Pedro Sánchez ha defendido este jueves 3 de septiembre en el Congreso que no existen pruebas sólidas para concluir que Marruecos diseñó o ejecutó la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. Su comparecencia llega después de conocerse un informe policial que describe los acontecimientos como planificados y apenas unas horas después de las multitudinarias concentraciones celebradas en numerosos puntos de España en apoyo a la ciudad autónoma.
Sánchez rechaza acusar a Marruecos sin pruebas concluyentes
La crisis de Ceuta ha vuelto a situarse este jueves en el centro de la política española. Pedro Sánchez ha comparecido ante un pleno extraordinario del Congreso para explicar la gestión del Ejecutivo tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron irregularmente hacia la ciudad autónoma desde territorio marroquí. Reuters sitúa la cifra alrededor de las 72.000 entradas.
El presidente del Gobierno ha sostenido que, pese a las sospechas existentes, no hay pruebas que permitan afirmar que las autoridades marroquíes diseñaron o ejecutaron deliberadamente la operación.
Sánchez ha asegurado que España actuaría con contundencia si aparecieran evidencias sólidas y ha insistido en que ningún organismo diplomático o internacional ha presentado hasta ahora pruebas definitivas contra Rabat.
Además, ha rechazado que los servicios de inteligencia españoles conocieran previamente la verdadera magnitud de lo que iba a suceder.
Según el jefe del Ejecutivo, ningún servicio anticipó “ni la escala ni la probabilidad” del cruce masivo. Sánchez ha anunciado también que ha ordenado publicar todos los informes de los que dispone el Gobierno relacionados con la crisis.
La decisión busca responder a las acusaciones de la oposición, que sostiene que el Ejecutivo recibió advertencias previas y que está tratando de proteger la relación diplomática con Marruecos.
El informe policial abre una fuerte contradicción
El principal problema para el Gobierno procede del informe que la Policía remitió a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, encargada de investigar las circunstancias de la entrada masiva.
El documento describe lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio como una operación planificada y no espontánea y señala la posible participación de personas vinculadas con las fuerzas de seguridad marroquíes.
Según el informe, la magnitud de la operación habría requerido una capacidad organizativa superior a la que habitualmente poseen las redes dedicadas al tráfico de personas. También sostiene que gran parte de los mensajes difundidos antes del cruce procedían de teléfonos de Marruecos.
El documento recoge además situaciones en las que agentes uniformados marroquíes habrían guiado a grupos de personas y señala una presencia insuficiente de las fuerzas de seguridad de Marruecos durante algunas de las horas más críticas. Reuters, que también tuvo acceso al informe, señala sin embargo que este no identifica de manera independiente quién habría impartido las órdenes ni demuestra una decisión directa del Gobierno marroquí.
Ahí se encuentra uno de los principales puntos de conflicto.
El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ningún informe policial atribuye formalmente a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la entrada masiva.
Por tanto, existe una diferencia importante entre encontrar indicios de participación de determinados agentes sobre el terreno y demostrar que la operación fue ordenada por las autoridades del Estado marroquí.
Las protestas del 2 de septiembre llevan la crisis a toda España
La presión sobre el Gobierno aumentó considerablemente este miércoles 2 de septiembre, cuando miles de ciudadanos participaron en concentraciones celebradas en numerosos puntos del país.
Aunque en algunos mensajes y comentarios en redes sociales se ha utilizado el término “huelga”, no se trató de una huelga nacional. Fueron concentraciones y manifestaciones convocadas principalmente por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) coincidiendo con el Día de Ceuta.
La FEMP había llamado a concentrarse a las 20:00 horas frente a los ayuntamientos para mostrar solidaridad con Ceuta y reclamar la recuperación de la normalidad después de más de un mes de crisis.
El motivo fundamental de las movilizaciones fue respaldar a los habitantes de la ciudad autónoma y exigir soluciones ante las consecuencias sociales, económicas, migratorias y de seguridad derivadas de los acontecimientos de finales de julio.
Las manifestaciones fueron especialmente numerosas en ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, además de la propia Ceuta.
En Madrid, la concentración celebrada en la plaza de Cibeles reunió a unas 50.000 personas según la Delegación del Gobierno. Participaron dirigentes como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
Una parte de los participantes transformó la concentración de solidaridad con Ceuta en una protesta directa contra Pedro Sánchez y su Gobierno, con peticiones de dimisión y fuertes críticas por la gestión de la frontera y por la relación con Marruecos.
La jornada no tuvo, sin embargo, una única orientación política. En Madrid, Barcelona y Bilbao también se convocaron actos paralelos contra el racismo y la xenofobia, mientras algunos ayuntamientos gobernados por el PSOE celebraron sus propias concentraciones de solidaridad con Ceuta al margen de la convocatoria oficial de la FEMP.
