El gobernador mexicano Rubén Rocha Moya ha solicitado una nueva licencia temporal apenas un día después de retomar el control del Gobierno de Sinaloa. Su decisión llega tras el distanciamiento de Morena y las críticas de Claudia Sheinbaum, mientras continúa abierta en México la investigación relacionada con las acusaciones formuladas contra él por fiscales estadounidenses.
Una vuelta al poder que apenas duró un día
La crisis política en Sinaloa ha dado un nuevo giro. Rubén Rocha Moya comunicó al Congreso estatal una nueva solicitud para separarse temporalmente del cargo, con carácter indefinido y por un periodo superior a 30 días. La petición se produjo después de que el gobernador hubiera retomado oficialmente sus funciones el viernes 21 de agosto, tras permanecer más de tres meses apartado del Gobierno estatal.
Rocha anunció su decisión mediante una carta dirigida al Poder Legislativo de Sinaloa y difundida a través de su cuenta oficial en X. En ella sostuvo que Sinaloa, México y el denominado movimiento de transformación debían situarse por encima de cualquier consideración individual. El movimiento supone un rápido cambio de posición después de que el gobernador hubiera defendido solo unas horas antes su derecho a regresar al puesto para el que fue elegido.
El dirigente de Morena había estado alejado del cargo desde comienzos de mayo. En aquella ocasión, el Congreso de Sinaloa aprobó su licencia y nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde. Su separación se produjo después de que fiscales federales de Estados Unidos presentaran cargos contra Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
La reincorporación del mandatario provocó, sin embargo, una reacción inmediata tanto en el Gobierno federal como dentro de Morena. Reuters informó de que el partido aseguró no haber tenido conocimiento previo de la decisión, mientras la Secretaría de Gobernación mexicana subrayó que se trataba de una determinación personal de Rocha y recordó que las investigaciones en México permanecían abiertas.
Las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya
El origen de la crisis se encuentra en la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía estadounidense del Distrito Sur de Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció entonces cargos contra Rocha Moya y otras nueve personas, entre ellas funcionarios actuales y antiguos del estado de Sinaloa.
Según la acusación estadounidense, los investigados habrían conspirado presuntamente con dirigentes de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa, para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Algunos de los acusados afrontan además imputaciones relacionadas con armas. El propio Departamento de Justicia recalca que los hechos recogidos en la acusación son alegaciones y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
Rocha Moya ha negado las acusaciones y sostiene que no existen pruebas que demuestren su colaboración con el narcotráfico. Tras regresar al cargo, afirmó que las autoridades mexicanas no habían encontrado elementos suficientes para respaldar las imputaciones procedentes de Estados Unidos y calificó el procedimiento estadounidense como políticamente motivado.
La posición del Gobierno de México también ha sido diferente a la de Washington. La Administración de Sheinbaum ha sostenido que Estados Unidos no había entregado pruebas suficientes para justificar la detención o extradición del gobernador, aunque la Fiscalía General de la República mantiene su propia investigación sobre los funcionarios señalados.
Recreación editorial de la cooperación entre México y Estados Unidos por el caso Rubén Rocha Moya Sinaloa
Sheinbaum eleva la presión política
La nueva solicitud de licencia llegó después de un mensaje especialmente contundente de Claudia Sheinbaum. Sin mencionar directamente al gobernador de Sinaloa, la presidenta mexicana afirmó que ningún interés personal debía situarse por encima de los intereses del pueblo y de la nación y advirtió contra el ejercicio del poder sin principios.
Preguntada posteriormente por los periodistas, Sheinbaum confirmó que no había hablado previamente con Rocha sobre su regreso al Gobierno estatal y que conoció la decisión a través de las redes sociales. Morena y la Secretaría de Gobernación también se desmarcaron públicamente de la reincorporación.
Horas después de esas declaraciones, Rocha presentó su nueva petición al Congreso. El episodio evidencia una situación política especialmente delicada para Morena: el gobernador pertenece al mismo partido que la presidenta y las acusaciones estadounidenses afectan también a otros cargos políticos y responsables de seguridad de Sinaloa.
El dirigente sinaloense se convirtió además en el primer gobernador mexicano en ejercicio acusado formalmente por fiscales estadounidenses, según Reuters. Esa circunstancia transforma un procedimiento judicial en un asunto con importantes consecuencias políticas y diplomáticas para los dos países.
Un caso que pone a prueba la relación entre México y Estados Unidos
La investigación se produce en un momento de fuerte presión estadounidense sobre México para intensificar las actuaciones contra los cárteles. Al mismo tiempo, el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en que cualquier cooperación bilateral debe respetar la soberanía mexicana y que las actuaciones judiciales contra ciudadanos y funcionarios del país deben estar respaldadas por pruebas suficientes.
La tensión es especialmente relevante en Sinaloa, uno de los centros históricos de actividad del narcotráfico mexicano y escenario de enfrentamientos entre organizaciones criminales. El caso Rocha amplía el debate desde el ámbito estrictamente policial hacia las estructuras políticas y administrativas del estado, algo que puede incrementar el escrutinio sobre las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
Recreación editorial del Congreso de Sinaloa debe tramitar la nueva solicitud presentada por el gobernador conforme al marco constitucional estatal.
Para Sheinbaum, la situación plantea un equilibrio complejo. Por un lado, su Gobierno ha rechazado cualquier intervención estadounidense que considere una vulneración de la soberanía. Por otro, Morena ha insistido en que ningún cargo público debe recibir protección política si las investigaciones mexicanas demuestran la comisión de delitos. AP recogió ya en mayo que la presidenta defendía que cualquier eventual proceso basado en pruebas sólidas debía desarrollarse en México.
Qué ocurre ahora con el Gobierno de Sinaloa
La nueva carta de Rocha solicita una licencia temporal indefinida y superior a 30 días. Al cierre de esta información, lo anunciado públicamente es la presentación de la solicitud ante el Congreso de Sinaloa, que deberá tramitarla conforme a la Constitución estatal.
Paralelamente, el futuro judicial del gobernador depende de investigaciones que se desarrollan a ambos lados de la frontera. Estados Unidos mantiene vigente su acusación, mientras las autoridades mexicanas continúan sus propias diligencias y han señalado hasta ahora que no disponen de elementos suficientes para proceder contra Rocha en los términos reclamados por Washington.
El episodio convierte a Sinaloa en uno de los principales focos políticos de México. En apenas unas horas, Rocha pasó de anunciar su regreso y reivindicar su inocencia a solicitar nuevamente su salida temporal, después de perder el respaldo público del Gobierno federal y de buena parte de su propio partido.