La crisis de vivienda en Portugal vuelve a las calles. Miles de personas se manifestaron en Lisboa contra la reforma del alquiler impulsada por el Gobierno de Luís Montenegro y, horas después, la policía desalojó una nueva acampada instalada en la céntrica plaza de Rossio. El Ejecutivo mantiene su proyecto, aunque abre la puerta a introducir modificaciones antes de la votación definitiva.
Las protestas por la vivienda en Portugal han entrado en una nueva fase después de que la policía portuguesa desalojara durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre una acampada instalada en la plaza de Rossio, uno de los lugares más céntricos y emblemáticos de Lisboa.
Recreación editorial de una acampada en la plaza de Rossio durante las movilizaciones por la vivienda en Lisboa.
La intervención se produjo después de una manifestación multitudinaria celebrada el sábado por las calles de la capital portuguesa. Los participantes reclamaban al Gobierno conservador de Luís Montenegro la retirada de una reforma del régimen de alquiler que consideran perjudicial para los inquilinos en un momento de fuerte presión sobre los precios de la vivienda.
Después de la marcha, los manifestantes instalaron más de 50 tiendas de campaña en Rossio para prolongar la protesta. Hacia las 4.30 horas de la madrugada, decenas de agentes comenzaron a desalojar el espacio.
La policía indicó previamente en varias ocasiones que las tiendas debían ser retiradas y advirtió de que las personas que se resistieran podían enfrentarse a acusaciones de desobediencia. Durante el dispositivo se produjeron momentos de tensión entre agentes y manifestantes que trataban de proteger la acampada.
También fue desmontado otro campamento de menor tamaño en la plaza Dom João I de Oporto.
Una crisis de vivienda que golpea especialmente a los jóvenes
La movilización tiene como telón de fondo una de las crisis de acceso a la vivienda más intensas de Europa.
Según datos recogidos por Reuters, los precios de la vivienda en Portugal se han más que duplicado desde 2017, mientras que las rentas correspondientes a nuevos contratos de alquiler prácticamente se han duplicado durante ese periodo.
El incremento está afectando especialmente a los jóvenes, que encuentran crecientes dificultades para independizarse incluso cuando cuentan con empleo estable.
La combinación entre precios inmobiliarios elevados, alquileres crecientes y salarios que no han aumentado al mismo ritmo ha convertido el acceso a una vivienda en uno de los principales asuntos sociales del país.
Las protestas portuguesas forman además parte de un fenómeno que durante las últimas semanas se ha extendido a distintos puntos de Europa. España, Francia, Alemania e Italia han registrado movilizaciones relacionadas con el coste de la vida, los salarios, la vivienda y los servicios públicos.
Associated Press confirmó igualmente la presencia de miles de manifestantes en ciudades portuguesas reclamando vivienda asequible y denunciando el encarecimiento de los alquileres y de los precios inmobiliarios.
Qué cambia con la reforma del alquiler de Luís Montenegro
Buena parte de la protesta gira alrededor de la reforma del régimen de arrendamiento promovida por el Gobierno de Luís Montenegro.
La propuesta ya ha superado una primera lectura parlamentaria y pretende introducir modificaciones relevantes en las relaciones entre propietarios e inquilinos.
Entre ellas figura una mayor libertad contractual, cambios en las actualizaciones de las rentas entre contratos y procedimientos más ágiles para resolver conflictos y ejecutar determinados desalojos.
Los movimientos por la vivienda consideran que estas medidas pueden aumentar la vulnerabilidad de los inquilinos y reclaman directamente que el proyecto sea retirado.
La interpretación del Ejecutivo es diferente.
El Gobierno portugués sostiene que la reforma pretende aumentar la oferta de viviendas disponibles para alquilar, reforzar la confianza de los propietarios y conseguir unas relaciones contractuales más equilibradas.
El proyecto contempla igualmente medidas específicas dirigidas a proteger a colectivos vulnerables, entre ellos personas mayores, ciudadanos con discapacidad y familias con dificultades económicas.
El Ejecutivo ha creado además un Fondo de Emergencia para la Vivienda destinado a proporcionar apoyo económico a personas que pierdan su domicilio por situaciones de vulnerabilidad económica u otras emergencias habitacionales.
Montenegro mantiene la reforma pero abre la puerta a cambios
Pese a la presión de las movilizaciones, el primer ministro Luís Montenegro no contempla retirar completamente el proyecto.
El dirigente portugués ha señalado, sin embargo, que existe margen para introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria antes de la votación definitiva prevista para las próximas semanas.
La reforma ha conseguido avanzar en el Parlamento después de que Chega se abstuviera en la primera votación.
Desde la oposición, el Partido Socialista ha pedido al Ejecutivo que negocie tanto con las demás fuerzas parlamentarias como con los movimientos sociales.
Su líder, José Luís Carneiro, ha reclamado al Gobierno que abandone una estrategia que considera demasiado unilateral y trate de alcanzar acuerdos sobre una cuestión que afecta cada vez a más hogares portugueses.
La actuación policial aumenta la tensión política
La respuesta policial a las acampadas se ha convertido en otro componente del conflicto.
Las autoridades ya habían intervenido anteriormente contra campamentos instalados por activistas en Lisboa y Oporto. Esas operaciones generaron acusaciones de uso excesivo de la fuerza y provocaron nuevas manifestaciones.
Tras anteriores actuaciones, la Inspección General de la Administración Interna portuguesa abrió una investigación, mientras que la Fiscalía inició otra investigación independiente sobre la conducta de los agentes.
La policía informó entonces de 11 heridos leves, entre ellos tres agentes. Los organizadores de las protestas ofrecieron cifras superiores sobre las personas afectadas.
Montenegro defendió la actuación policial y aseguró en el Parlamento que las intervenciones habían respetado criterios de necesidad, proporcionalidad y adecuación.
Las nuevas imágenes de policías desalojando Rossio vuelven ahora a situar esa polémica en el centro del debate político portugués.
Recreación editorial del debate político en Portugal sobre las nuevas normas del mercado del alquiler.
Un problema portugués que refleja una tensión europea
El conflicto supera cada vez más las fronteras de Portugal.
Las dificultades para acceder a una vivienda asequible se están convirtiendo en una de las principales preocupaciones económicas y sociales de numerosos países europeos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
En España también se han producido durante las últimas semanas acampadas y movilizaciones reclamando alquileres asequibles, ampliación del parque público y mayores garantías para los inquilinos.
La protesta portuguesa se ha inspirado parcialmente en esas movilizaciones y ha utilizado una estrategia similar: ocupar temporalmente plazas céntricas para mantener el problema de la vivienda en la agenda pública.
La evolución de la reforma portuguesa será especialmente relevante porque enfrenta dos planteamientos diferentes: por un lado, el Gobierno considera necesario ofrecer mayores garantías a los propietarios para incrementar la cantidad de viviendas disponibles; por otro, los manifestantes temen que una mayor liberalización termine aumentando los precios y debilitando las protecciones existentes.