Colombia vuelve a situar el legado de su conflicto armado en el centro del debate político. Los recortes presupuestarios planteados para 2027 amenazan con reducir la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), dos instituciones surgidas del Acuerdo de Paz de 2016. Detrás de las cifras hay una cuestión mucho mayor: miles de familias que todavía esperan saber qué ocurrió con sus seres queridos.
¿Qué es la JEP en Colombia?
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal de justicia transicional creado en Colombia como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC. Su función principal es investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos y otros delitos considerados de guerra o de lesa humanidad. La JEP busca establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas y favorecer el esclarecimiento de la verdad, aplicando un modelo que combina justicia y reparación y que contempla sanciones diferentes en función del grado de reconocimiento y colaboración de los responsables.
Los recortes a la JEP abren una nueva batalla política en Colombia
El futuro de la justicia transicional colombiana ha entrado en una etapa especialmente delicada. El Congreso debate las cuentas públicas para 2027 mientras dirigentes de la coalición que respalda al presidente Abelardo de la Espriella plantean reducir los recursos destinados a organismos vinculados al proceso de paz. Reuters cifra en torno al 17% el recorte planteado para la JEP, una disminución que supondría alrededor de 50 millones de dólares respecto de sus necesidades presupuestarias.
La JEP nació como uno de los pilares del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Su función no consiste en sustituir de forma general a la justicia ordinaria, sino en investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante décadas de conflicto, determinar responsabilidades y ofrecer a las víctimas mecanismos de verdad, justicia y reparación.
La institución ha sido objeto de fuertes controversias desde su creación. Sus detractores cuestionan el coste, la duración de los procedimientos y el modelo de sanciones restaurativas. El senador Enrique Gómez, uno de los principales impulsores de los recortes, sostiene que la JEP resulta demasiado costosa e ineficiente y defiende trasladar parte de los recursos a la justicia ordinaria.
Las críticas sobre la velocidad de funcionamiento de la jurisdicción tampoco proceden únicamente del actual oficialismo. El expresidente Juan Manuel Santos, artífice del acuerdo con las FARC, ha reconocido que existen motivos para reclamar mayor rapidez al tribunal. El debate, por tanto, enfrenta dos cuestiones distintas: la necesidad de evaluar su eficacia y el riesgo de reducir su capacidad precisamente cuando varios de sus grandes procesos están avanzando.
Más de 137.000 desaparecidos detrás del debate presupuestario
La dimensión más sensible de la controversia se encuentra fuera de los despachos políticos de Bogotá.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sostiene que existen más de 137.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano. Para 2027, la institución calculó unas necesidades de inversión de 112.002,5 millones de pesos colombianos, pero la enmienda presupuestaria situó la cantidad en 59.636,5 millones. La diferencia respecto a lo considerado técnicamente necesario asciende a 52.366 millones de pesos. unidadbusqueda.gov.co
No se trata exclusivamente de gastos administrativos. Estos recursos financian investigaciones, equipos forenses, laboratorios de identificación, desplazamientos a territorios remotos, tecnología, infraestructuras y la participación de las propias familias en los procesos de búsqueda.
La UBPD advierte de que el impacto sería especialmente importante sobre su capacidad de inversión y despliegue territorial. Muchas búsquedas se desarrollan en zonas rurales de difícil acceso, cementerios y territorios que fueron escenario de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales. unidadbusqueda.gov.co
La actualidad demuestra que esos trabajos continúan. Desde este 17 de octubre y hasta el 9 de noviembre, la denominada Ruta Buscadora tiene previsto recorrer 13 municipios y corregimientos de Cesar y La Guajira mediante 18 jornadas para acercar los servicios de búsqueda a familias y comunidades. unidadbusqueda.gov.co
También existen resultados concretos. A comienzos de octubre, la Unidad informó de la entrega a su familia del cuerpo identificado de Yury, una menor que tenía 13 años cuando desapareció en Caquetá en el año 2000. Habían transcurrido 26 años.
Recreación editorial de la Unidad de Búsqueda advierte de que una menor inversión podría afectar investigaciones, intervenciones forenses y operaciones sobre el terreno.
La JEP llega al debate mientras avanzan grandes investigaciones
La controversia presupuestaria coincide además con nuevos avances judiciales.
Esta misma semana, la JEP imputó a diez antiguos jefes de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra cinco pueblos indígenas: Nükak, Korebajü, Siona, Hitnü y Jiw. Los hechos investigados incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas y otros ataques sufridos por comunidades indígenas durante el conflicto.
Este tipo de actuaciones explica por qué la discusión presupuestaria trasciende una simple negociación entre Gobierno y Congreso. El interrogante es hasta qué punto una reducción considerable de recursos podría ralentizar macrocasos, audiencias en zonas rurales, asistencia a víctimas y medidas de seguridad necesarias para quienes participan en los procedimientos.
Reuters señala que los responsables de las instituciones afectadas advierten precisamente de esas consecuencias, mientras quienes defienden la reducción presupuestaria consideran que una parte del dinero puede utilizarse de forma más eficiente dentro del sistema judicial ordinario.
La controversia refleja así una división que acompaña al proceso de paz desde hace una década: cuánto tiempo deben mantenerse las estructuras extraordinarias creadas tras el acuerdo y qué recursos debe destinar el Estado a ellas.
10 años después del Acuerdo de Paz
El contexto político añade todavía más importancia al enfrentamiento.
En 2026 se cumplen diez años del acuerdo firmado con las FARC. Durante esta década, Colombia ha avanzado en el esclarecimiento de algunos de los episodios más graves del conflicto, pero la justicia transicional continúa generando profundas diferencias políticas.
La confianza ciudadana en la JEP tampoco es elevada. Datos recogidos por El País a partir del Observatorio de la Democracia sitúan el porcentaje de ciudadanos que confiaban en la jurisdicción en el 27,2% en 2025, frente al 37,5% registrado en 2023. Sin embargo, la confianza en el sistema judicial colombiano en su conjunto era todavía inferior, del 23,5%.
Mientras continúa la discusión política, la magnitud de la tarea pendiente permanece prácticamente intacta. La desaparición forzada tiene una característica especialmente dolorosa: para las familias, el conflicto no termina mientras no exista una respuesta sobre el paradero de la persona desaparecida.
La propia UBPD ha advertido de que una menor financiación puede afectar a investigaciones interdisciplinarias, operaciones forenses, laboratorios, presencia territorial y participación de las familias. Son precisamente los instrumentos necesarios para transformar expedientes de décadas de antigüedad en identificaciones y respuestas concretas.
El presupuesto de 2027 será decisivo
El Congreso colombiano tiene ahora en sus manos una decisión que puede marcar el siguiente capítulo del proceso de paz.
El presupuesto nacional para 2027 se encuentra en la fase final de su tramitación. El proyecto presentado por el Gobierno asciende a unos 635 billones de pesos colombianos, en medio de un debate más amplio sobre austeridad, deuda y reorganización del gasto público.
El Gobierno y sus aliados defienden la necesidad de controlar el gasto y revisar el funcionamiento de las instituciones. Los responsables de la justicia transicional, por su parte, sostienen que una reducción excesiva podría comprometer funciones establecidas como consecuencia del acuerdo de 2016.
Recreación editorial de la reducción de recursos abre un debate sobre la capacidad de la JEP para mantener sus investigaciones y la atención a las víctimas.
La discusión será, por tanto, tanto económica como política y jurídica.
Y, sobre todo, humana.
Detrás de cada porcentaje presupuestario existe una familia que puede llevar diez, veinte o incluso treinta años esperando una identificación, una exhumación o simplemente una explicación.