La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado en primera legislatura una profunda reforma constitucional que limita el acceso de determinados opositores a cargos públicos y eleva de seis a siete años la duración de los principales mandatos del Estado. El proyecto, impulsado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, todavía necesita una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor.
Nicaragua da el primer paso para reformar de nuevo su Constitución
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 1 de septiembre, durante una sesión especial celebrada en León, la primera de las dos votaciones necesarias para introducir una nueva reforma de la Constitución. La iniciativa recibió el respaldo unánime de un Parlamento ampliamente controlado por el oficialismo y supone otra modificación de gran alcance del sistema político nicaragüense.
La reforma constitucional de Nicaragua 2026 incorpora dos cambios especialmente relevantes: establece nuevas restricciones para ocupar cargos públicos y amplía hasta siete años la duración de numerosos mandatos institucionales.
Según Reuters, la iniciativa cuenta con el respaldo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que actualmente ejercen la copresidencia del país. La modificación deberá superar una segunda votación en otra legislatura antes de poder entrar plenamente en vigor. Murillo ha indicado que ese proceso comenzará en enero de 2027.
La Constitución nicaragüense exige que este tipo de reformas sea aprobado en dos periodos legislativos diferentes. EFE señala que la segunda aprobación deberá producirse durante la legislatura comprendida entre enero y diciembre de 2027.
Recreación editorial de la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura la reforma constitucional que amplía a siete años la duración de diferentes cargos públicos.
Quiénes quedarían fuera de las elecciones
Uno de los puntos más controvertidos se encuentra en la modificación del artículo 47.
El nuevo texto impide presentarse a cargos de elección popular o desempeñar determinadas responsabilidades públicas a quienes las autoridades califiquen como “traidores a la patria”, además de personas vinculadas con acciones que el Gobierno considere intentos de golpe de Estado o actuaciones contra la soberanía nacional.
Las restricciones también alcanzan a quienes hayan solicitado sanciones internacionales contra Nicaragua, respaldado bloqueos económicos o recibido determinada financiación extranjera en circunstancias consideradas contrarias a los intereses del Estado.
Según EFE, al menos 452 opositores y críticos que fueron privados de la nacionalidad nicaragüense han sido catalogados anteriormente bajo algunas de estas figuras jurídicas. Entre ellos se encuentran personalidades conocidas internacionalmente como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Las personas afectadas tampoco podrían integrar las juntas directivas de organizaciones o partidos políticos.
Reuters sintetiza el alcance de la iniciativa señalando que la reforma excluye de la competición electoral a sectores de la oposición, una circunstancia que ha generado críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua.
Los mandatos pasan de seis a siete años
La segunda gran modificación afecta directamente a la duración de los cargos institucionales.
El nuevo marco establece periodos de siete años para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes y otros altos responsables del Estado.
La ampliación también se extendería, entre otros, a magistrados del poder judicial y electoral, al fiscal general, al superintendente de bancos y a las principales autoridades del Ejército y de la Policía.
La reforma vuelve así a modificar la duración del periodo presidencial después de cambios constitucionales anteriores que habían elevado el mandato desde cinco hasta seis años.
Ortega regresó a la Presidencia en enero de 2007 y continúa desde entonces al frente del Ejecutivo. También gobernó Nicaragua durante la década de 1980, tras participar en la revolución sandinista que puso fin al régimen de la familia Somoza. Reuters lo considera actualmente el dirigente que más tiempo lleva en el poder en el continente americano.
Rosario Murillo, que ejercía anteriormente como vicepresidenta, pasó a desempeñar formalmente la copresidencia tras la reforma constitucional aprobada en 2025. Aquella modificación afectó a más de un centenar de disposiciones constitucionales y concentró mayores competencias en la Presidencia.
Qué ocurrirá con las próximas elecciones de Nicaragua
El calendario electoral nicaragüense lleva varios años modificándose.
Las elecciones generales estaban inicialmente previstas para noviembre de 2026, pero las reformas constitucionales anteriores ampliaron la duración del actual mandato y desplazaron el siguiente proceso electoral hacia finales de 2027.
La incertidumbre aumentó especialmente después de que Ortega declarara públicamente el pasado 19 de julio que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones para permitir que la oposición pudiera alcanzar el Gobierno.
Posteriormente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó que continuarían celebrándose procesos electorales, aunque bajo un nuevo marco que excluiría a quienes las autoridades califiquen como responsables de acciones contra el Estado.
La diferencia entre ambas declaraciones explica buena parte de las dudas existentes sobre cómo funcionará exactamente el futuro sistema electoral una vez completadas todas las modificaciones legales.
Por ahora, la reforma aprobada no entra automáticamente en vigor. Necesita una segunda votación durante la próxima legislatura.
Recreación editorial de las modificaciones constitucionales vuelven a situar el calendario electoral y las condiciones de participación política en el centro del debate nicaragüense.
Reacción internacional a la reforma de Ortega y Murillo
La evolución política de Nicaragua ha provocado una reacción significativa entre gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales.
Reuters informa de críticas procedentes de Estados Unidos y de diferentes países de América Latina, entre ellos Brasil, Bolivia y Chile. Panamá llegó a retirar a su embajador en Managua después de las declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había advertido el 3 de agosto sobre las consecuencias de la iniciativa. El organismo considera que ampliar los mandatos, restringir la competencia política y limitar el derecho de determinados ciudadanos a participar en elecciones profundiza lo que define como un proceso de consolidación autoritaria.
La CIDH también sostiene que la reforma constitucional realizada en 2025 debilitó la separación de poderes y concentró una mayor capacidad institucional en la copresidencia encabezada por Ortega y Murillo.
El Gobierno nicaragüense, por el contrario, defiende las modificaciones como instrumentos destinados a proteger la soberanía, estabilidad, seguridad y paz del país frente a lo que considera intervenciones externas. La propia Asamblea Nacional presentó la aprobación del texto como una defensa de la soberanía nacional.
Una crisis política que se remonta a 2018
Los cambios llegan después de casi una década de elevada tensión política.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis desde las protestas antigubernamentales de abril de 2018. Más de 300 personas murieron durante aquellos acontecimientos y miles resultaron heridas, según datos recogidos por Reuters, mientras decenas de miles de nicaragüenses abandonaron posteriormente el país.
El sistema político sufrió nuevas tensiones antes de las presidenciales de noviembre de 2021, cuando varios dirigentes y posibles candidatos opositores fueron detenidos o quedaron fuera del proceso electoral.
Ortega consiguió entonces un cuarto mandato presidencial consecutivo.
La nueva reforma de 2026 representa, por tanto, un nuevo capítulo de una transformación institucional que lleva años desarrollándose y que ahora afecta directamente tanto a quién puede presentarse a unas elecciones como al tiempo durante el que permanecen en sus cargos las principales autoridades del país.