El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos-ley con nuevas medidas sobre vivienda después de que el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, desencadenara protestas y situara de nuevo el acceso a la vivienda en el centro del debate político. El paquete amplía la protección frente a determinados desahucios hasta 2030, regula alquileres temporales y por habitaciones, limita operaciones especulativas de determinados fondos y contempla prórrogas de contratos. Sin embargo, una de las medidas más controvertidas —la renovación automática de los alquileres— viaja en un segundo decreto y deberá superar una votación separada en el Congreso.
No existe oficialmente una “Ley Maricarmen”
El nombre ha ganado rápidamente espacio en el debate público, pero conviene realizar una primera precisión: el Gobierno no ha aprobado una norma denominada oficialmente “Ley Maricarmen”.
El Consejo de Ministros celebrado el 29 de septiembre de 2026 aprobó dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda. El primero adopta medidas urgentes para la protección de la función social y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. El segundo está destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La Moncloa
La denominación popular procede del caso de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid provocó una intensa reacción social. Las movilizaciones posteriores y la acampada instalada en la Puerta del Sol incrementaron la presión política sobre el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo en materia de vivienda.
El caso se convirtió así en el símbolo de una discusión mucho más amplia sobre los alquileres, los desahucios y la capacidad de las administraciones para proteger a personas vulnerables.
Protección frente a determinados desahucios hasta 2030
Una de las principales novedades anunciadas por el Ejecutivo es la ampliación hasta 2030 de determinadas medidas de protección frente a los desahucios.
Según la referencia oficial del Consejo de Ministros, el decreto contempla las suspensiones en determinados supuestos relacionados con fondos y la denominada enervación extraordinaria en procedimientos de desahucio por impago de rentas. La Moncloa
Esto no significa que todos los desahucios queden prohibidos en España hasta 2030. La aplicación de las medidas depende de las circunstancias y requisitos establecidos por la norma. Este matiz resulta especialmente importante ante algunos titulares que presentan la medida como una suspensión general de cualquier lanzamiento.
El debate tiene además una dimensión considerable: según los datos recogidos por RTVE, en 2025 se produjeron cerca de 25.000 lanzamientos en España, frente a unos 67.000 en 2015. Aunque la cifra total ha descendido, el peso de los relacionados con el alquiler aumentó: representaron aproximadamente el 75% de los lanzamientos de 2025.
Recreación editorial del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, desencadenó movilizaciones y aceleró las negociaciones políticas sobre las nuevas medidas de vivienda.
Los contratos que vencen antes de 2029 podrán prorrogarse dos años
El primer real decreto-ley incluye también una medida directamente relacionada con miles de hogares que viven de alquiler.
Los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán acogerse a una prórroga de dos años, según la información publicada oficialmente por La Moncloa.
La medida busca evitar que la finalización de contratos provoque salidas inmediatas de viviendas o renegociaciones especialmente bruscas en un momento de fuerte presión sobre el mercado del alquiler.
No debe confundirse, sin embargo, esta prórroga extraordinaria de dos años con la propuesta de convertir los contratos en renovables automáticamente. Esa segunda cuestión se encuentra en otro real decreto-ley.
Y precisamente ahí aparece una de las claves políticas de lo aprobado.
La renovación automática del alquiler queda en un decreto separado
PSOE y Sumar alcanzaron finalmente un acuerdo, pero el Gobierno decidió dividir las medidas en dos reales decretos-ley.
El segundo incorpora la renovación automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual. De esta forma, la medida puede ser sometida a una votación independiente de las demás disposiciones.
La separación no es un detalle menor. Según El País, el Ejecutivo optó por colocar esta medida en un texto diferente porque inicialmente no tenía garantizados los apoyos parlamentarios suficientes para su convalidación.
Por tanto, puede producirse un escenario en el que el Congreso respalde un decreto y rechace el otro.
