Bolivia afronta una de sus mayores crisis institucionales recientes después de la detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y otras 13 personas. El Gobierno sostiene que una organización instalada dentro de la Justicia y del Ministerio Público habría protegido actividades vinculadas al narcotráfico. La Fiscalía cuestiona el procedimiento y denunció que la detención de su máxima autoridad fue ilegal.
La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha provocado un fuerte terremoto político y judicial en el país. La máxima autoridad del Ministerio Público pasó en cuestión de días de rechazar públicamente acusaciones procedentes de Estados Unidos a quedar bajo custodia de las propias autoridades bolivianas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que las fuerzas de seguridad habían detenido a Mariaca y a otras 13 personas durante una operación destinada, según el Ejecutivo, a desarticular una organización presuntamente infiltrada en el sistema judicial y el Ministerio Público.
Las acusaciones son graves, aunque por el momento forman parte de una investigación y no constituyen una condena judicial.
El Gobierno sostiene que la supuesta estructura tenía como objetivo facilitar o proteger operaciones vinculadas con el narcotráfico. Oviedo afirmó que Mariaca estaría en la cúspide de esa red.
El caso adquiere todavía mayor dimensión porque la detención llega apenas unos días después de que Estados Unidos revocara el visado de Mariaca, junto al de otros funcionarios latinoamericanos a los que Washington atribuye corrupción u obstrucción de la lucha contra organizaciones criminales.
Mariaca había rechazado previamente esas acusaciones y las había relacionado con presiones políticas externas.
Recreación editorial del Ministerio Público denunció irregularidades en la intervención policial y cuestionó la forma en que fue detenido su máximo responsable.
La detención del máximo responsable de la Fiscalía
Mariaca fue detenido en Santa Cruz. EFE informó inicialmente, citando al Ministerio Público, de que agentes lo habían aprehendido después de su desplazamiento a esa región por motivos institucionales.
La propia Fiscalía reaccionó públicamente denunciando la actuación policial y calificando la detención de presuntamente ilegal.
Funcionarios del Ministerio Público denunciaron además la entrada de agentes en instalaciones de la Fiscalía General en Sucre y afirmaron que no se les había comunicado inicialmente el motivo de la actuación.
La institución llegó a referirse públicamente a lo ocurrido como el “secuestro” del fiscal general, una caracterización que corresponde a la posición de la Fiscalía y que contrasta frontalmente con la versión del Gobierno.
Horas más tarde, el Ejecutivo proporcionó su explicación.
El Gobierno aseguró que la operación tenía como objetivo una supuesta organización criminal enquistada en las estructuras judiciales. También vinculó las investigaciones con la protección de narcotraficantes y con posibles actos de corrupción.
La confrontación entre ambas versiones abre ahora una segunda cuestión: no solamente qué responsabilidad penal pueden tener los detenidos, sino si el procedimiento utilizado por las autoridades respetó plenamente las garantías legales correspondientes.
El nombre de Sebastián Marset aparece en la investigación
Uno de los elementos centrales del caso es Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo que durante años fue uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica.
Según Reuters, las autoridades bolivianas están examinando grabaciones de vídeo y audio que, de acuerdo con la versión del Gobierno, relacionarían a Mariaca con supuestos pagos procedentes de Marset.
El Ejecutivo sostiene que existiría un pago de alrededor de 500.000 dólares destinado presuntamente a conseguir protección o facilidades relacionadas con sus operaciones.
Estas afirmaciones todavía tienen que ser demostradas judicialmente. Reuters
AP también informa de que las autoridades atribuyen a la presunta red actuaciones dirigidas a favorecer a traficantes de drogas y cuestionan decisiones adoptadas anteriormente respecto a activos y procedimientos relacionados con Marset.
La conexión es especialmente relevante porque Marset había conseguido mantenerse prófugo durante años pese a importantes operaciones internacionales para localizarlo.
Su caso se convirtió en uno de los principales ejemplos de la expansión de las redes internacionales del narcotráfico en el Cono Sur.
Recreación editorial de las autoridades investigan el origen de más de 300.000 dólares localizados durante las operaciones relacionadas con el caso.
Más de 300.000 dólares localizados en una ambulancia
La investigación incorporó además un elemento particularmente llamativo.
