La muerte de Susy Aponte Polo, periodista conocida como La China Polo y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ha abierto una investigación por presunto sicariato en Perú. Aponte fue asesinada a tiros mientras participaba en una actividad electoral en Caraz después de haber denunciado públicamente amenazas contra su vida.
El asesinato de Susy Aponte en un mercado de Caraz
Susy Ysabel Aponte Polo se encontraba el sábado 19 de septiembre realizando actividades de campaña en las inmediaciones de un mercado de Caraz, en la provincia de Huaylas, región de Áncash, cuando fue atacada por un hombre armado.
La periodista aspiraba a gobernar Áncash por el movimiento Socios por Áncash en las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre. Durante el ataque también resultaron heridas varias personas que se encontraban en la zona.
El Ministerio del Interior informó inicialmente de la captura de un presunto responsable y anunció el despliegue de especialistas de la División de Homicidios. Desde las primeras horas, las autoridades evitaron establecer públicamente un móvil mientras se realizaban las diligencias.
La Fiscalía abrió en un primer momento una investigación por feminicidio. Posteriormente, el caso pasó a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, que modificó la calificación jurídica y comenzó a investigarlo como presunto sicariato, es decir, como un posible asesinato ejecutado por encargo.
Recreación editorial de familiares, periodistas y ciudadanos han reclamado que se esclarezcan todas las responsabilidades por el asesinato.
Dos investigados permanecen bajo detención preliminar
Uno de los principales avances de la investigación se produjo con la detención de Luis Iván Obispo Díaz, a quien la Policía señala como presunto autor material de los disparos.
La Policía Nacional del Perú aseguró haber reunido evidencias criminalísticas que lo vincularían con el ataque. Entre ellas figura el análisis del arma de fuego que fue incautada durante su detención. La PNP sostiene que las pruebas balísticas también relacionarían esa arma con otros hechos delictivos investigados desde 2025. Estas conclusiones forman parte de una investigación todavía abierta y no equivalen a una condena judicial.
Un segundo investigado, Ronald José Toro, también quedó bajo custodia. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaylas autorizó 15 días de detención preliminar para ambos mientras continúan las diligencias por el presunto delito de sicariato.
En las primeras horas posteriores al crimen, el fiscal de la Nación informó de tres personas detenidas y señaló que los investigadores trabajaban con varias hipótesis sobre quién pudo ordenar el asesinato. Las decisiones judiciales conocidas posteriormente se han referido expresamente a dos investigados sometidos a detención preliminar.
La investigación incluye la revisión de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y heridos, peritajes forenses y grabaciones de un establecimiento en el que presuntamente se alojó uno de los sospechosos antes del ataque.
Susy Aponte había denunciado amenazas días antes
Uno de los elementos que concentra la atención de la investigación son las amenazas que Susy Aponte había denunciado públicamente antes de ser asesinada.
La periodista afirmó que había recibido llamadas procedentes de varios establecimientos penitenciarios en las que supuestamente le advertían de un atentado contra ella. También realizó acusaciones públicas contra responsables policiales a los que relacionaba con esas amenazas y con presuntas irregularidades que investigaba desde su actividad periodística.
Entre sus señalamientos figuraba el entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Víctor Revoredo Farfán. Aponte aseguró públicamente que Revoredo habría ordenado un ataque contra ella.
Es importante distinguir esa denuncia de los hechos acreditados en la causa: hasta ahora las autoridades no han determinado públicamente quién ordenó el asesinato ni han establecido que las acusaciones de Aponte estén relacionadas con el crimen. La investigación deberá determinar tanto el móvil como las posibles responsabilidades intelectuales.
Revoredo fue posteriormente destinado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía dentro de una reorganización que afectó a numerosos altos mandos, según la información publicada tras el crimen. La existencia de ese cambio de destino no demuestra por sí misma relación alguna con el asesinato.
Recreación editorial de la Fiscalía peruana investiga el asesinato de Susy Aponte como un presunto caso de sicariato.
Una periodista conocida por sus denuncias
Aponte desarrollaba una actividad periodística a través de China Polo Dominical, espacio desde el que difundía informaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades en instituciones públicas y en la Policía.
Su doble condición de periodista y candidata regional ha hecho que el crimen tenga una dimensión tanto de seguridad pública como electoral. El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y reclamó que se garantizara la seguridad durante el proceso electoral, mientras la Defensoría del Pueblo pidió reforzar los mecanismos de prevención y protección para los candidatos.
La Defensoría también reclamó al Ministerio Público una investigación exhaustiva capaz de identificar a todos los responsables y alertó sobre las deficiencias de seguridad denunciadas por ciudadanos y comerciantes de Caraz tras el ataque.
La investigación busca ahora quién ordenó el crimen
El arresto del supuesto autor de los disparos no cierra el caso. Una de las cuestiones centrales es determinar si el asesinato fue encargado, quién pudo financiarlo y cuál fue el móvil.
La Fiscalía está reconstruyendo los movimientos de los investigados mediante imágenes de videovigilancia y otros elementos de prueba. La Policía también ha analizado operaciones vinculadas a teléfonos móviles y desplazamientos realizados antes y después del crimen.
Mientras avanzan esas pesquisas, familiares, amigos y simpatizantes despidieron a la periodista y reclamaron que la investigación llegue más allá del presunto ejecutor material. Reuters documentó los actos funerarios celebrados tras su muerte y las peticiones de justicia realizadas por su entorno.
Los restos de Aponte fueron finalmente sepultados en Nuevo Chimbote, en Áncash, después de los actos de despedida celebrados tras el asesinato.