El Gobierno ha puesto en marcha la tramitación urgente para crear 500 nuevas plazas judiciales y otras 200 de fiscales durante 2027. El refuerzo, que llega después de otra importante ampliación realizada en 2026, pretende aumentar la capacidad de los tribunales y adaptar la Administración de Justicia al nuevo modelo de organización judicial.
España afrontará en 2027 una nueva ampliación de sus plantillas de jueces y fiscales. El Consejo de Ministros ha acordado tramitar con carácter urgente dos reales decretos destinados a crear un total de 700 nuevas plazas de jueces y fiscales, dentro del proceso de reorganización y modernización de la Administración de Justicia.
La medida contempla concretamente 500 plazas judiciales y 200 fiscales. De materializarse en los términos planteados, la planta judicial crecerá aproximadamente un 7,8%, mientras que la plantilla del Ministerio Fiscal aumentará alrededor de un 6,6%.
El nuevo refuerzo no parte de cero. En 2026 ya se produjo una ampliación extraordinaria de las plantillas, por lo que el plan para 2027 supone continuar durante un segundo año consecutivo con un aumento considerable de los recursos humanos disponibles en juzgados, tribunales y fiscalías.
La distribución tampoco será uniforme. El criterio anunciado por el Ejecutivo tiene en cuenta factores como la carga de trabajo de los órganos judiciales, la litigiosidad y la población de cada territorio.
Andalucía y Cataluña recibirán 94 nuevas plazas judiciales cada una
Entre las comunidades autónomas, Andalucía y Cataluña aparecen como las principales beneficiadas del reparto de las plazas judiciales, con 94 cada una.
Madrid contará con otras 74 y la Comunidad Valenciana recibirá 53, situándose también entre los territorios que concentrarán una parte significativa del refuerzo previsto.
La distribución permite comprobar uno de los objetivos de la medida: aumentar los efectivos especialmente en aquellos territorios donde la carga de trabajo exige reforzar los órganos existentes.
No todas las 500 plazas realizarán las mismas funciones.
La jurisdicción civil recibirá 172 nuevas plazas, de las que 102 se destinarán a los tribunales de instancia y otras 70 a las audiencias provinciales. La jurisdicción social incorporará 109 plazas, mientras que la penal contará con otras 69.
También habrá 87 plazas destinadas a órganos mixtos situados en provincias y localidades de menor tamaño.
Otras 42 serán plazas de adscripción territorial. Este modelo permite que los profesionales estén vinculados a un determinado territorio, pero puedan desplazarse dentro de él dependiendo de la evolución de las cargas de trabajo de los diferentes tribunales.
Recreación editorial de Cataluña, Andalucía y Madrid concentrarán buena parte de las 200 nuevas plazas previstas para el Ministerio Fiscal.
Refuerzo para violencia contra la mujer y protección de menores
La ampliación también incluye plazas destinadas a áreas judiciales especialmente sensibles.
En concreto, 11 nuevas plazas se dirigirán a las secciones de Violencia sobre la Mujer, mientras que otras seis reforzarán las secciones especializadas en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia.
La Audiencia Nacional recibirá cuatro nuevas plazas.
Otra de las novedades será la creación de ocho presidencias liberadas en tribunales de instancia. Estas figuras, que ya funcionan en algunas de las grandes ciudades españolas, desarrollan principalmente tareas de coordinación, organización y unificación de criterios.
Las nuevas presidencias estarán previstas para Murcia, Almería, Córdoba, Granada, A Coruña, Vigo, Santander y Valladolid.
La ampliación está directamente relacionada con la transformación del modelo organizativo de la Justicia española. Los nuevos tribunales de instancia sustituyen progresivamente el esquema tradicional basado en juzgados individuales y permiten organizar varios jueces dentro de estructuras comunes apoyadas por una misma oficina judicial.
El objetivo es aprovechar mejor los recursos disponibles y facilitar la incorporación de nuevos magistrados sin tener que crear necesariamente un juzgado completo para cada nueva plaza.
Recreación editorial de las 500 nuevas plazas judiciales se repartirán entre diferentes jurisdicciones y territorios según factores como la litigiosidad, la población y la carga de trabajo.
Cataluña lidera el aumento de fiscales
El segundo bloque de la ampliación afecta directamente al Ministerio Fiscal.
Las 200 nuevas plazas de fiscales se repartirán entre las comunidades autónomas y los órganos centrales, aunque nuevamente existen importantes diferencias territoriales.
Cataluña recibirá 47 nuevas plazas y se situará como el territorio con mayor número de incorporaciones. La ampliación representa aproximadamente un 9,9% de su plantilla actual.
Andalucía contará con 31 nuevos fiscales, mientras que Madrid incorporará 26.
En términos porcentuales, sin embargo, Canarias registrará uno de los incrementos más importantes: incorporará 13 fiscales, lo que supone alrededor de un 8,9% más de efectivos.
La distribución definitiva deberá desarrollarse durante la tramitación de los reales decretos. El Ministerio de Justicia trasladará la propuesta al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de Justicia para recoger sus aportaciones.
Un segundo gran refuerzo consecutivo de la Justicia
La importancia del anuncio se entiende mejor al compararlo con lo ocurrido durante 2026.
Este año ya se aprobaron 500 plazas judiciales y 200 de fiscales, una de las mayores ampliaciones realizadas hasta ahora en España. El nuevo proyecto pretende repetir en 2027 una cifra similar.
Esto significa que, sumando las actuaciones de ambos ejercicios, la Administración de Justicia habrá impulsado alrededor de 1.400 plazas judiciales y fiscales entre 2026 y 2027, siempre que la segunda ampliación complete su tramitación y se materialice según lo previsto.
El incremento responde también a uno de los problemas estructurales que afronta el sistema judicial español: la necesidad de disponer de suficientes profesionales para absorber la elevada carga de asuntos y evitar que determinados órganos acumulen retrasos.
La creación de plazas, no obstante, constituye únicamente una parte de la transformación. El funcionamiento de la Justicia depende igualmente de funcionarios, medios tecnológicos, instalaciones, organización procesal y de la capacidad para cubrir efectivamente las plazas creadas.
Por ello, uno de los elementos que habrá que observar durante 2027 será el ritmo real de incorporación de los nuevos efectivos y el efecto que el refuerzo tenga sobre los tiempos de resolución de los procedimientos.