El asesinato del comunicador Josué Martínez Contreras y el ataque armado contra la vivienda del director de un medio de Sinaloa vuelven a situar la seguridad de los periodistas mexicanos en el centro del debate.
México vuelve a enfrentarse a una cadena de ataques contra periodistas que ha dejado al menos seis profesionales de la información asesinados desde enero de 2026. El caso más reciente es el de Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, tiroteado el 16 de julio cerca de su domicilio en el Estado de Puebla.
La muerte de Martínez Contreras se produjo en un contexto de amenazas, agresiones contra redacciones y ataques dirigidos a comunicadores que trabajan principalmente en pequeñas ciudades y medios locales. Apenas un día después del asesinato, un hombre armado disparó contra la vivienda de César Millán Lafarga, director general del medio sinaloense Adiscusión. No hubo heridos, pero los proyectiles alcanzaron la fachada y las ventanas del inmueble.
Los dos sucesos han reactivado las críticas sobre la capacidad de las instituciones mexicanas para prevenir las agresiones, proteger a los profesionales amenazados y conseguir que los responsables sean juzgados.
Periodistas asesinados en México en 2026: seis casos que exigen respuestas
El recuento publicado el 18 de julio incluye seis periodistas asesinados durante los primeros meses de 2026. Además de Josué Martínez Contreras, aparecen Manuel Alejandro Moreno Serna, Roxana Berenice Guzmán, Luis Ángel López Valdez, Juan David Gámez y Carlos Castro. Los crímenes se produjeron en Puebla, Guerrero, Veracruz y Nuevo León, lo que evidencia que el problema afecta a diferentes regiones del país.
Martínez Contreras, de 39 años, coordinaba un medio dedicado a la información local de San Martín Texmelucan. Dos hombres que viajaban en una motocicleta abrieron fuego contra él en la comunidad de San Lucas Atoyatenco. Su hijo de 13 años se encontraba presente y fue quien pidió ayuda a los servicios de emergencia.
El comunicador también era abogado, académico y promotor deportivo. Meses antes había publicado denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión del agua potable y sobre la utilización del dinero recaudado por ese servicio. La existencia de esas informaciones forma parte del contexto del caso, aunque corresponde a la Fiscalía de Puebla determinar el móvil y establecer si el asesinato estuvo relacionado con su actividad profesional.
Recreación editorial de una concentración de periodistas en Ciudad de México para denunciar la violencia contra la prensa y recordar a los comunicadores asesinados durante 2026.
El asesinato de Roxana Guzmán y la detención de policías
Uno de los episodios que más preocupación ha provocado es el asesinato de Roxana Berenice Guzmán, directora del medio Pulso Informativo del Sureste. La periodista fue secuestrada el 2 de junio en su domicilio de Nanchital, Veracruz, después de que varios hombres armados derribaran la puerta de la vivienda. Sus restos fueron identificados un mes más tarde.
Las autoridades detuvieron a ocho personas por su presunta participación en el secuestro y el homicidio. Entre los arrestados figuran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, acusados de proporcionar recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo criminal investigado.
El Gobierno mexicano ha presentado estas detenciones como un avance relevante en la investigación. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que los periodistas que se consideren amenazados acudan a la Secretaría de Gobernación para solicitar la activación de medidas de protección.
Sin embargo, el caso también ha puesto de manifiesto uno de los problemas más graves de la crisis: la posible participación de integrantes de corporaciones policiales en ataques contra quienes informan sobre delincuencia, corrupción o inseguridad.
La impunidad aumenta el riesgo para la prensa
De los seis asesinatos contabilizados durante 2026, únicamente el caso de Roxana Guzmán había generado detenciones hasta el momento del recuento. En los demás procedimientos continúan abiertas las investigaciones, sin que las autoridades hayan comunicado arrestos relacionados directamente con los homicidios.
La falta de resultados judiciales no solo afecta a las familias de las víctimas. También puede transmitir a los agresores la sensación de que amenazar, secuestrar o asesinar a un periodista tendrá pocas consecuencias.
