La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal lo ha absuelto, sin embargo, del delito de tráfico de influencias, por lo que no tendrá que ingresar en prisión. La sentencia no es firme y su defensa ya ha anunciado que presentará un recurso.
La condena a David Sánchez supone un nuevo episodio de gran impacto político y judicial para el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que el puesto público obtenido por el músico en la Diputación provincial fue creado y desarrollado mediante decisiones arbitrarias destinadas a favorecer sus intereses particulares.
El tribunal ha impuesto a David Sánchez una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el mismo periodo de inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo. Esto significa que, mientras la condena sea efectiva, no podrá ocupar determinados puestos públicos ni presentarse como candidato en unas elecciones.
La resolución, conocida este martes 14 de julio, no es firme. La defensa ha comunicado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por lo que la situación jurídica definitiva dependerá de lo que resuelvan las instancias superiores.
Recreación editorial de la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a David Sánchez nueve años de inhabilitación en una sentencia que todavía puede ser recurrida.
La sentencia considera que la plaza fue creada para favorecerle
El origen del procedimiento se encuentra en la contratación de David Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. La convocatoria se publicó en octubre de 2016 y el nombramiento se produjo en julio de 2017.
La Audiencia sostiene que existió un plan para desarrollar actuaciones administrativas arbitrarias destinadas a beneficiar al futuro adjudicatario. Según el razonamiento del tribunal, la plaza fue creada sin que existiera una necesidad administrativa real o urgente y terminó respondiendo al interés particular de David Sánchez, en lugar de atender al interés general.
La resolución considera que el puesto público fue diseñado con unas características que favorecieron al hermano del presidente y que, posteriormente, sus funciones fueron modificadas para adaptarlas a sus intereses profesionales relacionados con la música y la ópera.
El tribunal también cuestiona la falta de control sobre el cumplimiento de las obligaciones asociadas al puesto. Entre otros elementos, señala que David Sánchez no residía en Badajoz, que no consta que se desplazara regularmente hasta su lugar de trabajo y que tampoco estaba autorizado formalmente para teletrabajar.
David Sánchez queda absuelto de tráfico de influencias
Uno de los elementos más importantes de la sentencia es la absolución de David Sánchez por el delito de tráfico de influencias. Esta acusación podía haber implicado una pena de prisión, pero el tribunal considera que no se ha probado que el acusado, su hermano o alguna persona de su entorno ejercieran presiones para conseguir la creación o adjudicación de la plaza.
La Audiencia reconoce que no ha podido acreditarse que la decisión de contratarlo se produjera a petición directa de David Sánchez, ni que alguien utilizara su posición política, personal o jerárquica para influir sobre los responsables de la Diputación.
Por tanto, la sentencia establece una diferencia relevante: considera probado que el procedimiento administrativo fue arbitrario y que David Sánchez conocía que estaba siendo favorecido, pero no aprecia pruebas suficientes para concluir que existieron presiones vinculadas a la posición política de Pedro Sánchez.
La absolución por tráfico de influencias evita la pena de cárcel que solicitaban varias acusaciones populares. Algunas de ellas habían llegado a pedir hasta seis años de prisión para el hermano del presidente del Gobierno.
Infografía sobre la condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa y su absolución por tráfico de influencias.
La Fiscalía había solicitado la absolución
Durante el juicio, celebrado entre el 28 de mayo y el 9 de junio de 2026, la Fiscalía no formuló acusación contra David Sánchez y pidió la absolución de los once procesados. Las defensas mantuvieron la misma posición y sostuvieron que no existían pruebas suficientes para demostrar una contratación irregular.
En sentido contrario, las acusaciones populares afirmaron que el proceso de selección había sido una simulación y que la plaza se había creado expresamente para beneficiar a David Sánchez.
Recreación editorial del procedimiento judicial examinó la creación de la plaza que David Sánchez obtuvo en la Diputación de Badajoz en 2017.
Antes de entrar en el fondo del caso, el tribunal declaró prescrito el supuesto delito de aceptación de nombramiento ilegal. El juicio continuó por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, aunque finalmente solo se ha producido una condena por el primero.
La defensa ha calificado el fallo de “absolutamente injusto”, ha denunciado la existencia de lagunas en su argumentación y ha confirmado que presentará un recurso. La revisión de la sentencia podría prolongar el procedimiento durante los próximos meses.
Gallardo recibe una condena de 18 años de inhabilitación
La resolución también afecta al expresidente de la Diputación de Badajoz y antiguo líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El tribunal lo considera responsable de dos delitos de prevaricación administrativa y le impone un total de 18 años de inhabilitación.
Otros acusados relacionados con la Diputación también han recibido condenas por cooperación necesaria en un delito de prevaricación. En total, el procedimiento se ha desarrollado contra once personas vinculadas, directa o indirectamente, con la creación de la plaza, el proceso selectivo y la posterior gestión del puesto.
La Audiencia entiende que las decisiones adoptadas constituyeron un ejercicio arbitrario del poder público destinado a beneficiar a personas concretas. La sentencia también impone a los condenados una parte de las costas procesales.
El Gobierno confía en que la condena sea revocada
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha expresado el respeto del Ejecutivo por el procedimiento judicial, aunque ha asegurado que mantiene su confianza en la inocencia de David Sánchez. El Gobierno espera que los tribunales superiores revisen la resolución y terminen anulando la condena.
El Partido Popular ha utilizado el fallo para intensificar sus críticas contra Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la resolución demuestra que nadie está por encima de la ley y ha vuelto a exigir responsabilidades políticas al presidente.
Vox también ha reaccionado con dureza, mientras dirigentes del PSOE y representantes de algunos partidos que apoyan parlamentariamente al Ejecutivo han cuestionado la proporcionalidad de la pena.
La sentencia aumenta así la presión política sobre Pedro Sánchez, aunque el tribunal no atribuye al presidente del Gobierno ninguna participación en la contratación de su hermano. Tampoco considera demostrado que su posición dentro del PSOE fuera utilizada para influir sobre los responsables provinciales.
La última palabra corresponderá a los tribunales superiores
La condena conocida este martes representa un importante revés judicial para David Sánchez, pero no cierra definitivamente el procedimiento. Al tratarse de una sentencia recurrible, la defensa podrá solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que revise la valoración de las pruebas y la interpretación jurídica realizada por la Audiencia Provincial.
Posteriormente, dependiendo del contenido de la resolución, todavía podrían existir otras vías de recurso ante el Tribunal Supremo.
Hasta que el fallo sea firme, David Sánchez mantiene su derecho a recurrir y a defender su inocencia. La futura resolución de los tribunales superiores determinará si la condena a nueve años de inhabilitación queda confirmada, es modificada o resulta anulada.