Un mes después del doble terremoto que devastó el norte de Venezuela, el país afronta una emergencia que supera ampliamente la pérdida de edificios e infraestructuras. El Banco Mundial calcula que los daños físicos directos alcanzan los 19.600 millones de dólares, mientras que una reconstrucción segura podría elevar la factura hasta cerca de 50.000 millones.
El terremoto de Venezuela 2026 alcanza una dimensión histórica
El terremoto de Venezuela 2026 se ha convertido en una de las mayores catástrofes humanitarias y económicas de la historia reciente de Latinoamérica. Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el norte del país el pasado 24 de junio con apenas unos segundos de diferencia.
La sucesión de los temblores provocó el colapso de edificios residenciales, daños en hospitales, colegios, carreteras y redes de servicios básicos. El estado costero de La Guaira y distintos sectores de Caracas se encuentran entre las zonas más afectadas.
El último balance oficial citado por EFE elevó a 5.398 el número de fallecidos, mientras que los heridos se mantienen en 16.740. Las autoridades han advertido de que el número de víctimas todavía puede aumentar a medida que continúan la retirada de escombros y la localización de personas desaparecidas.
El Banco Mundial considera que se trata del terremoto más mortífero registrado en Venezuela desde el gran sismo de 1812. Cerca de 18.000 personas han perdido sus viviendas, una cifra que obliga a mantener campamentos temporales y alojamientos de emergencia durante un periodo que podría prolongarse durante meses.
Una factura directa de 19.600 millones de dólares
La primera estimación rápida elaborada por el Banco Mundial sitúa los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares. El análisis se realizó mediante modelos sísmicos, imágenes de satélite, información local y datos proporcionados por las autoridades y las organizaciones humanitarias desplegadas en el terreno.
La evaluación muestra que el 47 % de los daños corresponde a edificios residenciales. Otro 27 % afecta a carreteras, redes y otras infraestructuras, mientras que el 26 % restante se concentra en comercios, instalaciones públicas y construcciones no residenciales.
Esta cifra no representa, sin embargo, el coste definitivo de la crisis. Los 19.600 millones calculados corresponden fundamentalmente al valor de los bienes destruidos o dañados, pero no incluyen todas las pérdidas económicas generadas por la paralización de empresas, la suspensión de servicios, el desplazamiento de trabajadores o la caída de la actividad productiva.
El Banco Mundial prevé que la disponibilidad de mano de obra pueda reducirse aproximadamente un 1 % durante 2026 como consecuencia de las muertes, las lesiones, los desplazamientos y las dificultades para regresar a los centros de trabajo.
Recreación editorial de la reconstrucción de viviendas e infraestructuras resistentes a futuros terremotos podría acercarse a los 50.000 millones de dólares.
Por qué la reconstrucción podría alcanzar los 50.000 millones
Reconstruir no significa únicamente levantar de nuevo los edificios destruidos. Las nuevas viviendas, hospitales, colegios y carreteras tendrán que cumplir criterios de mayor resistencia sísmica para evitar que una catástrofe similar produzca las mismas consecuencias.
A los costes de construcción se sumarán la demolición de estructuras inestables, la retirada y clasificación de millones de toneladas de escombros, la recuperación de servicios públicos y la reordenación de determinadas áreas urbanas consideradas vulnerables.
Por este motivo, el Banco Mundial calcula que una reconstrucción más segura puede costar entre dos y dos veces y media el valor directo de los bienes dañados. En el escenario más exigente, la factura podría situarse cerca de los 50.000 millones de dólares.
El organismo trabaja con las autoridades venezolanas, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para preparar una evaluación más completa. Este estudio deberá establecer las necesidades concretas de financiación y las prioridades de cada territorio.
La velocidad de la reconstrucción tendrá un efecto decisivo sobre la economía. Sin una inversión pública y privada suficiente, la capacidad productiva y el producto interior bruto venezolano podrían permanecer por debajo de los niveles anteriores al terremoto hasta, al menos, 2036, según las estimaciones recogidas por Reuters.
La Guaira afronta millones de toneladas de escombros
La Guaira concentra buena parte de los trabajos de emergencia. El balance oficial difundido el 20 de julio contabilizaba 856 edificios afectados y 190 completamente colapsados, además de 23.820 personas alojadas en 107 campamentos transitorios.
La retirada de los materiales se ha convertido en uno de los mayores problemas logísticos. Una estimación conjunta del Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elevó a más de dos millones de toneladas el volumen de escombros generado por el desastre.
Los restos contienen hormigón, acero, vehículos, combustibles, mobiliario, productos químicos y efectos personales. Su tratamiento exige separar los materiales peligrosos y evitar que sean depositados cerca del mar, de los cursos de agua o en terrenos sin acondicionar.
Especialistas consultados por EFE consideran que una parte importante del hormigón y del acero podría reciclarse y utilizarse durante la reconstrucción. No obstante, el proceso requiere maquinaria, zonas de almacenamiento seguras y controles ambientales que actualmente resultan insuficientes en algunas áreas.
680.000 niños necesitan asistencia humanitaria
La emergencia también ha deteriorado el acceso a agua potable, sanidad y educación. UNICEF estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, entre ellas alrededor de 680.000 niños y adolescentes.
En el Distrito Capital, una evaluación preliminar identificó daños en 432 colegios, más de un tercio de los centros educativos de la zona. Algunas escuelas que permanecen en condiciones seguras están siendo utilizadas como refugios para las familias desplazadas.
Los hospitales de La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua y Falcón también han sufrido daños. Esta situación ha aumentado la presión sobre los centros que continúan abiertos y dificulta la atención a menores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.
UNICEF calcula que necesita actualmente 65,7 millones de dólares para responder a la emergencia. Su objetivo es proporcionar asistencia sanitaria, agua, saneamiento, nutrición, protección infantil y educación a unas 470.000 personas, entre ellas 169.000 menores.
La organización ya ha enviado cargamentos con material médico, sistemas de purificación y almacenamiento de agua, tiendas para espacios infantiles, sillas de ruedas y suministros educativos. Sin embargo, advierte de que la financiación internacional será esencial para mantener las operaciones durante los próximos meses.
Recreación editorial de UNICEF estima que 1,8 millones de personas, incluidos 680.000 menores, necesitan asistencia tras los terremotos.
El reto de financiar la recuperación venezolana
La reconstrucción llega en un momento de gran fragilidad económica. El Banco Mundial señala que más del 76 % de la población venezolana vive en situación de pobreza y que alrededor de 7,9 millones de personas han abandonado el país desde 2015.
El Gobierno tendrá que combinar sus recursos con créditos multilaterales, cooperación internacional y capital privado. Un aumento excesivo del endeudamiento agravaría la presión sobre las finanzas públicas, aunque una reconstrucción bien planificada también podría generar empleo, impulsar el sector de la construcción y recuperar parte de la capacidad productiva.
Otro factor será la capacidad de garantizar que la ayuda humanitaria, la maquinaria y los materiales puedan llegar a las zonas afectadas sin obstáculos administrativos o financieros. Naciones Unidas ha pedido que las restricciones internacionales no interfieran con las operaciones destinadas a atender a la población.
La reconstrucción deberá priorizar hospitales, agua potable, viviendas, colegios y conexiones por carretera. También será necesario reforzar las normas de construcción y revisar el desarrollo urbano en las zonas próximas a fallas sísmicas o terrenos inestables.