La investigación judicial sobre la presunta trama liderada por Leire Díez ha entrado en una nueva dimensión. La Audiencia Nacional ha ampliado las diligencias, ha imputado a 25 personas y sitúa bajo sospecha operaciones públicas por valor de más de 132 millones de euros. La causa llega además en uno de los momentos más delicados para Pedro Sánchez, a pocos días del Comité Federal del PSOE previsto para el 13 de julio.
Una investigación que ya examina más de 132 millones de euros
La investigación judicial ha incorporado nuevas líneas de actuación relacionadas con la SEPI.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que existen indicios suficientes para investigar una red que habría utilizado su influencia dentro de organismos públicos para favorecer determinadas operaciones empresariales.
La principal actuación bajo la lupa es el rescate de Tubos Reunidos, que recibió 112,8 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas impulsado tras la pandemia. Según la investigación, la presunta trama habría obtenido más de 750.000 euros en comisiones relacionadas con diversas operaciones públicas.
Los investigadores sostienen que la organización habría intervenido también en otras actuaciones vinculadas a empresas públicas, organismos dependientes de la SEPI y operaciones empresariales desarrolladas durante los últimos años.
La presidenta de la SEPI, entre los 25 investigados
La presidenta de la SEPI figura entre las 25 personas investigadas por la Audiencia Nacional dentro de la causa relacionada con la presunta trama de influencias vinculada al caso Leire Díez. Imagen: recreación editorial IA para Actualidad Virtual.
La decisión judicial más impactante de los últimos días ha sido la imputación de María Belén Gualda, presidenta de la SEPI desde 2021.
Junto a ella aparecen investigados antiguos responsables del organismo, empresarios y personas relacionadas con el grupo conocido como «Hirurok», formado presuntamente por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios para investigar si determinadas decisiones administrativas pudieron ser influenciadas para beneficiar a empresas concretas mediante el uso de contactos políticos e información privilegiada.
El nombre de Santos Cerdán vuelve al centro de la polémica
Uno de los aspectos más sensibles del sumario es la aparición recurrente del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.
Diversos informes incorporados a la causa sitúan a Cerdán en una posición relevante dentro de la estructura investigada. El magistrado considera necesario determinar cuál fue exactamente su papel dentro de la presunta red y qué relación mantenía con algunos de los principales implicados.
La UCO también ha investigado supuestas actuaciones destinadas a proteger intereses políticos y judiciales relacionados con el PSOE. Algunos informes policiales señalan que determinadas maniobras habrían buscado neutralizar procedimientos que afectaban al partido o a personas de su entorno.
¿Salpica el caso a Pedro Sánchez?
La dirección socialista afrontará el 13 de julio una de las reuniones más delicadas de la legislatura.
Hasta la fecha, Pedro Sánchez no figura como investigado ni imputado en esta causa.
Sin embargo, la oposición considera que el crecimiento del caso aumenta la presión sobre el presidente del Gobierno debido a que varios de los investigados han ocupado cargos de confianza o posiciones relevantes dentro del ecosistema socialista durante los últimos años.
Los partidos de la oposición han reclamado explicaciones políticas y han exigido que Sánchez aclare si conocía las actividades de algunas de las personas investigadas. Mientras tanto, desde La Moncloa se insiste en que el presidente no tuvo ninguna participación en los hechos investigados y que la Justicia debe actuar con total independencia.
El 13 de julio, una fecha clave para el futuro del PSOE
La evolución del caso Leire Díez amenaza con marcar el próximo Comité Federal del PSOE, previsto para el 13 de julio.
Diversos sectores internos consideran que la dirección socialista deberá afrontar una de las reuniones más complicadas de los últimos años. La acumulación de investigaciones, las condenas conocidas en otros procedimientos y el desgaste generado por los escándalos de corrupción han colocado a la formación en una situación de máxima tensión política.
La oposición prepara además nuevas iniciativas parlamentarias para mantener el foco sobre el asunto durante todo el verano.