España ha entrado en una nueva etapa migratoria tras la reforma del Reglamento de Extranjería y la regularización extraordinaria aprobada en 2026. El cambio no concede la nacionalidad española de forma automática, pero sí facilita que miles de personas puedan obtener residencia legal, trabajar y, con el tiempo, iniciar el camino hacia la nacionalidad por residencia.
España cambia las reglas de extranjería
El Gobierno ha reforzado en 2026 el giro iniciado con el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que sustituyó una normativa vigente durante más de una década. La reforma buscaba simplificar trámites, adaptar las autorizaciones de residencia a la realidad migratoria actual y ordenar figuras como el arraigo, la residencia de familiares de españoles y los permisos vinculados al empleo.
El punto más relevante es que España no está “regalando” la nacionalidad, sino ampliando y reorganizando las vías de regularización administrativa. Es decir, muchas personas que ya viven en el país pueden pasar de una situación irregular o precaria a una residencia legal si cumplen los requisitos fijados por la norma. A partir de ahí, podrán trabajar, cotizar y, si mantienen residencia legal durante el tiempo exigido, solicitar más adelante la nacionalidad española.
Imagen editorial de una familia extranjera que camina por una ciudad española tras completar trámites administrativos de residencia, uno de los primeros pasos para acceder en el futuro a la nacionalidad española si se cumplen los requisitos legales establecidos.
La regularización
La medida más llamativa ha sido la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residían en España. Según La Moncloa, para acogerse al proceso era necesario encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carecer de antecedentes penales.
Este proceso ha abierto una vía para personas que ya estaban integradas de hecho en la sociedad española, pero que no disponían de documentación regular. El objetivo oficial es aflorar situaciones de economía sumergida, facilitar la incorporación al mercado laboral y reducir la vulnerabilidad administrativa de miles de migrantes.
La medida tiene también una lectura económica. España necesita trabajadores en sectores como los cuidados, la hostelería, el campo, la construcción o el transporte. Regularizar a quienes ya viven en el país permite que puedan cotizar, acceder a contratos y contribuir al sistema público.
Arraigo: la puerta más importante hacia la residencia
El arraigo sigue siendo una de las vías principales para regularizar la situación de personas extranjeras en España. Las instrucciones del Ministerio de Inclusión desarrollan las autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales, entre ellas las distintas modalidades de arraigo previstas tras el nuevo Reglamento.
Estas figuras permiten obtener residencia si se cumplen condiciones relacionadas con permanencia en España, vínculos familiares, integración social, formación o actividad laboral. La lógica del cambio es pasar de un sistema más rígido a otro que reconozca realidades distintas: personas con empleo, familias asentadas, solicitantes que han perdido permisos anteriores o extranjeros que pueden incorporarse a sectores con demanda.
En la práctica, el arraigo no equivale a nacionalidad, pero sí puede ser el primer escalón. Una persona obtiene autorización de residencia, después puede renovarla, trabajar legalmente y acumular años de residencia válida para una futura solicitud de nacionalidad.
Cómo se obtiene la nacionalidad española
La nacionalidad española por residencia depende del Ministerio de Justicia y no se concede automáticamente por estar regularizado. Según la información oficial, la solicitud exige acreditar buena conducta cívica, suficiente grado de integración en la sociedad española y residencia legal durante el periodo exigido por el Código Civil.
Infografía que explica los requisitos, plazos y pasos necesarios para obtener la nacionalidad española por residencia tras la reforma de extranjería de 2026.
El plazo general es de diez años de residencia legal, aunque existen reducciones para determinados casos. Para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes, el plazo puede reducirse a dos años. Para otros supuestos, como refugiados, matrimonio con español o nacimiento en España, también existen plazos específicos.
Por eso, la regularización de 2026 puede aumentar en el futuro las solicitudes de nacionalidad, pero no porque la nacionalidad se entregue de inmediato, sino porque más personas podrán empezar a contar residencia legal desde una situación administrativa reconocida.
El debate político: integración o efecto llamada
La reforma migratoria ha abierto un fuerte debate político. Sus defensores sostienen que regularizar a personas que ya viven en España permite ordenar la realidad, reducir la explotación laboral y mejorar la recaudación pública. También argumentan que España necesita población activa para sostener su economía y compensar el envejecimiento demográfico.
Sus críticos, en cambio, advierten de un posible efecto llamada y reclaman mayores controles sobre las entradas irregulares, las fronteras y el acceso a prestaciones públicas. El debate se ha intensificado especialmente en comunidades con mayor presión migratoria y en territorios donde los servicios sociales y de acogida ya trabajan al límite.
La nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática
Junto a la inmigración ordinaria, España mantiene otra vía de acceso a la nacionalidad: la Ley de Memoria Democrática. Esta permite solicitar la nacionalidad a determinados descendientes de españoles nacidos fuera de España, especialmente hijos y nietos de exiliados o de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual. El Gobierno prorrogó el plazo para ejercer este derecho.
Este punto ha generado también debate político, especialmente por el volumen potencial de solicitantes en América Latina. Sin embargo, debe distinguirse de la regularización migratoria: una cosa es obtener residencia por extranjería y otra acceder a la nacionalidad por origen familiar o memoria democrática.