El Gobierno de México prepara nuevas medidas para aumentar la responsabilidad de las plataformas digitales frente a los contenidos que inciten a la violencia. El anuncio llega después del ataque mortal registrado en una secundaria de Torreón y en un contexto marcado por dos agresiones con arma blanca en centros educativos mexicanos en apenas dos días.
México ha abierto un nuevo frente en el debate sobre la seguridad de los menores en Internet. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 2 de octubre la creación de un grupo de trabajo destinado a desarrollar medidas para que las plataformas digitales eliminen y prohíban contenidos que promuevan directamente comportamientos violentos. La iniciativa todavía debe concretarse jurídicamente y no equivale, por ahora, a una ley aprobada.
La decisión llega después de la conmoción provocada por el ataque registrado el 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, en el Estado de Coahuila. Dos hermanos de 18 años, antiguos alumnos del centro, fueron detenidos después de una agresión con machetes y petardos que dejó muerta a la subdirectora y causó heridas a otras personas. Las autoridades descartaron posteriormente que se hubieran utilizado armas de fuego.
El caso ha adquirido una dimensión adicional por la investigación sobre la posible influencia de comunidades digitales violentas. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, señaló que los investigadores analizaban la relación de los atacantes con contenidos y figuras extranjeras vinculadas a ataques masivos. Esta posible conexión forma parte de la investigación y no implica que las redes sociales sean, por sí solas, la causa de la agresión.
Recreación editorial de México lleva meses debatiendo medidas sobre el uso de teléfonos móviles y plataformas digitales entre niños y adolescentes.
Dos ataques en escuelas mexicanas en dos días
El episodio de Torreón no ha sido el único. Un día antes, en el Estado de Querétaro, un adolescente de 13 años atacó con cuchillos a varias personas en una escuela secundaria, dejando cuatro heridos. Las autoridades investigan las circunstancias y la posible motivación del menor.
La sucesión de ambos casos ha elevado la preocupación por la violencia dentro de los centros educativos y por la exposición de niños y adolescentes a determinados contenidos digitales.
En Torreón, la investigación ha puesto especialmente el foco en la actividad digital de los dos detenidos. Las autoridades de Coahuila han solicitado colaboración federal para determinar hasta qué punto existían conexiones con comunidades que glorifican ataques violentos y si otras personas pudieron haber mantenido contacto con los sospechosos.
La violencia escolar de este tipo sigue siendo excepcional en México en comparación con otras manifestaciones de criminalidad del país. Sin embargo, Torreón ya había sufrido en enero de 2020 un ataque en un colegio que terminó con la muerte de una profesora y del propio agresor, un alumno de 11 años.
Qué quiere hacer México con las plataformas digitales
El Gobierno de Sheinbaum quiere que las empresas tecnológicas asuman mayores obligaciones ante contenidos que inciten directamente a la violencia, el abuso o el acoso.
La propuesta anunciada contempla un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con participación de organismos vinculados a seguridad, educación, inteligencia y transformación digital, además de especialistas e instituciones académicas. Uno de sus objetivos será establecer mecanismos que permitan detectar y retirar con mayor rapidez contenidos considerados violentos.
No se trata de un debate completamente nuevo. El Ejecutivo mexicano llevaba meses estudiando medidas sobre el impacto de las redes sociales entre menores.
En agosto, Sheinbaum anunció que el Gobierno pretendía impulsar una discusión nacional sobre el uso de plataformas digitales por niños y adolescentes. Entre las cuestiones analizadas estaban los algoritmos de recomendación, el desplazamiento infinito de contenidos, la exposición involuntaria a determinados materiales y el uso de teléfonos móviles en los centros educativos.
El Ejecutivo también había planteado consultar a más de un millón de docentes de educación básica sobre una posible regulación del uso de teléfonos móviles en las escuelas. Según la Presidencia mexicana, cuando se anunció esa consulta ya existían 16 estados del país con algún tipo de regulación sobre estos dispositivos en los centros.
De los acuerdos voluntarios a una regulación más amplia
México ya había dado pasos anteriores para aumentar la colaboración con las grandes plataformas.
En marzo de 2026, representantes de TikTok, YouTube, Google y Meta participaron en un acuerdo voluntario con el Gobierno mexicano centrado principalmente en prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ámbito digital.
Ese acuerdo contemplaba campañas educativas, herramientas de denuncia, cooperación con las autoridades y procedimientos destinados a acelerar la retirada de determinados contenidos, especialmente cuando existieran posibles delitos o situaciones de violencia digital.
La iniciativa anunciada ahora tiene un alcance diferente. El detonante inmediato es la preocupación por contenidos que puedan fomentar conductas violentas, especialmente entre jóvenes, y por la posible formación de comunidades digitales que glorifiquen ataques.
La cuestión jurídica será determinar cómo definir con precisión qué constituye una incitación directa a la violencia y cómo compatibilizar las obligaciones de las plataformas con derechos como la libertad de expresión.
Por eso, los detalles del futuro marco serán decisivos. Por el momento, el Gobierno ha anunciado la creación del grupo de trabajo y su intención de establecer obligaciones para las plataformas, pero todavía deberá concretar el instrumento jurídico, los procedimientos de retirada y las garantías aplicables.
Recreación editorial del Gobierno mexicano ha anunciado un grupo de trabajo para estudiar medidas dirigidas a la detección y retirada de contenidos que inciten a la violencia.
Un debate que supera las fronteras de México
La discusión mexicana forma parte de un debate internacional más amplio sobre la protección de menores y la responsabilidad de las grandes plataformas.
Reuters señala que diferentes países y regiones han avanzado en medidas destinadas a controlar contenidos dañinos o aumentar la protección de menores en Internet. En América Latina también existen debates regulatorios en varios países, mientras Brasil ha desarrollado decisiones judiciales que amplían las responsabilidades de las plataformas ante determinados contenidos.
El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre prevención, seguridad, derechos digitales y libertad de expresión.
Para México, los acontecimientos de esta semana han acelerado una discusión que ya estaba abierta. La regulación del uso de teléfonos móviles en las escuelas, la protección de los menores frente a determinados algoritmos y la responsabilidad de las plataformas aparecen ahora conectadas con un problema todavía más sensible: la posible difusión y normalización de contenidos que glorifican la violencia.