Esta circunstancia explica por qué hablar simplemente de “aprobación de la Ley Maricarmen” puede resultar engañoso: el Consejo de Ministros ha dado luz verde a las normas, pero todavía falta el trámite parlamentario de convalidación.
Alquileres de temporada y habitaciones, bajo nuevas reglas
Otro de los objetivos del paquete es actuar sobre modalidades de alquiler que han ganado presencia durante los últimos años.
El primer decreto contempla específicamente la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones con el objetivo declarado de evitar usos fraudulentos de estas figuras. La Moncloa
La cuestión llevaba tiempo generando discusión porque los contratos temporales se rigen de manera diferente al alquiler habitual y han sido señalados por organizaciones de inquilinos como una vía utilizada en algunos casos para evitar determinadas limitaciones aplicables a los arrendamientos residenciales.
El Gobierno pretende cerrar parte de ese espacio regulatorio diferenciando con mayor claridad los alquileres verdaderamente temporales de aquellos que funcionan en la práctica como residencia habitual.
La aplicación concreta de estas disposiciones será uno de los elementos que habrá que analizar una vez que los textos completen su recorrido parlamentario y se conozca su desarrollo definitivo.
Restricciones a determinadas compras de fondos hasta 2028
El decreto incorpora además una de las medidas de mayor impacto sobre el mercado inversor: la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2028 de determinadas compras especulativas de vivienda por parte de los denominados fondos buitre, según la formulación utilizada por el Gobierno. La Moncloa
La medida está directamente relacionada con uno de los ejes del debate abierto tras el caso de Maricarmen.
El Ejecutivo defiende una mayor intervención para proteger la función residencial de la vivienda, mientras que desde otros ámbitos políticos se reclama que las políticas públicas se concentren en aumentar la oferta y proporcionar seguridad jurídica a los propietarios.
El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, defendió durante un debate en RTVE la colaboración público-privada y expresó dudas sobre el efecto de algunas de las medidas sobre la disposición de los propietarios a poner viviendas en alquiler. La ministra Isabel Rodríguez defendió, por su parte, la intervención estatal aprobada por el Gobierno.
El caso de Maricarmen también cambia de rumbo
Paralelamente al debate legislativo, la situación personal que dio origen a la movilización ha experimentado un giro.
La abogada de Maricarmen confirmó en RTVE que la mujer se encontraba “feliz y esperanzada” ante la posibilidad de regresar a su vivienda, después del acuerdo alcanzado con la empresa propietaria. Su regreso dependerá también de su evolución médica, ya que continuaba hospitalizada tras el desahucio.
Su caso individual, por tanto, avanza por una vía distinta de los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros.
Las protestas, sin embargo, no terminaron automáticamente con el acuerdo. Parte del movimiento de inquilinos mantiene sus reivindicaciones y considera que las medidas deberían tener un alcance mayor. RTVE recoge también las críticas desde sectores de Sumar, que defienden actuaciones adicionales sobre el mercado del alquiler.
El Congreso tiene ahora la última palabra sobre los dos decretos
La aprobación del Consejo de Ministros no cierra el proceso.
Al tratarse de reales decretos-ley, el Congreso debe pronunciarse sobre su convalidación. Los dos textos se tramitan separadamente, por lo que cada uno necesita reunir sus propios apoyos parlamentarios.
El primero concentra buena parte de las medidas ya negociadas: protección frente a determinados desahucios hasta 2030, regulación de alquileres temporales y habitaciones, restricciones sobre determinadas compras de fondos y prórroga de contratos.
Recreación editorial del Consejo de Ministros donde los dos reales decretos-ley aprobados deberán superar por separado su convalidación parlamentaria.
El segundo contiene la reforma destinada a dar mayor continuidad a los contratos de alquiler y es el que afronta una situación parlamentaria más incierta, según las informaciones publicadas tras el Consejo de Ministros. El País
Por ello, la fotografía definitiva de la llamada “Ley Maricarmen” todavía no está cerrada.