La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha anunciado una nueva estrategia para combatir el avance del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. El Gobierno pondrá en marcha un comando unificado contra la delincuencia en Perú, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que centralizará operaciones, inteligencia y despliegues contra las organizaciones criminales. La mandataria también ha pedido cooperación a otros países para acceder a tecnología, información y recursos especializados.
Un comando unificado para cambiar la estrategia de seguridad
El Gobierno peruano quiere modificar la forma en la que el Estado responde al crimen organizado. Keiko Fujimori anunció este miércoles 7 de octubre la creación de un comando unificado contra la delincuencia, una estructura que coordinará las capacidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas.
La decisión fue presentada en el Cuartel General del Ejército, en Lima, después de una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena). El objetivo anunciado por el Ejecutivo es mejorar la coordinación de las fuerzas de seguridad y pasar a una estrategia más centralizada frente a organizaciones vinculadas a extorsiones, sicariato y otros delitos.
El nuevo modelo contará con un gran centro de control y operaciones desde el que se dirigirán las actuaciones contra la criminalidad. Según información publicada en Perú, la estructura movilizará inicialmente a unos 1.350 efectivos militares y policiales.
La creación del comando tampoco surge de manera improvisada. La formación de un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y el Crimen Organizado ya figuraba entre las propuestas del programa electoral de Fujimori. Ese documento planteaba integrar a Presidencia, varios ministerios, Policía, Fuerzas Armadas, sistema penitenciario y organismos de inteligencia.
Recreación editorial de la nueva estructura contará con un centro de control destinado a coordinar las actuaciones de Policía y Fuerzas Armadas.
Operativos conjuntos contra las organizaciones criminales
Uno de los elementos principales de la estrategia será aumentar la capacidad del Estado para actuar conjuntamente y realizar operaciones en lugares considerados estratégicos.
Fujimori aseguró que las autoridades pretenden realizar operativos de búsqueda y captura y reforzar la persecución de las organizaciones criminales. El Ejecutivo presenta esta estrategia como una respuesta al temor provocado por las extorsiones y los ataques que afectan especialmente a transportistas, comerciantes y otros sectores económicos.
La inseguridad ha sido precisamente uno de los principales retos del nuevo Gobierno peruano. Durante la campaña electoral, Fujimori situó el combate contra la delincuencia entre sus prioridades y propuso incorporar tecnología, videovigilancia e inteligencia artificial al sistema de seguridad.
La participación militar tampoco es completamente nueva. Al asumir la Presidencia el pasado 28 de julio, Fujimori ya anunció que las Fuerzas Armadas tendrían un papel en la lucha contra el crimen organizado, especialmente durante estados de emergencia y en coordinación con la Policía.
Recreación editorial del Gobierno peruano pretende aumentar los operativos coordinados frente a las organizaciones vinculadas a extorsiones y otros delitos.
Control de las cárceles y expulsión de extranjeros
La nueva estrategia también pone el foco sobre las prisiones. El Gobierno pretende impedir que dirigentes de organizaciones criminales continúen coordinando extorsiones u otros delitos desde los centros penitenciarios.
Fujimori anunció que se reforzará el control de las cárceles y que serán incomunicados aquellos reclusos que sigan dirigiendo actividades delictivas desde prisión. Su programa electoral ya contemplaba medidas como el bloqueo de comunicaciones en los penales y la construcción de nuevas instalaciones de máxima seguridad.
La presidenta también ha prometido acelerar la expulsión de ciudadanos extranjeros que delincan en territorio peruano. El Ejecutivo vincula esta medida a su estrategia contra las estructuras criminales, aunque la actuación de las autoridades deberá desarrollarse dentro del marco jurídico peruano y las garantías correspondientes.
Fujimori insistió, al mismo tiempo, en que Policía y Fuerzas Armadas deberán actuar con profesionalidad, legalidad y respeto a la democracia y a los derechos humanos.
Perú pide cooperación internacional contra el crimen
Otro componente significativo del anuncio es su dimensión internacional.
Fujimori ha solicitado a otros gobiernos que colaboren con Perú compartiendo experiencia, tecnología, inteligencia y recursos para combatir a las organizaciones criminales. La petición refleja el carácter transnacional de numerosas redes dedicadas al narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y otras actividades ilícitas.
El Gobierno busca así combinar la movilización de recursos nacionales con mecanismos de cooperación exterior.
Esta política coincide con el acercamiento que Perú ha desarrollado durante los últimos meses con Estados Unidos en materia de seguridad. La lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales se ha convertido en uno de los elementos de la política exterior del nuevo Ejecutivo.
La inseguridad, uno de los grandes desafíos de Fujimori
El anuncio llega en un contexto marcado por la preocupación social ante la delincuencia.
El problema es particularmente visible en zonas como Lima y La Libertad. En esta última región, cuya capital es Trujillo, la expansión de las extorsiones y el sicariato ha generado una creciente presión sobre comerciantes y ciudadanos.
Durante sus primeros meses en el poder, Fujimori ya ha recurrido a despliegues policiales con apoyo militar. En agosto, el denominado Plan Escudo movilizó a más de 4.000 policías con respaldo de las Fuerzas Armadas ante la crisis de seguridad y las amenazas que afectaban al transporte urbano.
El comando unificado supone ahora un intento de convertir esa colaboración en una estructura más coordinada y permanente.
El desafío para el Ejecutivo será demostrar que la incorporación de más recursos y una mayor presencia militar puede traducirse en una reducción efectiva de homicidios, extorsiones y otros delitos, manteniendo al mismo tiempo los controles institucionales sobre las operaciones de seguridad.