El Gobierno ha trasladado a los sindicatos que cumplirá el incremento salarial del 4,5% previsto para los empleados públicos en 2027, aunque todavía no ha concretado cuándo aprobará la norma necesaria para hacerlo efectivo. El compromiso afecta a más de tres millones de trabajadores de las administraciones españolas y llega a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El salario de los empleados públicos volverá a subir en España en 2027. El Ejecutivo ha confirmado a CCOO, UGT y CSIF su intención de aplicar el incremento fijo del 4,5% comprometido para el próximo ejercicio, una de las principales medidas incluidas en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.
El acuerdo no constituye una propuesta nueva. Fue firmado por el Gobierno y las organizaciones sindicales a finales de 2025 y posteriormente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de 2026. El documento establece una senda de incrementos salariales hasta 2028 con el objetivo declarado de mejorar las condiciones de los trabajadores públicos y preservar su poder adquisitivo.
La principal novedad ahora es la confirmación política de que el Ejecutivo pretende mantener el calendario pactado a pesar de la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026.
Los sindicatos, sin embargo, reclaman un paso adicional: que el Gobierno no se limite a garantizar verbalmente el cumplimiento del acuerdo y apruebe cuanto antes el instrumento jurídico necesario para que el incremento pueda aplicarse sin retrasos.
Recreación editorial de los sindicatos reclaman que la aplicación de la subida salarial de 2027 quede garantizada antes de las elecciones generales.
La subida fija para 2027 será del 4,5%
El Acuerdo Marco publicado en el BOE establece de manera expresa que las retribuciones de los empleados públicos aumentarán un 4,5% en 2027 respecto a los salarios ya actualizados en 2026.
Se trata de un incremento consolidable, lo que significa que pasa a integrarse en la base salarial sobre la que se calcularán posteriormente otros aumentos. Además, el acuerdo establece que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2027 y deberá abonarse durante ese mismo ejercicio.
La subida de 2027 es, además, la mayor de las previstas individualmente dentro del calendario salarial pactado para el periodo 2025-2028.
El esquema recoge un aumento del 2,5% correspondiente a 2025, hasta un 2% asociado a 2026, un 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028.
En conjunto, Función Pública situó el incremento salarial acumulado pactado en el 11% hasta 2028, con un efecto ligeramente superior al acumularse sucesivamente las actualizaciones sobre las retribuciones ya incrementadas.
El aumento afecta a más de tres millones de empleados públicos
La medida no se limita exclusivamente a los funcionarios de carrera. El acuerdo abarca al personal al servicio de las Administraciones públicas y de su sector público institucional.
Esto incluye colectivos dependientes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, además de diferentes categorías de personal público.
España cuenta actualmente con más de tres millones de empleados públicos. La mayor parte trabaja para las comunidades autónomas, responsables de servicios esenciales como la sanidad y buena parte del sistema educativo.
Por esa dimensión, cualquier modificación salarial en el sector público tiene un impacto presupuestario relevante y afecta directamente a uno de los mayores colectivos laborales del país.
Recreación editorial de más de tres millones de empleados públicos están incluidos en el marco salarial pactado hasta 2028.
El Gobierno todavía no ha fijado cuándo aprobará la subida
Aquí se encuentra una de las principales incógnitas.
Aunque el Ejecutivo ha confirmado a los sindicatos que cumplirá el incremento del 4,5%, todavía no ha concretado la fecha en la que se aprobará la norma que permitirá hacerlo efectivo.
Las organizaciones sindicales consideran importante que el procedimiento quede resuelto antes de las elecciones generales.
CCOO, UGT y CSIF han defendido que una aprobación previa al 29 de noviembre reduciría la incertidumbre y evitaría posibles retrasos derivados del calendario político y de la formación del próximo Gobierno.
CCOO ya había reclamado formalmente el 15 de octubre que el Ejecutivo articulase una norma que garantizara el incremento salarial pactado para 2027.
El debate, por tanto, no gira ahora tanto alrededor del porcentaje —que figura en el acuerdo— como sobre el procedimiento y el calendario para convertirlo en una actualización efectiva de las nóminas.
El 0,5% pendiente de 2026 es diferente de la subida de 2027
Uno de los aspectos que puede generar mayor confusión es la existencia de otro incremento del 0,5% vinculado a la inflación de 2026.
El acuerdo establece para 2026 una subida total potencial del 2%. De ella, un 1,5% es fijo y otro 0,5% depende de que la variación interanual del IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5%.
Si se cumple esa condición, ese medio punto se abonará durante el primer trimestre de 2027, pero tendrá efectos correspondientes a 2026.
Por tanto, no debe confundirse con el incremento fijo del 4,5% previsto específicamente para 2027.
Esta diferencia explica que algunas estimaciones puedan hablar de movimientos salariales superiores durante 2027 si coinciden el pago pendiente relacionado con el IPC y la actualización correspondiente al nuevo ejercicio.
Los sindicatos mantienen otras reivindicaciones pendientes
La subida salarial constituye solo una parte del acuerdo negociado entre el Gobierno y los representantes de los trabajadores públicos.
Las organizaciones sindicales han reclamado también avances en cuestiones como la eliminación de la tasa de reposición, la actualización de determinados complementos de residencia e insularidad, la promoción interna, los procesos de estabilización y las condiciones de jubilación parcial de determinados colectivos.
También existe un compromiso para agilizar los procesos selectivos y modernizar la gestión de recursos humanos en las administraciones.
El texto publicado en el BOE incorpora, entre otros objetivos, medidas dirigidas a reducir los plazos de los procesos de selección, reforzar la formación digital, mejorar la atención a la ciudadanía y afrontar el relevo generacional de unas plantillas públicas cada vez más envejecidas.
Los sindicatos quieren que estos compromisos continúen desarrollándose incluso con el calendario electoral abierto.