El PSOE había criticado la convocatoria de la federación municipal al considerarla politizada, mientras PP y Vox acusaron al Gobierno de tratar de desmovilizar las protestas.
Además, una concentración celebrada cerca del Congreso terminó con incidentes protagonizados por grupos radicales. El balance fue de cuatro detenidos y cuatro agentes de policía heridos, según informó la Delegación del Gobierno.
Las protestas han demostrado que la crisis ha dejado de ser exclusivamente un problema fronterizo de Ceuta para convertirse en uno de los principales asuntos de la política nacional.
Recreación editorial de miles de ciudadanos participaron el 2 de septiembre en concentraciones de apoyo a Ceuta en diferentes ciudades españolas.
Feijóo exige la dimisión de Sánchez
La tensión vivida en las calles se trasladó este jueves directamente al Congreso.
Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de ocultar información a los ciudadanos y ha pedido su dimisión. El líder del PP sostiene que la operación procedió de Marruecos, que las autoridades del país vecino la consintieron y que el Ejecutivo español disponía de información previa.
El Gobierno rechaza esa interpretación.
La posición defendida por Sánchez consiste en diferenciar entre la existencia de indicios sobre la actuación de determinados agentes marroquíes y disponer de pruebas suficientes para acusar oficialmente al Gobierno de Marruecos.
Las discrepancias han llegado además al propio bloque de investidura.
Sumar considera que Marruecos tuvo algún tipo de responsabilidad, al menos “por acción u omisión”, y ha reclamado una postura más exigente con Rabat.
La crisis amenaza así con convertirse también en una fuente de tensión dentro del Ejecutivo y entre el PSOE y varios de sus socios parlamentarios.
El Gobierno moviliza 309 millones para recuperar Ceuta
Al mismo tiempo que intenta contener el conflicto político, el Gobierno ha aprobado un importante paquete económico dirigido a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre un plan que movilizará 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses de 2026, una cantidad equivalente aproximadamente al 16% del PIB anual de Ceuta.
El paquete se divide en cuatro grandes áreas: 118 millones para acogida humanitaria, 90 millones para seguridad, 21 millones para reforzar servicios esenciales y 80 millones destinados a apoyar la actividad económica.
El objetivo es responder tanto a las consecuencias inmediatas de la crisis migratoria como a los daños sufridos por empresas, trabajadores y servicios públicos.
El Ejecutivo también ha habilitado miles de plazas adicionales para atender a las personas migrantes que permanecen en la ciudad y acelerar la gestión administrativa de sus expedientes.
La situación continúa lejos de haberse normalizado. Las cifras sobre las personas que permanecen actualmente en Ceuta varían según la fuente y el momento de actualización, pero siguen siendo varios miles después de que la mayoría de quienes cruzaron regresaran posteriormente a Marruecos.
Recreación editorial de la actuación en la frontera entre España y Marruecos está en el centro de la investigación sobre los acontecimientos de finales de julio.
Sánchez anuncia una visita histórica de Felipe VI
La comparecencia de este jueves ha dejado también un anuncio de fuerte contenido institucional.
Pedro Sánchez ha confirmado que Felipe VI visitará Ceuta y Melilla en las próximas semanas para transmitir, según el presidente, el compromiso del Estado con las dos ciudades autónomas.
Será la primera visita oficial de Felipe VI como rey a ambas ciudades y llegará casi dos décadas después del viaje realizado por Juan Carlos I en 2007, que entonces provocó una crisis diplomática con Marruecos.
El Gobierno también solicitará a Bruselas que Ceuta pueda disponer de un régimen fiscal favorable mediante su integración en la unión aduanera como región ultraperiférica, con un modelo similar al existente en Canarias.
Ambas decisiones refuerzan el intento del Ejecutivo de transmitir respaldo institucional y económico a la ciudad autónoma en uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas.
España y Marruecos afrontan una prueba diplomática
La cuestión que permanece abierta es qué consecuencias tendrá la crisis para la relación entre Madrid y Rabat.
Marruecos es un socio estratégico de España en materia migratoria, comercial, policial y de seguridad. Una acusación formal de participación del Estado marroquí en los acontecimientos de Ceuta supondría un giro extraordinariamente delicado en las relaciones bilaterales.
Rabat ha negado haber facilitado deliberadamente la entrada de migrantes.
Sánchez apuesta por mantener la cooperación y evitar una acusación directa mientras no aparezcan pruebas concluyentes. La oposición considera, por el contrario, que los indicios recogidos en el informe policial son suficientemente graves para exigir explicaciones diplomáticas y responsabilidades políticas.