El Tribunal Supremo ha dejado provisionalmente sin efecto la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía al delito de malversación vinculado al procés. La decisión despeja uno de los principales obstáculos para el regreso del expresidente catalán y añade un nuevo elemento de incertidumbre a la política española a menos de dos meses de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Constitucional cambia el escenario de la amnistía
El regreso de Puigdemont a España ha dado un paso decisivo después de una jornada judicial que modifica sustancialmente la situación del expresidente de la Generalitat.
El Pleno del Tribunal Constitucional estimó el 6 de octubre el recurso de amparo presentado por la exconsellera Dolors Bassa contra las resoluciones del Tribunal Supremo que le habían negado la aplicación de la Ley de Amnistía al delito de malversación de caudales públicos. La resolución establece un criterio con consecuencias que van más allá de su caso concreto.
La cuestión de la malversación era precisamente uno de los principales obstáculos para que la amnistía beneficiara plenamente a Puigdemont. El Supremo había considerado anteriormente que esta conducta quedaba fuera del ámbito de aplicación de la norma.
La decisión del Constitucional altera ese escenario al considerar que excluir de la amnistía la malversación cuando no existe enriquecimiento personal resulta incompatible con la finalidad de la ley.
El fallo tiene especial importancia porque establece el criterio que deberán tener en cuenta los tribunales al revisar los casos relacionados con el procés.
Llarena retira provisionalmente la orden de detención
La reacción judicial fue prácticamente inmediata.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó dejar sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.
La medida tiene, sin embargo, un matiz fundamental: su carácter es provisional.
Según la información publicada por RTVE, la suspensión se mantendrá hasta que el magistrado pueda analizar íntegramente la sentencia del Tribunal Constitucional y adoptar una nueva resolución.
Esto significa que el escenario jurídico ha cambiado de manera muy significativa, pero el procedimiento todavía no puede considerarse completamente cerrado.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha introducido además una importante cautela sobre los próximos pasos. En declaraciones a RNE sostuvo que el expresidente catalán no regresará hasta que el Supremo le aplique formalmente la amnistía.
Por tanto, levantar la orden de detención y aplicar definitivamente la amnistía son dos actuaciones jurídicas relacionadas, pero no idénticas.
Recreación editorial de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la malversación ha modificado el escenario judicial relacionado con Puigdemont y otros dirigentes del procés.
Puigdemont evita poner fecha a su regreso
La resolución judicial abre la posibilidad de uno de los acontecimientos políticos más simbólicos de los últimos años: el regreso estable a España de Puigdemont tras su marcha a Bélgica en 2017.
El expresidente catalán compareció desde Waterloo junto a Toni Comín y Lluís Puig después de conocerse las decisiones judiciales.
Puigdemont presentó el pronunciamiento del Constitucional como una victoria frente a quienes habían impedido la aplicación de la amnistía, aunque evitó anunciar una fecha concreta para volver a España.
Su regreso cerraría parcialmente una etapa abierta hace casi nueve años.
Puigdemont abandonó España después del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y de la posterior declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlament.
Desde entonces ha desarrollado buena parte de su actividad política desde Bélgica mientras su situación judicial atravesaba distintas fases tanto en España como ante instancias europeas.
La aprobación de la Ley de Amnistía en 2024 pretendía resolver buena parte de las consecuencias penales relacionadas con el procés, pero la interpretación sobre la malversación mantuvo abierta durante más de dos años la situación de Puigdemont.
El regreso irrumpe de lleno en las elecciones del 29N
La relevancia de la decisión no se limita al ámbito judicial.
España se encuentra ya encaminada hacia unas elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre, convocadas por Pedro Sánchez después de que la pérdida de apoyos parlamentarios hiciera inviable la continuidad de la legislatura.
Precisamente Junts, el partido liderado por Puigdemont, desempeñó un papel determinante durante la legislatura.
Los votos de la formación independentista fueron fundamentales para la investidura de Sánchez en 2023 y la Ley de Amnistía constituyó uno de los elementos centrales del acuerdo político que permitió aquella investidura.
Sin embargo, Junts terminó retirando posteriormente su apoyo al Ejecutivo. Reuters señala que esa ruptura contribuyó al bloqueo parlamentario que desembocó finalmente en la convocatoria anticipada.
El eventual regreso de Puigdemont puede introducir ahora una variable adicional en una campaña que ya estará marcada por la vivienda, la estabilidad parlamentaria, la economía y las alianzas necesarias para formar gobierno.
También vuelve a situar la cuestión catalana en el centro del debate nacional.
Recreación editorial de la posibilidad de que Puigdemont regrese antes de las elecciones generales del 29 de noviembre introduce una nueva variable en la campaña.
Sánchez celebra la resolución, pero descarta reunirse ahora con Puigdemont
Pedro Sánchez ha defendido la decisión judicial y ha relacionado la amnistía con la estrategia de normalización política en Cataluña.
El presidente del Gobierno sostuvo que la resolución puede contribuir a que la sociedad catalana avance y defendió la importancia de recuperar la convivencia después de la crisis institucional de 2017.
Sin embargo, Sánchez descartó mantener por ahora una reunión con Puigdemont, argumentando que España se encuentra ya en periodo electoral.
La posición refleja la delicada situación política que rodea el eventual regreso.
Por un lado, el Gobierno reivindica la amnistía como instrumento de normalización. Por otro, cualquier encuentro entre Sánchez y Puigdemont en plena precampaña podría convertirse inmediatamente en uno de los principales asuntos de confrontación electoral.
La oposición ha mantenido durante toda la legislatura una posición muy crítica con la amnistía y con los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts.
Un regreso con consecuencias más allá de Cataluña
La situación de Puigdemont tiene además una dimensión que trasciende al independentismo catalán.
Reuters apunta que, aunque el movimiento separatista ha perdido fuerza respecto a 2017 y Junts no ocupa actualmente una posición dominante en los sondeos, el regreso de su líder puede alterar nuevamente el debate político español.
La composición del próximo Congreso será determinante.
Si las elecciones del 29N vuelven a producir un Parlamento fragmentado, las formaciones territoriales podrían recuperar un papel importante en las negociaciones para formar gobierno.
Eso convierte cada movimiento de Junts y del propio Puigdemont en un factor relevante no solo para Cataluña, sino para la gobernabilidad del conjunto de España.
La paradoja política es especialmente significativa: la ley que permitió a Sánchez obtener el respaldo de Junts al comienzo de la legislatura podría terminar facilitando el regreso de Puigdemont justo cuando ambos llegan a las urnas después de haber roto su alianza parlamentaria.