El Gobierno de Colombia dirigido por Abelardo de la Espriella ha ordenado iniciar operativos coordinados entre la Policía y Migración Colombia para localizar y deportar a extranjeros que permanezcan irregularmente en el país. La medida supone un importante giro para una nación que alberga a unos 2,8 millones de venezolanos y que durante años fue considerada uno de los principales referentes latinoamericanos en políticas de regularización.
Colombia pone en marcha una nueva estrategia migratoria
Colombia prepara un endurecimiento de sus controles migratorios. El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado a Migración Colombia y a la Policía Nacional iniciar operativos destinados a identificar a extranjeros que permanezcan en el territorio sin haber regularizado su situación.
La instrucción fue anunciada durante un Consejo de Seguridad celebrado en Barranquilla y, según la Presidencia colombiana, deberá comenzar a aplicarse esta misma semana.
El mandatario estableció dos prioridades. En primer lugar, las autoridades deberán localizar a extranjeros vinculados con actividades delictivas. Posteriormente, los controles alcanzarán también a aquellas personas que no dispongan de una situación migratoria regularizada.
El Gobierno encuadra la decisión dentro de una estrategia más amplia de seguridad que también incluye medidas contra el narcotráfico, la extorsión y diferentes organizaciones criminales.
La orden representa una de las primeras decisiones relevantes en materia migratoria del Ejecutivo de De la Espriella, que asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto.
Recreación editorial de Colombia alberga a alrededor de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos y mantiene una intensa movilidad fronteriza con Venezuela.
Un giro respecto a una década de regularización
La importancia del anuncio está estrechamente relacionada con el papel que Colombia ha desempeñado durante la crisis migratoria venezolana.
El país se convirtió durante la última década en el principal destino de millones de venezolanos que abandonaron su territorio como consecuencia de la prolongada crisis política, económica y social.
Las cifras oficiales recopiladas por las autoridades colombianas sitúan en torno a 2,8 millones el número de ciudadanos venezolanos residentes en Colombia. Aproximadamente 2,3 millones habían accedido a alguna alternativa de regularización, incluyendo millones de beneficiarios del Permiso por Protección Temporal.
Este mecanismo permitió a numerosos venezolanos vivir, trabajar y acceder a determinados servicios en Colombia mientras regularizaban su situación.
Por ello, el modelo colombiano llegó a ser considerado una referencia internacional en la gestión de grandes movimientos migratorios.
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, aprobado en 2021, estableció precisamente un marco extraordinario para registrar y regularizar a una población que ya estaba ampliamente integrada en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cúcuta.
La nueva política no elimina automáticamente esos permisos ni convierte en irregular a quien dispone de autorización para permanecer en Colombia. Su impacto se concentra fundamentalmente en extranjeros que no cumplen actualmente los requisitos migratorios exigidos por la legislación.
Sin embargo, la decisión sí marca un cambio en las prioridades políticas: el Ejecutivo coloca ahora el control de la inmigración irregular dentro de su agenda central de seguridad.
Colombia ya realizaba deportaciones antes de la nueva orden
Las deportaciones de ciudadanos extranjeros no constituyen una herramienta nueva para las autoridades colombianas.
Migración Colombia informó en julio de que entre agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026 se habían registrado 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones, casi 6.000 actuaciones administrativas durante el anterior mandato presidencial.
Las causas incluyeron irregularidades migratorias, incumplimientos de la normativa, riesgos relacionados con la seguridad nacional y el orden público, documentación fraudulenta o requerimientos judiciales e internacionales.
En los primeros meses de 2026, antes incluso del cambio de Gobierno, Migración Colombia contabilizaba 310 procedimientos de deportación o expulsión.
La diferencia con la situación actual está, por tanto, en la prioridad política otorgada a estos controles y en la intención expresada por el nuevo Ejecutivo de intensificar los operativos.
También existe una diferencia jurídica entre deportación y expulsión.
Migración Colombia define la deportación como una sanción administrativa que obliga a un extranjero a abandonar el territorio después de haber incurrido en determinadas infracciones migratorias. Puede implicar una prohibición temporal de regreso.
La expulsión, en cambio, está generalmente asociada a infracciones de mayor gravedad y puede establecer restricciones más prolongadas para volver al país.
Ambas medidas deben aplicarse conforme al ordenamiento jurídico colombiano.
Recreación editorial de millones de venezolanos han utilizado durante los últimos años mecanismos de protección y regularización para residir legalmente.
El debido proceso será una de las claves
Uno de los principales interrogantes será ahora la forma en que las autoridades ejecuten las órdenes presidenciales.
La legislación colombiana diferencia claramente entre una persona que se encuentra en situación migratoria irregular y alguien que ha cometido un delito. La irregularidad migratoria puede dar origen a procedimientos administrativos, pero no convierte por sí misma al extranjero en delincuente.
Además, Colombia está obligada por su legislación y por diferentes compromisos internacionales a estudiar individualmente los casos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que un extranjero que se encuentre legalmente en un Estado solo puede ser expulsado mediante una decisión adoptada conforme a la ley y prohíbe expresamente las expulsiones colectivas.
También entra en juego el principio de no devolución cuando una persona corre determinados riesgos graves si es enviada al territorio de origen.
Estas garantías pueden adquirir especial relevancia en el caso de ciudadanos venezolanos que hayan solicitado protección internacional o se encuentren incluidos en programas específicos de regularización.
El debate entre inmigración y seguridad
El anuncio ha abierto inmediatamente un debate político dentro de Colombia.
El Gobierno sostiene que un mayor control de la inmigración irregular forma parte de su estrategia para reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias.
Desde sectores de la oposición, organizaciones que trabajan con migrantes y algunos especialistas se cuestiona, en cambio, que el discurso político pueda asociar de manera general la irregularidad migratoria con la delincuencia.
El propio sistema jurídico colombiano mantiene ambas cuestiones separadas: una persona puede encontrarse irregularmente en el país sin haber cometido un delito penal.
La dimensión de la comunidad venezolana convierte cualquier modificación relevante de la política migratoria colombiana en una cuestión regional.
Colombia comparte además una extensa y dinámica frontera con Venezuela, con numerosos pasos formales e informales y un intenso movimiento cotidiano de ciudadanos entre ambos países.
Eso dificulta que cualquier estrategia migratoria pueda reducirse exclusivamente a controles internos o deportaciones.
Qué puede ocurrir ahora
El primer elemento que permitirá medir el alcance real de la nueva política será el número de operativos desarrollados por Migración Colombia y la Policía durante las próximas semanas.
También será necesario observar cuántas de las personas identificadas terminan realmente sometidas a procedimientos de deportación y cuántas pueden regularizar su situación.
La experiencia reciente muestra que Colombia ya dispone de una estructura administrativa para deportar o expulsar extranjeros cuando incumplen la legislación.
Lo que todavía debe determinarse es hasta qué punto el nuevo Ejecutivo pretende ampliar el volumen de esos procedimientos.
La situación también podría tener consecuencias para Venezuela. Un incremento significativo de retornos exigiría coordinación administrativa y logística entre ambos países, en un momento en el que millones de ciudadanos venezolanos continúan viviendo fuera de sus fronteras.