Los candidatos del PSOE y del PP protagonizaron este jueves su único cara a cara de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. El enfrentamiento estuvo marcado por las acusaciones sobre corrupción, las diferencias en materia de vivienda y pensiones y los reproches sobre la gestión de las infraestructuras ferroviarias. Varias afirmaciones de ambos dirigentes han requerido comprobaciones posteriores.
España entra en la recta final de las elecciones generales con un debate que ha permitido observar las principales diferencias entre los proyectos políticos de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Gobierno y candidato socialista y el líder del Partido Popular se enfrentaron durante aproximadamente dos horas en un encuentro organizado por la Academia de Televisión y moderado por su presidenta, María Casado.
El debate Sánchez-Feijóo se celebró el 19 de noviembre, diez días antes de las elecciones generales. Aunque ambos abordaron cuestiones económicas y sociales, buena parte de sus intervenciones estuvieron acompañadas de reproches sobre la gestión del Gobierno, la corrupción y la credibilidad de sus respectivos compromisos.
Más allá de la confrontación política, el encuentro dejó propuestas concretas y cifras que conviene analizar por separado.
La vivienda abre el debate electoral entre Sánchez y Feijóo
El acceso a una vivienda fue uno de los primeros grandes puntos de enfrentamiento.
Pedro Sánchez defendió las medidas adoptadas durante su etapa al frente del Ejecutivo, especialmente la regulación de los alquileres, las actuaciones sobre vivienda protegida y las iniciativas dirigidas a los colectivos vulnerables.
El candidato socialista reconoció, no obstante, que todavía queda mucho por hacer para responder a las dificultades que encuentran numerosos hogares.
Feijóo cuestionó los resultados de esas políticas y defendió un cambio de orientación basado en aumentar la construcción, facilitar la disponibilidad de suelo y revisar la legislación vigente.
Entre sus compromisos mencionó la construcción de un millón de viviendas y una nueva ley del suelo.
La discusión evidenció dos enfoques diferentes: uno que combina regulación e intervención pública y otro que concede mayor protagonismo al incremento de la oferta y a la modificación de las condiciones para construir.
Las cifras sobre vivienda necesitan contexto
La confrontación también puso de manifiesto el riesgo de utilizar estadísticas parciales.
Feijóo afirmó que el Gobierno únicamente había entregado 540 viviendas de las 184.000 anunciadas por Sánchez.
Sin embargo, una verificación publicada por EL PAÍS concluyó que esa cifra procedía de sumar determinadas promociones recogidas en comunicados gubernamentales, no de un registro completo de viviendas entregadas.
El mismo análisis cuestionó la afirmación de Sánchez de haber rehabilitado más de medio millón de viviendas, porque mezclaba actuaciones previstas, ayudas y trabajos cuya finalización no estaba acreditada.
Esta distinción es fundamental: anunciar una inversión, conceder una subvención, iniciar una construcción y entregar una vivienda son procesos diferentes.

Recreación mediante IA del mercado residencial español, uno de los principales asuntos del debate electoral.
Economía e impuestos: dos interpretaciones de la situación española
La economía ocupó otro de los bloques principales.
Sánchez defendió la evolución de la actividad económica y las medidas sociales aprobadas por sus gobiernos, mientras que Feijóo puso el foco en el coste de la vida, la presión fiscal y las dificultades de las familias para llegar a final de mes.
El candidato popular utilizó la subida de los alimentos para cuestionar el poder adquisitivo de los hogares.
Según la verificación de RTVE, el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 42,8 % entre junio de 2018 y octubre de 2026.
El dato permite comprender el peso que tiene el encarecimiento de productos básicos en la discusión electoral.
Sin embargo, para evaluar la situación económica completa también es necesario considerar la evolución de los salarios, las pensiones, el empleo y las diferencias entre hogares.
El crecimiento económico agregado no significa necesariamente que todas las familias hayan experimentado una mejora equivalente de su capacidad de compra.
Las pensiones se convierten en uno de los principales puntos de discusión
La protección de los pensionistas volvió a ocupar un lugar destacado.
Feijóo se comprometió a mantener la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC). También planteó reducir la tributación por IRPF de los pensionistas y crear una Secretaría de Estado del Mayor.
Por su parte, Sánchez propuso alcanzar un acuerdo para incorporar a la Constitución una garantía de revalorización de las pensiones vinculada a la inflación.
La diferencia resulta relevante porque una propuesta constitucional y una promesa de continuidad de una política pública no tienen el mismo alcance jurídico.
