Bolivia se prepara para decidir si prolonga durante otros 90 días el estado de excepción vigente desde junio, una medida adoptada después de semanas de bloqueos que paralizaron carreteras, dificultaron el abastecimiento y dejaron al menos 16 fallecidos. Una comisión de la Cámara de Diputados ya ha aprobado el proyecto que permite avanzar hacia la ampliación, mientras la Organización de Estados Americanos pide evitar una nueva escalada social.
El estado de excepción en Bolivia puede prolongarse otros tres meses
La posibilidad de extender las medidas extraordinarias ha dado un nuevo paso en el Parlamento boliviano.
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para prolongar durante 90 días adicionales el estado de excepción decretado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz el pasado 20 de junio.
El diputado oficialista Alejandro Medinaceli explicó que el texto todavía debe pasar por el pleno de la Cámara Baja. Posteriormente, la Presidencia de la Asamblea Legislativa tendrá que convocar una sesión conjunta con el Senado para decidir definitivamente si autoriza la ampliación.
Por tanto, la extensión todavía no está definitivamente aprobada.
La decisión parlamentaria llega cuando el actual periodo de 90 días se acerca a su final y distintos sectores sociales han comenzado a advertir sobre posibles nuevas movilizaciones contra las políticas económicas del Ejecutivo.
El argumento defendido por quienes apoyan la prolongación es que Bolivia necesita garantizar la circulación por sus carreteras y proteger una recuperación económica que quedó seriamente afectada por las protestas de mayo y junio.
Recreación editorial de la propuesta deberá superar todavía varias votaciones parlamentarias antes de que pueda aprobarse definitivamente la prórroga.
50 días de bloqueos dejaron una profunda crisis
El origen del actual estado de excepción se encuentra en la oleada de movilizaciones que atravesó Bolivia durante aproximadamente siete semanas.
Campesinos, organizaciones sindicales y otros colectivos protagonizaron bloqueos de carreteras en diferentes zonas del país para exigir respuestas a la crisis económica y, en algunos casos, la salida del presidente Rodrigo Paz.
Entre los sectores movilizados estuvieron organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales, además de grupos campesinos y la Central Obrera Boliviana.
Las protestas provocaron importantes dificultades para transportar alimentos, combustibles y medicamentos entre departamentos.
Recreación editorial de las movilizaciones y los bloqueos de carreteras de mayo y junio provocaron problemas de abastecimiento y millonarias pérdidas económicas en Bolivia.
Según el balance recogido por EFE, el conflicto dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos relacionados con la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo debido a los bloqueos.
Las pérdidas económicas fueron estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
La gravedad de la situación llevó al Gobierno de Paz a decretar el 20 de junio el estado de excepción en todo el territorio nacional.
La Asamblea Legislativa ratificó entonces el decreto con más de dos tercios de los votos.
¿Qué supone un estado de excepción?
Un estado de excepción es una herramienta constitucional que permite al Gobierno adoptar determinadas medidas extraordinarias cuando considera que existe una amenaza grave para la estabilidad, la seguridad del Estado o el funcionamiento normal del país.
En el caso boliviano, la Constitución establece que su declaración no puede eliminar las garantías de los derechos fundamentales.
El Gobierno justificó la medida de junio por la necesidad de liberar las principales carreteras, recuperar el abastecimiento de las ciudades y garantizar la libre circulación de personas y mercancías.
Rodrigo Paz aseguró posteriormente que el régimen extraordinario debía desarrollarse respetando los derechos humanos y dentro de los límites establecidos por la Constitución.
La discusión actual, sin embargo, ya no gira únicamente alrededor de lo ocurrido en junio.
La cuestión es si sigue existiendo una situación suficientemente excepcional como para prolongar las medidas durante otros tres meses.
El Gobierno teme que regresen las movilizaciones
Los defensores de la prórroga argumentan que existen anuncios de nuevas protestas y que los bloqueos podrían volver a afectar la economía boliviana.
En los últimos meses, el Gobierno ha intentado impulsar una etapa de recuperación después de que la paralización de carreteras afectara tanto a la producción como al comercio interior.
El Ejecutivo sostiene que preservar la normalidad en las principales vías de comunicación es imprescindible para mantener esa recuperación.
Pero el debate también tiene una dimensión política.
Los sectores enfrentados al Gobierno continúan cuestionando varias de las medidas económicas impulsadas por Rodrigo Paz, mientras grupos vinculados al antiguo movimiento político de Evo Morales mantienen capacidad de movilización.
Por ello, una nueva ola de bloqueos podría reabrir una crisis que Bolivia todavía no ha terminado de superar.
La OEA entra en escena y pide diálogo
La Organización de Estados Americanos ha reaccionado directamente ante el aumento de la tensión.
La Secretaría General de la OEA pidió el 11 de septiembre a los actores políticos, sociales e institucionales de Bolivia que prioricen el diálogo y eviten medidas que puedan profundizar la polarización.
El organismo pidió expresamente a los distintos sectores que se abstengan de realizar bloqueos prolongados que interrumpan los servicios esenciales o restrinjan la libertad de circulación.
La intervención no es aislada.
Una misión de alto nivel de la OEA visitó Bolivia después de los graves disturbios de los meses anteriores y posteriormente presentó nueve recomendaciones destinadas a promover el diálogo, la cohesión social y la estabilidad institucional.
La misión mantuvo contactos con autoridades, organizaciones sociales, representantes indígenas, sindicatos, empresarios, universidades, medios de comunicación y miembros de la sociedad civil.
El organismo ha insistido al mismo tiempo en que deben garantizarse tanto el orden constitucional como los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica.
Una misión policial internacional también está prevista
La cooperación entre Bolivia y la OEA podría avanzar todavía más.
Las autoridades bolivianas y el secretario general del organismo, Albert Ramdin, han acordado impulsar una misión vinculada a la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial.
El objetivo será reforzar las capacidades locales para prevenir y gestionar situaciones de crisis y conflictos sociales.
Todavía no existe una fecha confirmada para ese despliegue.
La iniciativa muestra, sin embargo, hasta qué punto la crisis boliviana ha adquirido dimensión regional.
La OEA considera que evitar nuevos episodios de violencia pasa por combinar la capacidad de las instituciones para mantener el orden público con canales políticos que permitan resolver los conflictos antes de que vuelvan a trasladarse a las carreteras.
Los próximos días serán decisivos
El siguiente paso tendrá lugar dentro de la Asamblea Legislativa.
El proyecto aprobado en comisión debe llegar primero al pleno de la Cámara de Diputados y después, si continúa adelante, ser tratado en una sesión conjunta del Legislativo.
Solo entonces quedará determinado si Bolivia encadena un nuevo periodo de 90 días de estado de excepción.
La decisión puede generar un intenso debate político.
El Ejecutivo y los sectores que respaldan la prórroga la consideran una herramienta preventiva para evitar una nueva paralización del país.
Sus críticos pueden cuestionar, en cambio, que una medida concebida como excepcional se prolongue cuando la situación de junio ya ha sido parcialmente superada.