Brasil ha reforzado la protección económica de las mujeres víctimas de violencia doméstica con una medida que garantiza ingresos durante un máximo de seis meses cuando una resolución judicial determine que deben alejarse temporalmente de su puesto de trabajo. El nuevo criterio elimina además trámites administrativos que podían retrasar el acceso a la prestación y llega en un país que registró 848 feminicidios solo entre enero y julio de 2026.
Una resolución judicial será suficiente para solicitar la protección
Las mujeres brasileñas víctimas de violencia doméstica que necesiten abandonar temporalmente su puesto de trabajo para preservar su seguridad podrán disponer de una baja remunerada durante un máximo de seis meses.
El Gobierno brasileño aprobó el 1 de octubre un dictamen vinculante que desarrolla una decisión previa del Supremo Tribunal Federal y establece cómo deberá aplicarse esta protección dentro de la Administración federal.
Uno de los cambios más relevantes afecta al procedimiento.
Cuando un juez conceda una medida de protección y determine que la mujer debe separarse temporalmente de su actividad laboral, esa resolución será suficiente para que el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) estudie el correspondiente pago.
La víctima no tendrá que someterse a una nueva evaluación médica para demostrar que necesita permanecer alejada de su empleo.
El INSS deberá comprobar únicamente si la solicitante pertenece al régimen general de la Seguridad Social brasileña. El Gobierno sostiene que la modificación pretende evitar que un nuevo proceso administrativo retrase una protección que ya ha sido considerada necesaria por un tribunal.
La atención deberá realizarse además con carácter prioritario y confidencial, también a través de los servicios digitales del INSS.
Recreación editorial de una resolución judicial que determine el alejamiento del puesto de trabajo será suficiente para que el INSS estudie el pago de la prestación.
Quién paga durante los seis meses de ausencia
El sistema diferencia varias situaciones dependiendo de la relación laboral de la víctima.
Cuando la mujer sea empleada y esté incluida en el Régimen General de Previdencia Social, la empresa asumirá los primeros 15 días de ausencia. A partir de ese momento, corresponderá al INSS realizar los pagos durante el periodo restante establecido judicialmente.
En el caso de trabajadoras que cotizan al sistema pero no mantienen una relación laboral convencional —como determinadas trabajadoras autónomas, contribuyentes voluntarias o aseguradas especiales— el INSS asumirá el pago desde el comienzo del periodo de protección.
La medida tampoco exige un periodo mínimo previo de cotización para acceder a la prestación.
Además, el tiempo durante el cual la mujer permanezca apartada de su trabajo será contabilizado a efectos de jubilación y las cantidades recibidas no estarán sometidas a cotización a la Seguridad Social brasileña.
Para las mujeres que no formen parte del sistema de Previdencia Social, el Supremo ha determinado que la prestación tendrá carácter asistencial. En estos casos, la financiación deberá proceder del estado, el Distrito Federal o el municipio que establezca el juez.
La Ley Maria da Penha ya contemplaba la ausencia laboral
La posibilidad de que una víctima de violencia doméstica dejara temporalmente su empleo no es completamente nueva en Brasil.
La Ley Maria da Penha, aprobada en 2006 y convertida en una de las principales normas brasileñas de protección frente a la violencia doméstica, ya establece que un juez puede garantizar la conservación del vínculo laboral cuando sea necesario separar a la mujer de su lugar de trabajo durante un periodo máximo de seis meses.
El problema estaba en la remuneración.
La legislación protegía el puesto de trabajo, pero no establecía con suficiente claridad quién debía asumir económicamente ese periodo de ausencia.
El asunto terminó llegando al Supremo Tribunal Federal. El tribunal estableció posteriormente que garantizar la protección de la mujer requiere también preservar su fuente de ingresos y definió el reparto de responsabilidades entre empleadores, Seguridad Social y administraciones públicas.
El nuevo dictamen convierte ese criterio judicial en una instrucción vinculante para los organismos federales y busca unificar su aplicación.
La medida pretende resolver una circunstancia especialmente delicada: que abandonar temporalmente un entorno laboral o cambiar de rutina para protegerse de un agresor pueda provocar al mismo tiempo la pérdida de ingresos económicos.
Brasil sigue registrando cientos de feminicidios
La ampliación de la protección llega mientras Brasil continúa enfrentándose a elevados niveles de violencia contra las mujeres.
Los últimos datos consolidados por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contabilizan 848 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026. En el mismo periodo de 2025 fueron 876, por lo que se produjo una reducción del 3,2%.
Durante el primer semestre de este año se contabilizaron 741 feminicidios, frente a los 760 registrados entre enero y junio de 2025.
La evolución no es homogénea en todo el país. Mientras algunas regiones han registrado descensos, otras experimentaron incrementos. En el primer semestre, las regiones Centro-Oeste y Sur presentaron aumentos del 19% y del 19,2%, respectivamente, según las cifras oficiales.
El problema también queda reflejado en los datos correspondientes a todo 2025.
El Informe Anual Socioeconómico de la Mujer contabilizó 1.548 feminicidios consumados y 3.821 intentos de feminicidio durante ese año. El número de feminicidios había aumentado un 3,6% respecto a los 1.494 casos registrados en 2024.
Estos datos ayudan a explicar por qué Brasil ha reforzado durante los últimos años diferentes herramientas de protección asociadas a la Ley Maria da Penha.
Recreación editorial de Brasil registró 848 víctimas de feminicidio entre enero y julio de 2026, según los últimos datos oficiales.
El Estado podrá reclamar el dinero al agresor
El sistema incluye otra particularidad importante.
Las cantidades que el INSS pague a la víctima podrán ser posteriormente reclamadas judicialmente al agresor.
La Procuraduría General Federal será la encargada de iniciar las denominadas acciones regresivas destinadas a recuperar esas cantidades cuando corresponda.
De esta manera, el sistema busca evitar que la responsabilidad económica asociada a una situación de violencia recaiga exclusivamente sobre el sistema público.
El Ministerio de Previdencia Social y el INSS recibieron además un plazo de hasta 15 días desde la publicación del dictamen para concretar los procedimientos administrativos necesarios.
Las nuevas instrucciones se aplicarán tanto a futuros casos como a periodos de ausencia laboral que ya estén en curso.
Una protección que va más allá del puesto de trabajo
Brasil ha ido incorporando durante los últimos años otras medidas destinadas a permitir que las víctimas puedan reorganizar su vida después de abandonar un entorno de violencia.
Entre ellas se encuentran la posibilidad de trasladar a hijos o dependientes a centros educativos próximos al nuevo domicilio, mecanismos de protección para funcionarias públicas y ayudas temporales destinadas a mujeres que necesitan abandonar su vivienda.
Desde 2023, por ejemplo, la Ley Maria da Penha contempla ayudas para el alquiler durante un máximo de seis meses en determinados casos de vulnerabilidad económica y social.
En 2026 se han incorporado además nuevas herramientas relacionadas con las órdenes de protección y la vigilancia electrónica de agresores.
La lógica común de estas medidas es reducir uno de los principales obstáculos a los que puede enfrentarse una víctima cuando intenta abandonar una situación de violencia: la dependencia económica o la imposibilidad material de reorganizar inmediatamente su vida.