Miles de agricultores y ganaderos están convocados este miércoles 28 de octubre en Madrid junto a cerca de 500 tractores para reclamar medidas que garanticen la rentabilidad de las explotaciones. La movilización llega apenas dos días después del acuerdo parcial alcanzado por los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre la futura Política Agrícola Común, cuyo presupuesto para 2028-2034 sigue pendiente de negociación.
Cerca de 500 tractores convergen en el centro de Madrid
El campo español vuelve a trasladar sus reivindicaciones a las calles de Madrid. ASAJA, COAG y Unión de Uniones han convocado para este miércoles una movilización nacional en la que está prevista la participación de cerca de 500 tractores y miles de agricultores y ganaderos procedentes de distintos puntos de España.
La protesta comenzó a organizarse desde primera hora de la mañana en cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago del Lozoya y Arganda del Rey. La previsión es que los primeros vehículos agrícolas comiencen a acceder a la capital alrededor de las 8.30 horas.
Los distintos grupos deben confluir hacia las 11.00 horas en la plaza de Colón. Desde allí, agricultores y ganaderos recorrerán el paseo de Recoletos y el paseo del Prado hasta la glorieta del Emperador Carlos V para finalizar ante la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La movilización está autorizada hasta las 18.00 horas.
La convocatoria supone una nueva demostración del malestar existente en una parte importante del sector primario español. Las tres organizaciones agrarias sostienen que el aumento de los costes está reduciendo los márgenes de muchas explotaciones mientras los precios percibidos por agricultores y ganaderos no evolucionan al mismo ritmo.
1. El combustible y los costes de producción, en el centro de las protestas
La primera gran reivindicación es económica. Las organizaciones convocantes reclaman una solución estable frente al encarecimiento del combustible, los fertilizantes, la alimentación animal, la electricidad y otros medios indispensables para mantener las explotaciones.
Entre sus propuestas figura la creación de un gasóleo profesional agrario, con una fiscalidad reducida y estable y bonificaciones aplicadas directamente en el momento del repostaje.
Los representantes del sector consideran insuficiente recurrir periódicamente a ayudas extraordinarias y defienden un modelo que permita absorber de forma más previsible las oscilaciones de los costes. ASAJA, COAG y Unión de Uniones sostienen que producir alimentos resulta cada vez más caro y que determinados agricultores afrontan dificultades para cubrir sus propios gastos.
El problema no es exclusivamente español. El propio Consejo de la Unión Europea reconoce que el sector agrícola está expuesto a la volatilidad de costes como los combustibles y los fertilizantes, además de a fenómenos meteorológicos extremos y a la competencia internacional. Según el organismo comunitario, los ingresos agrícolas continúan siendo inferiores a los de otros sectores económicos.
Recreación editorial del sector agrario reclama medidas frente al encarecimiento de los costes de producción y unos precios que permitan mantener la rentabilidad de las explotaciones.
2. La futura PAC abre otro frente entre el campo y Bruselas
La Política Agrícola Común para después de 2027 constituye el segundo gran eje de la tractorada.
La protesta llega inmediatamente después de que el Consejo de la Unión Europea aprobara el 26 de octubre su posición negociadora parcial sobre la futura PAC. El acuerdo pretende simplificar el sistema, orientar mejor las ayudas y reforzar el apoyo a agricultores activos, jóvenes y pequeñas explotaciones.
Sin embargo, hay un elemento fundamental todavía pendiente: el dinero.
El propio Consejo reconoce que el acuerdo es parcial porque las cuestiones financieras se están negociando por separado dentro del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para 2028-2034.
La Comisión Europea ha propuesto reservar alrededor de 300.000 millones de euros para ayudas a la renta agraria y medidas frente a situaciones de crisis, aunque la cifra definitiva dependerá de la negociación global del presupuesto comunitario.
Las organizaciones agrarias españolas consideran que la financiación continúa siendo la gran incógnita y reclaman que la PAC mantenga recursos suficientes y un carácter verdaderamente común para evitar diferencias excesivas entre Estados.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado en Bruselas y sostiene que recoge buena parte de las prioridades defendidas por España, aunque reconoce que la negociación presupuestaria todavía debe completarse.
Recreación editorial de la financiación de la futura Política Agrícola Común para 2028-2034 continúa pendiente de la negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea.
3. Precios justos y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria
La tercera reclamación vuelve a poner el foco en uno de los debates históricos del campo español: la diferencia entre los costes de producción y los precios que finalmente recibe el productor.
Las organizaciones convocantes exigen contratos equilibrados, mecanismos que permitan revisar precios cuando aumenten significativamente los costes y una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Su argumento es que agricultores y ganaderos siguen teniendo menor capacidad de negociación que otros eslabones de la cadena, especialmente cuando se producen fuertes incrementos de los insumos.
El objetivo declarado es evitar que una explotación tenga que vender su producción sin poder trasladar al mercado una parte de los incrementos que soporta durante el proceso productivo.
4. Mercosur, Marruecos y las llamadas “cláusulas espejo”
El comercio internacional ocupa otro lugar destacado en la protesta.
Los convocantes reclaman que las importaciones procedentes de terceros países estén sometidas a condiciones comparables a las que deben cumplir los productores europeos.
El sector reclama las denominadas “cláusulas espejo”, destinadas a exigir requisitos equivalentes en materia sanitaria, ambiental o de producción para evitar lo que las asociaciones consideran una competencia desigual.
En este contexto, las organizaciones mantienen sus críticas a las condiciones de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y Marruecos, y reclaman mayores controles en frontera y reciprocidad normativa.
El debate refleja una cuestión cada vez más importante para la agricultura europea: cómo combinar la apertura comercial y el acceso a nuevos mercados con la protección de productores sometidos a normativas comunitarias exigentes.
5. Menos burocracia y más relevo generacional
La última gran reclamación es la simplificación administrativa.
Agricultores y ganaderos denuncian que una parte creciente de su jornada se destina a cumplir trámites, registros y obligaciones documentales y reclaman reducir la burocracia asociada a las explotaciones.
Precisamente la simplificación aparece también entre los objetivos de la futura PAC planteada por las instituciones comunitarias.
Bruselas pretende además reforzar el relevo generacional, uno de los principales desafíos estructurales del campo europeo. La propuesta de la Comisión contempla medidas específicas para jóvenes agricultores, pequeñas explotaciones y nuevas incorporaciones al sector.
España tiene más de 800.000 agricultores, según datos de la Comisión Europea, y aproximadamente la mitad gestiona explotaciones de cinco hectáreas o menos. Esa estructura explica la importancia que tienen las ayudas comunitarias y las políticas destinadas a mantener actividad económica y población en las zonas rurales.
Una protesta con Europa como telón de fondo
La tractorada de Madrid llega en un momento especialmente relevante para el sector agrario. Por un lado, España se encuentra en plena discusión política sobre cómo afrontar el aumento de los costes y mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Por otro, Bruselas está definiendo las reglas y el presupuesto que condicionarán buena parte de la agricultura europea a partir de 2028.
La Unión Europea ha propuesto un presupuesto global cercano a dos billones de euros para 2028-2034, en el que agricultura y cohesión compartirán una nueva estructura junto a otras políticas comunitarias. La negociación definitiva todavía está abierta.