La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos comandantes de las FARC por 68 hechos de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género. La investigación recoge casos contra 35 víctimas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y señala que las agresiones formaron parte de un patrón relacionado con el control social y territorial ejercido durante el conflicto armado.
Cinco antiguos mandos de las FARC, llamados a responder ante la JEP
La justicia transicional colombiana ha dado un nuevo paso en la investigación de algunos de los crímenes más graves cometidos durante décadas de conflicto armado.
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el 21 de septiembre a cinco antiguos comandantes del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La JEP les atribuye responsabilidad de mando por no haber ejercido, según la investigación, el control necesario para prevenir, investigar o sancionar delitos perpetrados por integrantes de las estructuras que dirigían. La imputación no constituye todavía una sentencia definitiva, sino una etapa del procedimiento de justicia transicional en la que los comparecientes deben responder ante los hechos y responsabilidades que les atribuye el tribunal.
El caso adquiere especial relevancia porque aborda específicamente la violencia sexual y otras violencias basadas en género, una dimensión del conflicto colombiano que durante años ha sido objeto de investigaciones de víctimas, organizaciones sociales y organismos judiciales.
68 hechos y 35 víctimas documentadas
La JEP ha documentado en esta decisión 68 hechos que afectaron a 35 víctimas.
Treinta pertenecían a la población civil y cinco formaban parte de las propias FARC. Los casos investigados se produjeron fundamentalmente en áreas del norte del departamento del Cauca y del sur del Valle del Cauca, una región que durante años sufrió una intensa presencia de grupos armados y enfrentamientos por el control territorial.
El Caso 05 de la JEP investiga hechos ocurridos en municipios de ambos departamentos durante el conflicto armado. Entre las zonas incluidas se encuentran Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló y Miranda, además de localidades del Valle del Cauca como Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria.
La investigación sostiene que los episodios de violencia sexual y de género no deben analizarse únicamente como hechos individuales desconectados entre sí.
Según la Sala de Reconocimiento, existió un patrón de violencia contra población civil y contra integrantes de la propia organización guerrillera vinculado a las dinámicas de control social y territorial que las FARC ejercían en determinadas zonas.
Recreación editorial del Caso 05 investiga hechos ocurridos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca durante el conflicto armado.
Violaciones, abortos forzados y anticoncepción obligatoria
Entre los hechos que aparecen en la imputación se encuentran delitos de violación y otras formas graves de violencia sexual.
La JEP también investigó lo ocurrido con mujeres y niñas que habían sido reclutadas por la guerrilla y que, de acuerdo con los hallazgos del tribunal, fueron sometidas en determinados casos a métodos anticonceptivos forzados y abortos contra su voluntad.
El tribunal calificó los abortos forzados incluidos en la investigación como crímenes de guerra de tortura y la anticoncepción forzada como ultrajes contra la dignidad personal. También se incluyen acusaciones por tratos humillantes y degradantes.
La decisión distingue así entre agresiones cometidas contra integrantes de las propias estructuras guerrilleras y las ejercidas contra personas de la población civil.
Para la justicia transicional, esta diferenciación resulta importante a la hora de reconstruir cómo se produjo la violencia y determinar qué responsabilidades pueden atribuirse a quienes ocupaban posiciones de mando.
La persecución por motivos de género también entra en la investigación
La imputación incorpora además la persecución por motivos de género entre los crímenes de lesa humanidad atribuidos.
La investigación de la JEP no se limita, por tanto, a las agresiones sexuales contra mujeres y niñas. También examina actos de discriminación y violencia relacionados con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas.
Este componente conecta el Caso 05 con el Caso 11 de la JEP, abierto específicamente para investigar violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género durante el conflicto armado colombiano.
La propia jurisdicción había identificado, a partir de los informes recibidos para ese macrocaso, 35.178 víctimas de hechos de violencia sexual atribuibles a los distintos actores del conflicto entre 1957 y 2016. Esa cifra abarca el conjunto del conflicto y no únicamente los delitos atribuidos a las FARC en la nueva imputación.
Recreación editorial de comunidades del norte del Cauca se encuentran entre las poblaciones afectadas por décadas de conflicto armado en Colombia.
Un territorio marcado durante décadas por el conflicto
El norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca constituyen una de las áreas analizadas con mayor detalle por la justicia transicional colombiana.
La presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, unida al control ejercido históricamente por diferentes estructuras armadas, convirtió el territorio en escenario de enfrentamientos, desplazamientos, amenazas, reclutamientos y otras violaciones de derechos humanos.
La documentación oficial del Caso 05 señala que en esos territorios operaron, entre otras estructuras de las FARC, las columnas móviles Jacobo Arenas, Gabriel Galvis y Miller Perdomo y el Frente Sexto, además de unidades de las fuerzas estatales.
El proceso de la JEP busca reconstruir responsabilidades en hechos ocurridos antes de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC.
Ese acuerdo condujo a la desmovilización de la guerrilla y creó un sistema de justicia transicional en el que la verdad, el reconocimiento de responsabilidad y la reparación a las víctimas desempeñan un papel central.
Qué ocurrirá ahora con los cinco excomandantes
Tras la imputación, los antiguos mandos tendrán que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz y determinar si reconocen los hechos y responsabilidades atribuidos.
El modelo de la JEP contempla tratamientos diferentes según exista o no un reconocimiento temprano de responsabilidad y una contribución efectiva a la verdad.
Quienes reconocen los delitos más graves y aportan verdad pueden acceder al sistema de sanciones restaurativas previsto por el acuerdo de paz. Por el contrario, la ausencia de reconocimiento puede conducir el procedimiento hacia otras fases judiciales.
En marzo de 2026, antiguos máximos dirigentes de las FARC ya habían reconocido públicamente su responsabilidad por el reclutamiento y utilización de miles de menores de edad durante el conflicto y habían pedido perdón a las víctimas.
La JEP había calculado previamente que al menos 18.677 menores fueron víctimas de reclutamiento por la guerrilla entre 1996 y 2016, una cifra que muestra la dimensión de otro de los grandes capítulos que sigue investigando la justicia transicional colombiana.