Disturbios por una protesta contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei terminó este jueves con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso argentino. Fuentes oficiales y médicas sitúan el balance en 12 detenidos y al menos cinco heridos, después de una jornada marcada por gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
La protesta frente al Congreso termina en enfrentamientos
Buenos Aires vivió este jueves 6 de agosto una nueva jornada de tensión política y social. Cientos de personas se concentraron alrededor del Congreso mientras el Senado debatía el proyecto conocido oficialmente como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo de Javier Milei dentro de su estrategia de desregulación económica.
La movilización reunió a organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones políticas, colectivos estudiantiles y ciudadanos independientes. Pese a las fuertes lluvias que afectaron a la capital argentina, los manifestantes permanecieron frente al Palacio Legislativo bajo consignas contra el proyecto y, especialmente, contra los cambios relacionados con tierras, desalojos y expropiaciones.
La protesta había comenzado sin incidentes graves, según la información publicada por RTVE a partir de EFE. La situación cambió cuando las fuerzas de seguridad situadas detrás del vallado que rodeaba el Congreso comenzaron a utilizar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua procedentes de vehículos policiales para desalojar el espacio situado frente al edificio.
Los agentes avanzaron posteriormente sobre la plaza y las calles próximas. Durante esa fase se produjeron enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y las fuerzas desplegadas.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que algunos participantes quemaron contenedores, dañaron partes de la vía pública y rompieron los cristales de un vehículo policial. Las autoridades informaron inicialmente de nueve detenciones realizadas por la policía porteña, a las que posteriormente se sumaron otras tres practicadas por fuerzas federales.
Recreación editorial de organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles participaron en la movilización convocada frente al Congreso argentino.
12 detenidos y cinco heridos durante los disturbios
El balance provisional de la jornada asciende a 12 personas detenidas y al menos cinco heridas.
Cuatro de los heridos son agentes de las fuerzas de seguridad, según fuentes oficiales. Una fotoperiodista también tuvo que recibir atención médica después de sufrir un traumatismo craneal tras recibir un golpe en la cabeza y fue trasladada a un hospital cercano.
Associated Press confirmó igualmente los enfrentamientos registrados mientras el Senado argentino se encontraba reunido para debatir la reforma sobre la propiedad de la tierra.
La protesta supone un nuevo episodio de tensión en torno a las reformas estructurales impulsadas por Milei, aunque el detonante político de esta movilización presenta una particularidad: el Gobierno había retirado pocas horas antes uno de los apartados que más rechazo había generado.
Milei retira a última hora la venta de tierras a extranjeros
La parte más polémica del proyecto afectaba directamente a la compra de grandes extensiones de tierras argentinas por personas y empresas extranjeras.
La legislación actualmente vigente establece que los propietarios extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales a escala nacional, provincial o municipal. También establece límites adicionales, entre ellos un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo propietario extranjero en la denominada zona núcleo agropecuaria.
La propuesta inicial del Ejecutivo pretendía eliminar ese límite.
El Gobierno defendió durante meses que las restricciones dificultaban la entrada de capital extranjero en sectores como agricultura, minería, petróleo, puertos o industria forestal. Reuters informó ya en marzo de que el Ejecutivo preparaba una reforma destinada precisamente a flexibilizar la propiedad extranjera de terrenos rurales para favorecer grandes inversiones.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegó a estimar que la liberalización podía contribuir a atraer aproximadamente 15.000 millones de dólares en inversiones.
Sin embargo, el proyecto encontró resistencia incluso entre sectores que habitualmente colaboran parlamentariamente con La Libertad Avanza.
El Ejecutivo intentó primero introducir una solución intermedia: elevar del 15% al 25% el máximo permitido de propiedad extranjera. La falta de apoyos terminó obligándolo a dar otro paso atrás y retirar completamente ese capítulo antes del debate de este jueves.
La retirada no consiguió desactivar la movilización.
Por qué continuaron las protestas si Milei retiró la Ley de Tierras
La explicación está en que la extranjerización de tierras es solamente una parte de un proyecto legislativo mucho más amplio.
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propone también acelerar determinados procedimientos de desalojo, establecer nuevos límites a las expropiaciones realizadas por el Estado y modificar restricciones sobre terrenos rurales o bosques afectados anteriormente por incendios.
Por ese motivo, los colectivos convocantes decidieron mantener la protesta incluso después de conocerse la retirada del capítulo relacionado con los compradores extranjeros.
La polémica tiene además un componente social importante debido al posible impacto que los cambios en los procedimientos de desalojo pueden tener sobre barrios populares y ocupaciones irregulares.
El Gobierno presenta esas medidas desde una perspectiva diferente. Para Milei y los responsables económicos de su Administración, una protección más estricta del derecho de propiedad proporcionaría mayor seguridad jurídica a propietarios e inversores y reduciría la capacidad del Estado para intervenir sobre activos privados.
El propio Senado comenzó formalmente a estudiar el proyecto en abril. El ministro Sturzenegger defendió entonces ante los legisladores la propiedad privada como uno de los pilares de la libertad económica y de la estrategia del Gobierno para incrementar la inversión.
La tierra se convierte en una nueva batalla política en Argentina
La cuestión de la propiedad extranjera tiene una especial sensibilidad en Argentina por la enorme extensión de su territorio y la concentración de recursos naturales estratégicos.
Un estudio citado por RTVE calcula que cerca del 5% del territorio argentino, más de 13 millones de hectáreas, está actualmente en manos extranjeras. El porcentaje nacional permanece muy por debajo del límite legal del 15%, pero existen áreas concretas donde la concentración es considerablemente superior.
El debate afecta especialmente a territorios con recursos hídricos, minerales, bosques, zonas fronterizas o posiciones estratégicas.
Los detractores de la liberalización sostienen que permitir una mayor concentración de tierras en manos extranjeras podría debilitar el control nacional sobre determinados recursos. El Ejecutivo responde que las restricciones actuales desincentivan proyectos empresariales que necesitan grandes superficies.
La retirada del capítulo evita, al menos por ahora, una modificación inmediata de ese límite.
Pero el Gobierno ha presentado la decisión como un aplazamiento y no necesariamente como una renuncia definitiva. Según la información recogida por RTVE/EFE, el oficialismo sostiene que pretende trabajar en una nueva propuesta capaz de reunir más consenso parlamentario.
Recreación editorial de los disturbios registrados frente al Congreso argentino durante las protestas contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por Javier Milei.
Un nuevo frente para el Gobierno de Javier Milei
El episodio muestra las dificultades que continúa encontrando Milei cuando intenta trasladar al Congreso algunas de las reformas más profundas de su programa.
El Senado ya había pospuesto previamente la discusión. El pasado 16 de julio, 63 senadores votaron a favor de establecer un cuarto intermedio y trasladar el tratamiento del proyecto hasta el 6 de agosto.
Durante esas semanas, las negociaciones modificaron de forma significativa la iniciativa original.
La cuestión de las tierras terminó provocando una cesión política del Ejecutivo antes incluso de la votación, pero tampoco esa retirada logró impedir que las protestas terminaran derivando en una intervención policial.
La discusión continuará ahora alrededor del resto del proyecto y de su recorrido parlamentario. Si finalmente obtiene el respaldo del Senado, deberá pasar posteriormente a la Cámara de Diputados antes de poder convertirse en ley.