El atentado con coche bomba registrado junto a una comisaría de Los Patios, en la frontera con Venezuela, ha añadido presión a la nueva estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. El Gobierno prepara ahora un estatuto antiterrorista mientras acelera las operaciones militares y da por terminados varios procesos de diálogo con grupos armados.
El atentado de Los Patios acelera la respuesta del Gobierno
Colombia afronta un brusco cambio de rumbo en su política de seguridad apenas unas semanas después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia. El detonante más reciente ha sido la explosión de un coche bomba frente a una estación de Policía de Los Patios, municipio integrado en el área metropolitana de Cúcuta y situado cerca de la frontera con Venezuela.
El ataque dejó al menos un civil muerto y once personas heridas, entre ellas agentes de Policía, según la información facilitada por las autoridades y recogida por Associated Press. La explosión se produjo cerca de la medianoche y volvió a situar a Norte de Santander en el centro de las preocupaciones de seguridad del país.
La zona de Cúcuta lleva años marcada por la presencia de organizaciones armadas, bandas dedicadas al narcotráfico y estructuras que disputan las rutas de contrabando y los pasos fronterizos hacia Venezuela. Además, el atentado de Los Patios no fue un episodio aislado: en agosto, otra explosión junto a una instalación policial de Cúcuta había dejado once agentes heridos. Las autoridades atribuyeron aquel ataque al Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Tras el nuevo atentado, De la Espriella encabezó un consejo de seguridad en Cúcuta y anunció una ofensiva para recuperar el control territorial en Norte de Santander. La Presidencia colombiana ha presentado la operación como parte de una estrategia más amplia contra las estructuras que el Ejecutivo define como narcoterroristas.
De la Espriella rompe con la estrategia de diálogo anterior
El endurecimiento de la respuesta no comenzó con el coche bomba. El nuevo Gobierno ya había anunciado el cierre de tres procesos de diálogo heredados de la política de “paz total” impulsada por la anterior Administración.
El 30 de agosto, la Presidencia informó del final de las conversaciones con estructuras relacionadas con alias Calarcá, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El Ejecutivo argumentó que las mesas no estaban produciendo avances verificables hacia la desmovilización o el abandono de las armas.
La decisión marca una diferencia evidente con la estrategia que Colombia había seguido durante los últimos años. El Gobierno de De la Espriella apuesta por reforzar las operaciones militares, aumentar la presión policial y reducir el espacio destinado a negociaciones con organizaciones armadas que continúen desarrollando actividades violentas.
La nueva doctrina también está acompañada de un cambio de lenguaje. El presidente ha decidido emplear de forma sistemática el término “terroristas” para referirse a las organizaciones armadas ilegales, independientemente de sus diferencias ideológicas, territoriales o criminales. Ese giro tiene consecuencias políticas, pero también podría acabar teniendo consecuencias jurídicas.
Recreación editorial de un consejo de seguridad encabezado por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella.
Colombia prepara un nuevo estatuto antiterrorista
El elemento más relevante de la nueva estrategia es el anuncio de un estatuto antiterrorista de Colombia que el Gobierno pretende presentar ante el Congreso.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha adelantado que el proyecto buscará crear una lista oficial de organizaciones consideradas terroristas. Según las explicaciones conocidas hasta ahora, las disidencias de las antiguas FARC estarían entre las primeras estructuras incluidas. Sin embargo, el contenido completo del proyecto todavía no se ha hecho público, por lo que no se conocen con precisión las nuevas facultades que el Ejecutivo pretende solicitar.
Este punto es fundamental. La denominación de una organización como terrorista puede afectar al tratamiento penal de sus miembros, a la financiación, a la cooperación internacional, a la persecución de sus redes económicas y a las herramientas empleadas por las fuerzas de seguridad. Pero cualquier modificación deberá respetar la Constitución colombiana y superar el debate parlamentario y, previsiblemente, un intenso escrutinio jurídico.
Colombia ya tuvo un precedente. En 2003, durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe, el Congreso aprobó una reforma conocida como Estatuto Antiterrorista que ampliaba determinadas facultades estatales en materia de interceptaciones y detenciones. La Corte Constitucional anuló posteriormente aquella reforma por irregularidades en su tramitación.
Recreación editorial del Congreso colombiano ante el debate que abrirá la futura legislación antiterrorista.
Las 5 claves que determinarán el alcance de la reforma
1. Qué organizaciones serán consideradas terroristas
La primera cuestión será conocer los criterios utilizados para incluir una organización en la futura lista. El Gobierno ha señalado inicialmente a las disidencias de las FARC, pero Colombia cuenta con un mapa mucho más amplio de grupos armados y organizaciones criminales con características muy diferentes.
2. Qué nuevas facultades tendrá el Estado
El Ejecutivo todavía no ha publicado el articulado completo. Será necesario conocer si el estatuto modifica competencias de inteligencia, investigación criminal, financiación, control territorial, cárceles o cooperación con otros países. Hasta que exista un texto oficial, cualquier interpretación más detallada sería prematura.
3. El papel del Congreso será decisivo
De la Espriella ganó las elecciones presidenciales de junio, pero Reuters ya advertía entonces de que tendría que gobernar con un Congreso dividido, un factor que puede condicionar la aprobación de reformas profundas. La seguridad fue precisamente una de las cuestiones que más peso tuvo en el cambio político registrado en Colombia durante las elecciones.
4. Norte de Santander seguirá siendo una prioridad
El atentado de Los Patios demuestra la dificultad de estabilizar uno de los corredores fronterizos más sensibles de Sudamérica. El control de las rutas hacia Venezuela, el narcotráfico, el contrabando y la presencia de organizaciones armadas convierten la región en un escenario especialmente complejo para cualquier estrategia de seguridad.
5. El equilibrio entre seguridad y garantías jurídicas
El debate no girará únicamente en torno a la eficacia militar. Académicos y expertos han advertido del riesgo de aplicar una única categoría a organizaciones con orígenes y comportamientos diferentes. El Gobierno, por su parte, sostiene que el Estado necesita herramientas más firmes para recuperar el control territorial y proteger a la población.
Un giro político que trasciende las fronteras de Colombia
La nueva estrategia colombiana también debe leerse dentro de un cambio político regional. La victoria de De la Espriella en las elecciones de junio reforzó el desplazamiento hacia gobiernos conservadores identificado en varios países de América Latina, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad.
Colombia tiene además un peso especial en la seguridad regional. Comparte fronteras con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá y continúa siendo uno de los principales escenarios de producción y tráfico internacional de cocaína. Por eso, cualquier transformación de su estrategia contra las organizaciones armadas puede tener efectos sobre la cooperación con Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
El desafío del nuevo Ejecutivo será demostrar que un enfoque más contundente consigue reducir la violencia sin debilitar los controles institucionales que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad.