El Gobierno brasileño supera su primera gran prueba parlamentaria después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. El Senado ha aprobado un paquete de medidas para reforzar las cuentas públicas en 2027, aunque la reforma todavía debe superar su tramitación en la Cámara de Diputados.
Brasil ha dado un paso importante en su estrategia para contener el deterioro de las finanzas públicas. El Senado completó el miércoles 18 de noviembre la aprobación de un proyecto de ajuste fiscal que combina restricciones al crecimiento del gasto, revisión de beneficios tributarios y nuevos mecanismos para mejorar la recaudación del Estado.
La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley Complementaria 299/2026, forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva para recuperar la confianza de los mercados financieros y facilitar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del próximo año.
Las medidas podrían mejorar las cuentas públicas en hasta 60.000 millones de reales durante 2027, equivalentes aproximadamente a 10.300 millones de dólares según la estimación recogida por Reuters.
Sin embargo, esa cantidad constituye una previsión de impacto fiscal, no un ahorro ya conseguido. Además, el proyecto sigue pendiente de la aprobación definitiva del Congreso.

Recreación editorial de un análisis económico que simboliza el debate sobre las cuentas públicas de Brasil. Imagen generada mediante IA.
¿Qué contempla el ajuste fiscal en Brasil?
El paquete introduce cambios en la gestión presupuestaria federal para proporcionar al Gobierno mayores instrumentos de control sobre sus ingresos y gastos.
Entre sus principales medidas figura la posibilidad de establecer restricciones adicionales al gasto cuando las cuentas públicas se alejen de los objetivos previstos.
Una de las modificaciones más relevantes afecta al crecimiento real del gasto federal. En determinadas circunstancias de contención presupuestaria, el incremento anual de los gastos por encima de la inflación quedaría limitado al 2 %, frente al máximo ordinario del 2,5 % establecido en el actual marco fiscal.
La propuesta también contempla revisar incentivos y beneficios tributarios, limitar determinados mecanismos de compensación de créditos fiscales y aumentar la capacidad de intervención presupuestaria del Ejecutivo.
Estas herramientas persiguen mejorar el resultado fiscal sin depender exclusivamente de reducciones directas del presupuesto.
Su aplicación concreta dependerá de las necesidades presupuestarias y de la versión legislativa que finalmente entre en vigor.
Una reforma para recuperar la confianza económica
El ajuste fiscal llega después de la reelección de Lula en octubre de 2026 y en medio de una creciente inquietud sobre la sostenibilidad de la deuda brasileña.
Durante las últimas semanas, los mercados han mostrado preocupación por la capacidad del Gobierno para equilibrar sus compromisos sociales con la estabilidad de las finanzas públicas.
El real brasileño ha experimentado una importante depreciación frente al dólar desde las elecciones presidenciales, mientras que los inversores han seguido de cerca las señales enviadas por el Ejecutivo.
La economía brasileña afronta así una cuestión fundamental: cómo mantener sus programas de gasto, financiar las políticas públicas y evitar que la deuda continúe creciendo de manera difícilmente sostenible.
El Gobierno considera que las nuevas reglas permitirán mejorar la credibilidad de su estrategia presupuestaria.
No obstante, distintos economistas consultados por Reuters advierten de que el paquete, aunque representa un avance, podría resultar insuficiente para modificar de manera significativa la trayectoria de la deuda.
El debate no gira únicamente alrededor de cuánto puede ahorrar Brasil en 2027, sino también sobre la capacidad del país para mantener una política fiscal sostenible durante los próximos años.
Los 60.000 millones de reales y el objetivo presupuestario de 2027
Una de las principales dificultades para interpretar la reforma está en las diferentes cifras económicas que aparecen en las informaciones oficiales.
El impacto potencial de las medidas se ha estimado en hasta 60.000 millones de reales para 2027.
Por otra parte, la Cámara de Diputados ha señalado que el Gobierno necesitaría mejorar su resultado presupuestario en aproximadamente 70.600 millones de reales respecto a 2026 para alcanzar el superávit primario previsto para el próximo ejercicio.
Son magnitudes distintas.
