitos especialmente graves, entre ellos algunos relacionados con organizaciones criminales.
Sin embargo, el Senado decidió separar estas propuestas del texto principal.
La decisión se aprobó por un estrecho margen de 38 votos favorables frente a 36 contrarios, lo que evidencia la división parlamentaria en torno a esta cuestión.
El senador Rogério Carvalho, responsable de presentar el informe de la reforma, defendió que una modificación de tanta importancia necesitaba un debate específico y no debía incorporarse a una iniciativa centrada en la organización de la seguridad pública.
Por su parte, representantes de la oposición partidarios de reducir la edad penal cuestionaron que las enmiendas quedaran fuera de la votación principal.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, se comprometió a facilitar la continuación del debate parlamentario sobre estas propuestas.
Por tanto, la reforma aprobada no modifica la edad de responsabilidad penal, una cuestión que continuará examinándose por separado.
Un desafío que va más allá de las fronteras brasileñas
El crimen organizado constituye uno de los principales desafíos de seguridad en diversos países de Latinoamérica.
Las redes dedicadas al tráfico de drogas, el contrabando, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas pueden operar simultáneamente en distintos territorios nacionales.
Por su dimensión territorial, económica y demográfica, Brasil ocupa una posición relevante en las estrategias regionales destinadas a combatir estas actividades.
Una mayor coordinación entre sus organismos policiales podría facilitar investigaciones que afectan a varios estados brasileños y mejorar, mediante los mecanismos correspondientes, la colaboración con autoridades extranjeras.
No obstante, los efectos internacionales de la nueva reforma dependerán de su aplicación práctica y de los acuerdos de cooperación existentes.
Los especialistas en seguridad pública suelen distinguir entre el fortalecimiento de las capacidades policiales y la reducción sostenida de la violencia, que también puede requerir prevención, políticas sociales, inteligencia financiera y actuaciones contra la corrupción.
La reforma constitucional crea un nuevo marco institucional, pero no resuelve automáticamente todos esos desafíos.