El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia este jueves sobre dos asuntos relacionados con la ley de amnistía. Aunque la decisión puede influir en el futuro judicial de Carles Puigdemont, no levantará automáticamente la orden de detención que permanece vigente en España.
Carles Puigdemont afronta desde Bélgica una de las jornadas judiciales más importantes desde que abandonó España en 2017. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, debe dictar este jueves sus dos primeras sentencias sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho comunitario.
La expectación política es elevada porque uno de los procedimientos examina la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista catalán. Sin embargo, la resolución europea no decidirá directamente si Puigdemont debe ser amnistiado por el delito de malversación ni eliminará de manera inmediata la orden nacional de detención que pesa sobre él.
El alcance real del pronunciamiento será más limitado, aunque puede abrir un camino jurídico que termine influyendo en el Tribunal Constitucional y, posteriormente, en la posibilidad de que el expresidente catalán regrese a España sin ser arrestado.
1. La justicia europea examina dos asuntos diferentes
El TJUE resolverá dos cuestiones prejudiciales planteadas por órganos judiciales españoles. La primera, identificada como asunto C-523/24, Sociedad Civil Catalana, procede del Tribunal de Cuentas y está relacionada con los fondos públicos utilizados para organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y financiar la acción exterior del procés.
Este procedimiento afecta, entre otras personas, a Carles Puigdemont y al también expresidente catalán Artur Mas. Los jueces europeos deberán determinar si la aplicación de la amnistía a esas responsabilidades contables podría perjudicar los intereses financieros de la Unión Europea.
El segundo asunto, C-666/24, ACVOT, procede de la Audiencia Nacional y analiza si la amnistía puede aplicarse a varios integrantes de los Comités de Defensa de la República procesados por presuntos delitos de terrorismo. La cuestión principal es si ese perdón sería compatible con las normas europeas destinadas a prevenir y perseguir el terrorismo.
2. El fallo no retirará la orden de detención de Puigdemont
La principal aclaración es que estas dos sentencias no resolverán directamente la situación penal de Puigdemont. El TJUE no decidirá si el Tribunal Supremo interpretó correctamente la excepción de la ley de amnistía relativa al enriquecimiento patrimonial en los delitos de malversación.
Tampoco ordenará el levantamiento de las órdenes de detención nacionales que permanecen vigentes contra Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Esa decisión corresponde a los tribunales españoles que conocen cada procedimiento.
Recreación editorial de la sentencia europea puede influir en el futuro de Puigdemont, pero no elimina automáticamente la orden de detención vigente en España.
La propia ley establece que el levantamiento de las órdenes de búsqueda, captura o detención debe ser acordado por el órgano judicial responsable de la causa. Por ello, incluso un respaldo amplio de Luxemburgo a la amnistía no permitiría que Puigdemont regresara automáticamente a España sin riesgo de ser detenido.
El Tribunal Constitucional rechazó en enero de 2026 suspender cautelarmente las órdenes nacionales de detención mientras estudiaba los recursos presentados por Puigdemont, Comín y Puig. Esta decisión mantuvo las medidas acordadas previamente por el Tribunal Supremo.
3. El Tribunal Constitucional tendrá la siguiente palabra
Aunque la sentencia europea no resuelva directamente el caso de Puigdemont, puede condicionar el análisis que realizará el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amparo.
El dirigente de Junts recurrió la decisión del Tribunal Supremo de excluir de la amnistía el delito de malversación que se le atribuye. El Supremo consideró que el empleo de fondos públicos para financiar el procés produjo un beneficio personal, entendido como el ahorro de un gasto que los responsables habrían tenido que asumir con su propio patrimonio.
El Constitucional deberá estudiar si esa interpretación respetó la ley de amnistía y los derechos fundamentales alegados por las defensas. La respuesta del TJUE sobre la relación entre los gastos del procés y los intereses financieros europeos ofrecerá un marco jurídico que el tribunal español tendrá que tener en cuenta.
Un fallo favorable a la compatibilidad de la amnistía con el Derecho de la Unión reforzaría los argumentos de Puigdemont, pero no obligaría por sí solo al Constitucional a concederle el amparo.
Recreación editorial de la Gran Sala del TJUE debe resolver dos cuestiones sobre los gastos del procés y los delitos atribuidos a miembros de los CDR.
4. El abogado general anticipó un respaldo con matices
Las conclusiones presentadas en noviembre de 2025 por el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, respaldaron los principales elementos de la ley de amnistía.
Spielmann consideró que no existía una relación directa entre los gastos del procés y el presupuesto europeo. Argumentó que la eventual independencia de Cataluña no habría reducido automáticamente la aportación española a las cuentas comunitarias, calculada en función de la renta nacional bruta.
También entendió que la amnistía podía ser compatible con la directiva europea contra el terrorismo porque la legislación española excluye los actos que hayan provocado violaciones graves de los derechos a la vida o a la integridad física.
El abogado general descartó además que la norma española pudiera calificarse como una autoamnistía destinada a proteger a los miembros de un régimen frente a futuras actuaciones judiciales. No obstante, cuestionó el plazo de dos meses concedido a los tribunales para decidir sobre su aplicación.
Sus conclusiones no son vinculantes. Los jueces de la Gran Sala pueden seguirlas total o parcialmente o apartarse de ellas en su sentencia definitiva.
5. La decisión también tendrá consecuencias políticas
El futuro judicial de Puigdemont continúa directamente relacionado con la estabilidad de la legislatura española. La aprobación de la ley de amnistía formó parte de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez tras las elecciones generales de 2023.
Desde entonces, Junts ha denunciado que la norma no se ha aplicado plenamente a su líder y ha utilizado esta situación como uno de sus principales argumentos en su relación con el Gobierno.
Un respaldo europeo sería presentado por el Ejecutivo y los partidos independentistas como una confirmación de la compatibilidad de la amnistía con las normas comunitarias. El PP y Vox, por el contrario, previsiblemente insistirán en sus críticas al origen político de la ley y en que Luxemburgo no resuelve las dudas constitucionales ni la situación individual de Puigdemont.
La decisión puede favorecer un acercamiento parlamentario entre el PSOE y Junts, pero no garantiza que el partido independentista modifique su posición. La relación también depende de otros compromisos políticos, como el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas, las competencias migratorias y la financiación de Cataluña.