La Guardia Civil (UCO) sostiene que Santos Cerdán y varios miembros de su familia habrían disfrutado durante casi una década de alquileres, vehículos, salarios y otros gastos sufragados por Servinabar y sociedades relacionadas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado nuevamente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el centro de la investigación sobre las presuntas comisiones relacionadas con adjudicaciones de obra pública.
Un informe patrimonial de 163 páginas cifra en 323.178,41 euros los beneficios económicos que, según los investigadores, habrían recibido Cerdán y varios integrantes de su entorno familiar entre 2015 y 2024.
El documento no limita esos beneficios a transferencias directas de dinero. Incluye alquileres de viviendas, vehículos, mobiliario, gastos pagados con tarjetas de empresa y salarios abonados a familiares mediante diferentes sociedades.
La Guardia Civil considera que buena parte de esos recursos habría procedido directa o indirectamente de Servinabar 2000, empresa navarra administrada por el empresario Joseba Antxon Alonso y vinculada por los investigadores con Cerdán. El exdirigente socialista ha negado reiteradamente ser propietario de la compañía y rechaza haber participado en actividades ilegales.
Infografía de como la UCO atribuye 323.178 euros en beneficios a Santos Cerdán y varios miembros de su familia entre 2015 y 2024, según el informe patrimonial sobre Servinabar y las adjudicaciones de obra pública investigadas.
El informe de la UCO sobre Santos Cerdán cifra 323.178 euros
La primera conclusión relevante es la cuantificación realizada por los agentes. La UCO sostiene que Cerdán y algunos de sus familiares disfrutaron de, al menos, 323.178,41 euros procedentes de Servinabar y de otras empresas relacionadas con el entorno de Antxon Alonso.
El periodo analizado comprende desde 2015 hasta 2024. Sin embargo, los investigadores destacan que los beneficios alcanzaron sus niveles más altos entre 2019 y 2023.
Ese intervalo incluye la etapa en la que José Luis Ábalos ocupó el Ministerio de Transportes y los primeros años posteriores a su salida, cuando Cerdán lo sustituyó como secretario de Organización del PSOE.
El informe también identifica 18.261 euros ingresados en efectivo entre 2014 y 2017 cuyo origen considera aparentemente desconocido. Para la Guardia Civil, estos movimientos podrían indicar la existencia de una fuente de ingresos que no figuraba en la documentación tributaria y bancaria examinada.
Los agentes señalan además un cambio en el comportamiento financiero de Cerdán desde 2019. Hasta entonces realizaba retiradas habituales de efectivo, pero posteriormente esas disposiciones disminuyeron de manera considerable mientras sus gastos con tarjeta se mantuvieron.
La UCO interpreta este cambio como un posible indicio de que algunos gastos cotidianos comenzaron a cubrirse mediante otros recursos. Esa hipótesis deberá ser valorada por el juez junto con el resto de las pruebas.
Servinabar vuelve a aparecer como pieza central
Servinabar es una de las sociedades fundamentales de la investigación. La empresa fue constituida en Navarra en 2015 y, según la UCO, habría actuado como vehículo para sufragar gastos vinculados a Cerdán y su familia.
Los investigadores sostienen que el exdirigente socialista adquirió en 2016 un 45% de la compañía mediante un contrato privado. Cerdán niega que esa operación llegara a ejecutarse, argumentando que no fue formalizada mediante escritura pública y que no realizó el pago correspondiente.
El propio informe reconoce que no ha localizado en las cuentas analizadas el supuesto pago de 6.000 euros por aquellas participaciones. Pese a ello, la Guardia Civil mantiene la hipótesis de que Cerdán ejercía una influencia efectiva sobre la sociedad y disponía de parte de sus recursos.
Recreación editorial de cómo Servinabar recibió la mayor parte de sus ingresos de proyectos relacionados con Acciona, según el análisis económico de la Guardia Civil.
La relación económica entre Servinabar y Acciona constituye otro de los puntos destacados. Según el análisis policial, Servinabar ingresó aproximadamente 8,65 millones de euros entre 2015 y 2025, de los cuales unos 7,5 millones estuvieron relacionados con Acciona o con proyectos vinculados a la constructora.