La Policía boliviana informó de la incautación de aproximadamente 303.270 dólares en efectivo ocultos en una ambulancia que habría salido del complejo residencial en el que vivía Mariaca.
Según EFE, el dinero fue intervenido mientras las autoridades desarrollaban las operaciones relacionadas con el fiscal general. Su procedencia y eventual relación con los delitos investigados tendrán que determinarse durante el procedimiento.
El hallazgo ha ampliado el alcance de la investigación y previsiblemente obligará a analizar movimientos financieros, patrimonio y posibles conexiones entre los diferentes detenidos.
No puede concluirse únicamente por la localización del dinero que pertenezca a Mariaca o que proceda de actividades ilegales; será la investigación judicial la que deba establecer su origen y responsabilidad.
Estados Unidos había señalado a Mariaca días antes
La secuencia temporal añade una importante dimensión internacional al caso.
El Gobierno estadounidense anunció el 28 de septiembre restricciones de visado contra altos cargos y exfuncionarios de Bolivia, Colombia y Perú.
Bolivia concentró el mayor número de nombres incluidos en aquella medida. Entre ellos estaba Roger Mariaca.
Washington acusó al fiscal general de obstaculizar la lucha contra el crimen organizado y de actuaciones incompatibles con los esfuerzos regionales contra el narcotráfico.
Mariaca respondió negando las acusaciones.
El entonces fiscal general sostuvo que la decisión estadounidense podía estar relacionada con investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público boliviano y defendió su actuación al frente de la institución.
El Parlamento boliviano tenía previsto analizar el 5 de octubre la información procedente de Estados Unidos y estudiar la creación de una comisión encargada de investigar las acusaciones contra los funcionarios afectados.
Los acontecimientos se aceleraron antes de que esa sesión llegara a celebrarse.
¿Quién es Roger Mariaca?
Roger Mariaca asumió como fiscal general del Estado en 2024 para un mandato previsto de seis años.
Su elección se produjo durante la anterior etapa política boliviana, cuando el Movimiento al Socialismo mantenía una posición determinante dentro del Legislativo.
Como fiscal general, Mariaca se encontraba en la cúspide del Ministerio Público y era, por tanto, una de las principales autoridades encargadas de impulsar investigaciones penales en Bolivia.
Precisamente por esa posición institucional, la investigación tiene una dimensión considerablemente mayor que la detención de un funcionario ordinario.
El Gobierno sostiene que las irregularidades no serían casos aislados, sino el funcionamiento de una estructura dentro de organismos que deberían precisamente perseguir el delito.
La Fiscalía, por su parte, ha cuestionado abiertamente la legalidad de las actuaciones realizadas contra su responsable.
Una crisis que alcanza al sistema judicial boliviano
El caso podría terminar teniendo consecuencias que vayan mucho más allá de Mariaca.
Si la investigación confirma la existencia de funcionarios judiciales que ayudaban a organizaciones criminales, Bolivia afrontaría un problema de penetración del narcotráfico en instituciones fundamentales del Estado.
Pero las autoridades también deberán demostrar cada una de sus acusaciones y garantizar que las detenciones y registros respeten el procedimiento judicial.
Esa cuestión resulta especialmente importante debido al enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y responsables del Ministerio Público.
El ministro Oviedo ha planteado la necesidad de cambios profundos dentro del sistema judicial después de las detenciones. AP señala que las autoridades presentan la operación como parte de una ofensiva más amplia contra la corrupción y las redes criminales.
Bolivia y Estados Unidos estrechan la cooperación contra el narcotráfico
El episodio se produce también en un momento de acercamiento entre La Paz y Washington.
Las nuevas autoridades bolivianas han impulsado una cooperación más estrecha con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra las drogas, después de años de relaciones difíciles entre ambos países.
Ese contexto explica también la relevancia que han adquirido las informaciones y sanciones procedentes de Washington.
Sin embargo, las acusaciones estadounidenses no sustituyen al procedimiento judicial boliviano: cualquier responsabilidad penal deberá acreditarse ante los tribunales competentes.
La diferencia es especialmente importante en un caso que involucra directamente a la persona que hasta ahora encabezaba el organismo responsable de buena parte de las investigaciones penales del país.