La primera refleja una estimación sobre la mejora que podría proporcionar el paquete de medidas. La segunda representa el cambio necesario entre el déficit previsto para 2026 y el superávit buscado para 2027.
El objetivo presupuestario mencionado por la Cámara se sitúa alrededor de 18.700 millones de reales de superávit primario.
Este indicador compara los ingresos y gastos públicos sin incluir los intereses de la deuda. Por tanto, conseguir un superávit primario no significa necesariamente que desaparezca el déficit total del Estado.
La diferencia es importante para comprender el verdadero alcance del plan y evitar interpretar las previsiones como resultados económicos ya garantizados.
¿Cómo puede afectar a los ciudadanos brasileños?
El impacto sobre la población dependerá de cómo se apliquen las medidas y de las decisiones presupuestarias posteriores.
Una mayor capacidad para limitar determinados gastos podría obligar al Gobierno a establecer prioridades más estrictas en la distribución de los recursos públicos.
Al mismo tiempo, la revisión de beneficios fiscales puede modificar las condiciones económicas de empresas y sectores que actualmente disfrutan de tratamientos tributarios específicos.
Esto no equivale a afirmar que el proyecto establezca automáticamente recortes generales en sanidad, educación o prestaciones sociales.
De hecho, el Gobierno busca compatibilizar el ajuste con los compromisos sociales anunciados durante la campaña electoral.
Precisamente esa combinación constituye uno de los principales puntos de discusión política: los partidarios de una mayor disciplina presupuestaria consideran necesario controlar el aumento del gasto, mientras que sectores sociales temen que las restricciones terminen afectando a servicios y políticas públicas.
El verdadero efecto sobre las familias dependerá de las medidas que se ejecuten, de su distribución y de la evolución general de la economía.

La actividad comercial cotidiana representa una de las dimensiones económicas que pueden verse condicionadas por las políticas presupuestarias. Recreación mediante IA.
La Cámara de Diputados tendrá la siguiente palabra
Aunque el Senado concluyó la votación el 18 de noviembre y remitió formalmente el proyecto a la Cámara el día 19, el proceso legislativo todavía no ha terminado.
La Cámara de Diputados tiene previsto comenzar su discusión el lunes 23 de noviembre.
El diputado Mauro Benevides Filho, designado ponente de la propuesta, ha adelantado su intención de mantener el texto sin modificaciones para facilitar que avance hacia la sanción presidencial.
No obstante, la aprobación no está garantizada y la tramitación parlamentaria puede introducir cambios o retrasos.
El debate se produce en un momento políticamente sensible, con el Gobierno intentando consolidar su estrategia económica antes del comienzo del nuevo mandato presidencial.
La capacidad del Ejecutivo para reunir apoyos en el Congreso será determinante para conocer el alcance definitivo del ajuste.
¿Por qué importa esta decisión fuera de Brasil?
Brasil es la mayor economía de América Latina y sus decisiones presupuestarias tienen relevancia para empresas, inversores y socios comerciales de otros países.
La estabilidad de sus finanzas públicas influye en las condiciones de financiación, la confianza inversora y las expectativas sobre la evolución de su moneda.
Por ello, la reforma también interesa a las empresas españolas con inversiones o relaciones comerciales en el mercado brasileño.
Un deterioro sostenido del real o un aumento de los costes financieros puede modificar las condiciones económicas de determinados proyectos empresariales.
Por el contrario, una política presupuestaria creíble podría contribuir a reducir parte de la incertidumbre, aunque sus efectos dependerán de muchos otros factores, incluidos los tipos de interés internacionales.
Un primer paso, pero no una solución definitiva
El Senado brasileño ha facilitado al Gobierno una primera victoria legislativa en su intento de reforzar las cuentas públicas.
Sin embargo, el ajuste fiscal de Brasil para 2027 todavía afronta dos pruebas: conseguir la aprobación de la Cámara de Diputados y demostrar posteriormente que las medidas pueden mejorar las finanzas públicas sin comprometer los objetivos económicos y sociales del país.
La discusión prevista para el 23 de noviembre será el siguiente momento decisivo de una reforma que puede marcar el comienzo de la nueva etapa económica del Gobierno de Lula.