Esta cantidad representa alrededor del 87% de los ingresos de la empresa navarra. El porcentaje habría alcanzado el 95,72% en 2019 y el 99,81% en 2020, coincidiendo con la etapa de Ábalos al frente de Transportes y con adjudicaciones que ahora están siendo investigadas.
La existencia de estos pagos no demuestra por sí sola que fueran ilegales. La investigación debe determinar si respondían a trabajos reales o si estaban relacionados con el presunto cobro de comisiones por contratos públicos.
Alquileres, vehículos, tarjetas y salarios familiares
La cifra de 323.178 euros reúne diferentes conceptos. La Guardia Civil incluye alquileres de viviendas en Madrid, renting de vehículos, mobiliario y gastos personales abonados mediante una tarjeta bancaria de Servinabar.
Los investigadores atribuyen a Cerdán el uso de una tarjeta empresarial con la que se realizaron 437 operaciones entre diciembre de 2021 y febrero de 2024. Los cargos alcanzaron aproximadamente 33.711 euros e incluían restauración, transporte, alojamiento, alimentación y disposiciones de efectivo.
El informe también analiza los trabajos y salarios de varios familiares. Uno de los episodios más relevantes afecta a Francisca Muñoz, esposa de Cerdán.
Según la documentación recabada, Muñoz recibió 18.780 euros entre 2023 y 2024 de Lorgen Genética Proteómica, una empresa de Armilla, en Granada. La propia compañía explicó a los agentes que había sido contratada como auxiliar administrativa, aunque reconoció que nunca trabajó allí y que sus responsables no mantuvieron contacto con ella.
La UCO considera que la contratación pudo utilizarse para hacer llegar a Muñoz una asignación mensual cercana a los 1.300 euros mediante una sociedad conectada con empresarios del entorno de Servinabar.
Estas conclusiones forman parte de un informe policial y todavía deben ser examinadas durante el procedimiento judicial. Las personas afectadas conservan plenamente su presunción de inocencia.
Recreación editorial de Servinabar negoció la adquisición de una vivienda valorada en 985.000 euros, aunque la operación finalmente no llegó a cerrarse.
El intento de comprar un piso próximo al millón de euros
Otro de los episodios recogidos en el documento es la negociación para adquirir una vivienda en el centro de Madrid destinada, según la UCO, a Cerdán y su esposa.
La operación se desarrolló entre septiembre de 2021 y comienzos de 2022. El inmueble estaba valorado en 985.000 euros, a los que habría que añadir una reforma estimada en otros 350.000 euros.
Servinabar figuraba formalmente como compradora y abonó una señal de 9.000 euros. Cerdán, su esposa y Antxon Alonso participaron en visitas y gestiones relacionadas con la vivienda, según la reconstrucción de los investigadores.
La compra finalmente no se materializó por desacuerdos con la parte vendedora y la señal fue devuelta a Servinabar en enero de 2022. Para la Guardia Civil, aunque la sociedad iba a aparecer como propietaria, los beneficiarios reales del inmueble habrían sido Cerdán y su mujer.
El intento de adquisición tiene relevancia porque, según la UCO, podría demostrar que el exdirigente socialista tenía capacidad para utilizar fondos de Servinabar en operaciones destinadas a su vida personal.
La investigación patrimonial continúa abierta
La entrega del informe no concluye la investigación. Los agentes han solicitado autorización judicial para obtener información de cinco entidades bancarias relacionada con productos financieros de cuatro familiares directos de Cerdán.
La Guardia Civil quiere analizar con mayor profundidad las cuentas de su esposa, su hija, su hermana y su cuñado. El objetivo es determinar si existieron otros movimientos vinculados con Servinabar o con las sociedades relacionadas con Antxon Alonso.
Santos Cerdán está investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho dentro de la causa sobre las adjudicaciones de obra pública. Tras permanecer varios meses en prisión provisional, fue puesto en libertad condicionada en noviembre de 2025.
El antiguo dirigente socialista ha negado haber cobrado comisiones, rechaza ser propietario efectivo de Servinabar y sostiene que no participó en el amaño de contratos. Hasta que exista una sentencia firme, las conclusiones de la UCO constituyen indicios policiales sometidos a valoración judicial.