Una ofensiva internacional coordinada por INTERPOL ha puesto al descubierto la dimensión del negocio ilegal que se esconde detrás de la deforestación, la minería clandestina y el tráfico de especies en América Latina y el Caribe. El operativo dejó 233 detenidos y más de 1.000 animales vivos rescatados en nueve países.
Una operación en nueve países de Latinoamérica
La Operación Madre Tierra VIII se desarrolló entre el 1 de junio y el 31 de julio de 2026 con la participación de autoridades de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.
Los resultados, publicados por INTERPOL el 7 de octubre, muestran la magnitud de unas actividades delictivas que han dejado de ser únicamente un problema medioambiental para convertirse también en un desafío de seguridad internacional.
Durante el operativo se registraron más de 330 casos, se practicaron 233 detenciones, se identificó a otras 312 personas sospechosas de participar en delitos ambientales y se efectuaron 313 incautaciones.
Las autoridades también localizaron alrededor de 60.000 hectáreas de bosque deforestadas ilegalmente, además de rescatar a más de un millar de animales vivos.
El alcance de la operación refleja un cambio importante en la lucha contra este tipo de delitos. Las investigaciones ya no se concentran exclusivamente en quienes talan árboles, extraen minerales ilegalmente o capturan animales protegidos.
Los investigadores están intentando seguir el dinero hasta las empresas, intermediarios, compradores y estructuras financieras que permiten que estas actividades funcionen a gran escala y atraviesen fronteras.
Recreación editorial de más de 1.000 animales vivos fueron recuperados durante las actuaciones desarrolladas en los nueve países participantes.
La Amazonía y una red empresarial bajo investigación
Uno de los puntos más relevantes de la investigación se encuentra en la cuenca del Amazonas.
INTERPOL señala que una red investigada era sospechosa de haber talado más de 52.000 hectáreas de bosque protegido, una extensión que la propia organización compara con aproximadamente 73.000 campos de fútbol.
Las investigaciones permitieron detectar conexiones con otras 161 empresas y 65 personas que operaban en distintos continentes. Los agentes encontraron indicios de posibles fraudes relacionados con permisos, además del presunto empleo de empresas fantasma y mecanismos de inversión extranjera.
El caso muestra hasta qué punto los delitos medioambientales pueden estar integrados en estructuras económicas aparentemente legales.
Las autoridades colombianas realizaron registros que terminaron con 16 detenciones y con la incautación de nuevas pruebas digitales destinadas al análisis forense.
INTERPOL también emitió tres notificaciones rojas, tres azules y una morada relacionadas con las investigaciones. Estas herramientas internacionales permiten, según su categoría, solicitar la localización de personas, recopilar información o compartir datos sobre métodos utilizados por organizaciones criminales.
La dimensión empresarial y financiera es precisamente uno de los elementos que diferencia este tipo de investigaciones de las operaciones tradicionales contra la tala o la minería clandestinas.
Recreación editorial de las investigaciones internacionales han puesto el foco en las redes económicas que pueden beneficiarse de la explotación ilegal de los bosques latinoamericanos.
Minería ilegal: toneladas de productos químicos incautados
La minería ilegal de oro fue otro de los grandes objetivos de Madre Tierra VIII.
En Costa Rica, las autoridades llegaron a incautar aproximadamente 4,6 toneladas de cianuro, además de recipientes con mercurio. Ambas sustancias pueden estar vinculadas a procesos de extracción de oro y representan un importante riesgo ambiental cuando son manipuladas o vertidas sin controles adecuados.
El impacto de la minería ilegal va mucho más allá de la extracción del mineral.
La apertura de explotaciones clandestinas puede provocar deforestación, alteración de los cauces de los ríos, destrucción de hábitats y contaminación de ecosistemas de los que dependen comunidades enteras.
Además, el elevado valor del oro en los mercados internacionales convierte la actividad en una importante fuente potencial de financiación para estructuras criminales.
Por eso, las autoridades están intentando identificar no solo los puntos donde se extraen los minerales, sino también las rutas utilizadas para comercializarlos y los mecanismos empleados para introducir los beneficios obtenidos en el sistema financiero.
Más de 1.000 animales recuperados
El tráfico de especies silvestres constituye el tercer gran frente de la operación.
Más de 1.000 animales vivos fueron recuperados durante las actuaciones desarrolladas en los nueve países.
Entre las especies intervenidas figuraban aves exóticas y grandes felinos. INTERPOL ha difundido imágenes oficiales de algunos de los animales recuperados, entre ellos un tigre blanco localizado en México y aves protegidas intervenidas durante actuaciones policiales.
El tráfico de fauna representa un negocio internacional que conecta lugares de captura en América Latina con compradores situados dentro y fuera de la región.
En estos circuitos, los animales pueden pasar por varios intermediarios antes de llegar a su destino final, dificultando la identificación de quienes controlan realmente las redes.
La operación también puso de manifiesto la existencia de rutas utilizadas simultáneamente para diferentes modalidades de delito ambiental. INTERPOL sostiene que las redes de tráfico de madera y especies silvestres estaban funcionando a escala industrial a lo largo del corredor que conecta América Central y América del Sur.
El crimen ambiental se convierte en un negocio transnacional
Madre Tierra VIII deja una conclusión especialmente relevante: la explotación ilegal de los recursos naturales latinoamericanos no puede analizarse únicamente como una sucesión de delitos aislados.
Las investigaciones apuntan hacia redes capaces de combinar extracción ilegal, transporte, documentación fraudulenta, sociedades mercantiles y operaciones financieras internacionales.
Eso obliga a los cuerpos policiales a utilizar métodos similares a los empleados frente a otras formas de delincuencia organizada: intercambio de inteligencia, análisis financiero, cooperación judicial y seguimiento internacional de sospechosos.
La existencia de conexiones empresariales en varios continentes refuerza además la necesidad de investigar qué ocurre después de que la madera, el oro, los animales u otros recursos abandonan las zonas donde fueron obtenidos ilegalmente.
El objetivo pasa así de detener únicamente a los responsables sobre el terreno a identificar a quienes financian, organizan o se benefician económicamente de la explotación clandestina.