El compromiso de mantener las pensiones actualizadas conforme al IPC es distinto de establecer esa protección expresamente en la Constitución.
Además, cualquier reforma constitucional estaría condicionada por los procedimientos y las mayorías parlamentarias exigidas.

Recreación mediante inteligencia artificial de una pareja revisando sus cuentas domésticas, imagen ilustrativa del debate sobre pensiones y poder adquisitivo.
La corrupción protagoniza los reproches más intensos
Uno de los momentos más tensos llegó con la discusión sobre corrupción y regeneración democrática.
Feijóo cuestionó la gestión del presidente y mencionó diferentes investigaciones relacionadas con el entorno socialista. También anunció medidas como endurecer las penas por malversación y evitar los indultos a condenados por corrupción.
Sánchez pidió perdón por los casos de corrupción y por haber confiado en personas que, según reconoció, no merecían esa confianza.
Al mismo tiempo, respondió recordando los procedimientos que han afectado al Partido Popular y defendió nuevas iniciativas de transparencia y regulación de los grupos de interés.
Las acusaciones cruzadas requieren una distinción esencial: una investigación judicial, una imputación, una acusación y una condena firme no son situaciones equivalentes.
El debate político puede abordar responsabilidades públicas, pero las eventuales responsabilidades penales corresponden a los tribunales.
La documentación judicial y las comprobaciones independientes son imprescindibles para valorar correctamente las afirmaciones de cada candidato.
Los accidentes ferroviarios también aparecen en el cara a cara
Los accidentes de tren de Adamuz, en Córdoba, y Urda, en Toledo, ocuparon parte del debate sobre servicios públicos.
Feijóo criticó la actuación del Ejecutivo y reclamó explicaciones sobre el estado de la red ferroviaria y la gestión de las infraestructuras.
Sánchez expresó sus disculpas a las familias de las víctimas y defendió la responsabilidad de las administraciones de ofrecer explicaciones y responder ante las consecuencias de las tragedias.
El intercambio derivó también hacia antecedentes de otros accidentes y crisis gestionadas por gobiernos de diferentes partidos.
No obstante, las acusaciones políticas sobre negligencia deben distinguirse de las conclusiones técnicas o judiciales que puedan establecer las causas y responsabilidades de cada accidente.
Migración y política exterior: diferentes planteamientos
La inmigración fue otro de los asuntos sobre los que los candidatos mostraron diferencias.
Sánchez defendió la aportación económica y social de las personas migrantes y rechazó las propuestas de establecer centros de deportación fuera de la Unión Europea.
Feijóo cuestionó la gestión de las entradas irregulares y reclamó mayor control fronterizo.
Ambos utilizaron cifras sobre movimientos migratorios, aunque con periodos y referencias diferentes.
Para interpretar estos datos es necesario distinguir entre entradas registradas, personas que permanecen en territorio español, retornos y expedientes administrativos.
Comparar indicadores que no miden exactamente el mismo fenómeno puede producir conclusiones equivocadas.
Qué debe tener en cuenta el ciudadano antes del 29N
El debate ofreció una visión de las prioridades políticas de PSOE y PP, pero no sustituyó el análisis de sus programas electorales.
Para evaluar sus propuestas resultan especialmente relevantes tres cuestiones.
La primera es comprobar qué medidas están suficientemente desarrolladas y cuáles todavía son compromisos generales de campaña.
La segunda consiste en analizar cómo se financiarían las promesas, especialmente las relacionadas con vivienda, reducción de impuestos, servicios públicos y pensiones.
La tercera es distinguir las cifras verificadas de las interpretaciones utilizadas durante la confrontación política.
Además, aunque Sánchez y Feijóo representan a los dos grandes partidos de ámbito estatal, las elecciones generales incluyen otras candidaturas cuyos resultados también serán relevantes para la composición parlamentaria.
España votará el 29 de noviembre
Las elecciones generales están convocadas oficialmente para el domingo 29 de noviembre de 2026, según el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Un total de 38.728.356 electores están llamados a participar en unos comicios que determinarán la nueva composición del Congreso de los Diputados y el Senado.
El debate del jueves deja al descubierto diferencias políticas importantes, pero la confrontación televisiva no determina por sí sola el futuro Gobierno.
La decisión corresponde a los ciudadanos mediante las urnas, y la posterior formación del Ejecutivo dependerá de la composición del Congreso y del procedimiento parlamentario de investidura.
El reto de los próximos días será trasladar los compromisos electorales a propuestas comprobables, con medidas concretas y explicaciones suficientes sobre sus consecuencias para la ciudadanía.