La clasificación de estos crímenes requiere, no obstante, prudencia. El hecho de que una víctima trabajara como periodista no demuestra por sí solo que fuera asesinada por sus publicaciones. Las fiscalías deben investigar todas las hipótesis y determinar si existieron motivos personales, económicos, políticos o vinculados con la actividad informativa.
Las cifras también pueden variar según el criterio utilizado. Reuters informó a comienzos de julio de que organizaciones especializadas habían confirmado entonces dos asesinatos relacionados con el ejercicio profesional durante 2026, mientras que el recuento periodístico más reciente contabiliza seis trabajadores de medios asesinados. La diferencia se explica porque no todos los móviles han sido esclarecidos judicialmente.
Recreación editorial de la prevención, la investigación judicial y la coordinación entre administraciones son claves para reducir las agresiones contra la prensa.
Medios locales, amenazas y autocensura
La mayoría de los periodistas atacados desarrollaban su trabajo en medios regionales, páginas informativas de Facebook o pequeñas plataformas digitales. Estas redacciones suelen cubrir sucesos, corrupción municipal, seguridad, medioambiente y actuaciones de las autoridades locales.
Su cercanía con las fuentes y con las personas investigadas les permite acceder a información relevante, pero también los deja más expuestos. En numerosos casos, los periodistas trabajan sin equipos jurídicos, protocolos de seguridad o recursos suficientes para abandonar temporalmente una localidad cuando reciben amenazas.
La precariedad económica agrava esta vulnerabilidad. Los datos laborales citados por el Gobierno mexicano sitúan el ingreso medio de la categoría que agrupa a autores, periodistas y traductores en aproximadamente 8.000 pesos mensuales, unos 456 dólares. Muchos comunicadores necesitan mantener otros empleos para sostener a sus familias.
El miedo también está provocando fenómenos de autocensura. Algunos medios dejan de publicar informaciones sobre grupos criminales, desapariciones o violencia local para proteger a sus equipos. Esta retirada informativa crea zonas en las que la ciudadanía pierde acceso a noticias esenciales sobre lo que sucede en su comunidad.
Un nuevo ataque contra un medio de Sinaloa
La ofensiva armada contra la vivienda de César Millán Lafarga muestra que la presión contra la prensa no se limita a los asesinatos. Según la información difundida por Adiscusión, un hombre descendió de un vehículo con un rifle y disparó durante varios segundos contra el inmueble antes de escapar.
El medio ya había sufrido otros dos ataques. Su fundador, Humberto Millán Salazar, fue secuestrado y asesinado en 2011, mientras que las instalaciones de la redacción fueron tiroteadas en junio de 2024. Ambos episodios permanecen sin esclarecer, según la propia empresa periodística.
La reiteración de agresiones contra una misma organización plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas preventivas. Adiscusión ha solicitado una investigación imparcial y transparente que permita identificar al autor material y determinar quién ordenó el ataque.
Recreación editorial de los medios locales y regionales trabajan con recursos limitados y una elevada exposición a amenazas relacionadas con sus informaciones.
El desafío para el Gobierno de Claudia Sheinbaum
México dispone de un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para adoptar medidas preventivas, de protección y de reacción urgente. Su funcionamiento depende de la colaboración entre las autoridades federales, los gobiernos estatales y las fiscalías.
El desafío no consiste únicamente en ofrecer protección después de una amenaza. También exige detectar los riesgos con antelación, investigar a los funcionarios que puedan colaborar con organizaciones criminales y garantizar que los expedientes no queden paralizados.
La respuesta de la Administración de Claudia Sheinbaum será observada tanto dentro como fuera de México. El Ejecutivo sostiene que los crímenes están siendo investigados y que los periodistas amenazados pueden solicitar apoyo federal. Las organizaciones de defensa de la libertad de expresión consideran, en cambio, que abrir investigaciones después de cada asesinato resulta insuficiente si no existen mejores políticas de prevención.