La expansión de la vigilancia con IA en Argentina ha vuelto al centro del debate después de que una investigación difundida este miércoles alertara sobre el uso creciente de reconocimiento facial, análisis de redes sociales, drones y otras tecnologías por parte del Estado. La normativa oficial confirma que varias de estas herramientas forman parte de las capacidades previstas para las fuerzas de seguridad.
Qué denuncia el informe sobre la vigilancia con IA en Argentina
El uso de herramientas de inteligencia artificial para tareas de seguridad pública ha abierto una nueva controversia en Argentina. Una investigación de Amnistía Internacional recogida por la Agencia EFE sostiene que durante los últimos dos años aumentó la capacidad del Estado para recopilar y analizar información mediante sistemas automatizados bajo la presidencia de Javier Milei.
Según los datos citados por EFE, entre 2024 y 2025 el Gobierno argentino adquirió tecnologías de vigilancia por un importe aproximado de 1,2 millones de dólares. Entre ellas figurarían herramientas destinadas al seguimiento de redes sociales, reconocimiento facial y vigilancia aérea. La cifra y la descripción de las adquisiciones proceden del informe presentado por la organización, por lo que deben distinguirse de las capacidades que sí aparecen expresamente recogidas en la normativa oficial.
La investigación se basa, según EFE, en 21 entrevistas realizadas a periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores de derechos humanos, además de documentación contractual y datos obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información. La organización sostiene que algunas de las personas consultadas han reducido su participación en protestas o modificado su comportamiento por temor a ser identificadas.
Las conclusiones plantean así una cuestión que trasciende a Argentina: hasta dónde puede llegar el empleo de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas cuando el objetivo declarado es prevenir delitos y reforzar la seguridad, pero las herramientas permiten al mismo tiempo recopilar, cruzar y analizar enormes cantidades de información sobre ciudadanos.
La unidad de inteligencia artificial creada para la seguridad
Una parte esencial del debate puede comprobarse directamente en la legislación argentina.
El Ministerio de Seguridad creó en julio de 2024 la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) mediante la Resolución 710/2024. Su misión oficial es utilizar inteligencia artificial para la prevención, detección, investigación y persecución del delito.
La resolución establece un catálogo amplio de funciones. La unidad puede patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones, páginas de Internet y la denominada “dark web” para investigar delitos e identificar a posibles autores. También contempla comparar imágenes, analizar cámaras de seguridad en tiempo real y utilizar sistemas de reconocimiento facial para localizar a personas buscadas.
La normativa incluye además la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático sobre datos históricos de criminalidad con el objetivo declarado de anticipar futuros delitos, así como el procesamiento de grandes volúmenes de información para establecer perfiles de sospechosos o detectar conexiones entre investigaciones.
Otra de las funciones recogidas oficialmente es el uso de drones para vigilancia aérea y respuesta ante emergencias. La unidad también puede analizar actividades en redes sociales para detectar potenciales amenazas, seguir movimientos de organizaciones delictivas o anticipar disturbios.
Por tanto, la existencia de estas capacidades no procede únicamente de las denuncias publicadas esta semana: algunas están expresamente establecidas desde 2024 en la regulación que creó la UIAAS. Lo que cuestiona ahora la investigación difundida por EFE es el alcance que habría adquirido su utilización y las garantías existentes para impedir usos abusivos.
Seguridad frente a privacidad y derechos civiles
La creación de esta unidad ya generó inquietud desde sus primeros meses. En agosto de 2024, The Guardian informó sobre las dudas expresadas por expertos y organizaciones respecto al empleo de sistemas destinados a predecir delitos o reconocer personas mediante inteligencia artificial. El debate se centraba especialmente en el riesgo de que determinados colectivos fueran sometidos a un escrutinio desproporcionado y en quién tendría acceso a los datos obtenidos.
El Gobierno justificó en la propia Resolución 710/2024 la incorporación de estas tecnologías por su potencial para aumentar la eficacia y rapidez de las fuerzas de seguridad. La norma cita aplicaciones internacionales de inteligencia artificial en análisis de vídeo, reconocimiento facial, ciberseguridad, drones, análisis de datos y detección de fraude.
El problema no reside, por tanto, únicamente en la existencia de la tecnología, sino en cuestiones como los criterios para utilizarla, los datos que pueden almacenarse, el tiempo durante el que se conservan, quién puede acceder a ellos y qué mecanismos existen para controlar posibles errores o abusos.
Los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, permiten automatizar una tarea que anteriormente requería revisar manualmente imágenes. Al mismo tiempo, su aplicación a grandes redes de cámaras multiplica la capacidad potencial de seguimiento. Algo parecido ocurre con las herramientas que analizan redes sociales: pueden ayudar a identificar amenazas reales, pero también plantean interrogantes cuando el seguimiento alcanza actividades políticas o sociales legítimas.
Milei y una apuesta más amplia por la inteligencia artificial
La controversia aparece además en un momento en el que Javier Milei ha situado la inteligencia artificial entre los sectores tecnológicos que Argentina quiere desarrollar y atraer.
En junio, El País informó de la defensa del presidente argentino de nuevas estructuras legales para empresas administradas mediante inteligencia artificial y de iniciativas destinadas a captar grandes inversiones en industrias tecnológicas emergentes. Esas propuestas también han provocado discusiones sobre regulación, responsabilidad y protección de datos.
La vigilancia con IA en Argentina representa una vertiente diferente de esa estrategia tecnológica: aquí no se discute principalmente sobre inversiones empresariales o innovación económica, sino sobre el uso directo de algoritmos por organismos estatales vinculados a la seguridad.
La cuestión será especialmente relevante a medida que herramientas capaces de combinar reconocimiento facial, análisis automatizado de imágenes, bases de datos y seguimiento de redes sociales se vuelvan más potentes y accesibles.
Para Argentina, el reto consiste en equilibrar dos objetivos que no son necesariamente incompatibles: aprovechar nuevas tecnologías para combatir el delito y mantener límites suficientes para proteger la privacidad, la libertad de expresión y el derecho de protesta.