La comunidad internacional llega a la COP17 de biodiversidad 2026 con una advertencia difícil de ignorar: los países no están encaminados para cumplir 22 de los 23 grandes objetivos acordados para frenar la pérdida de naturaleza antes de 2030. La cumbre que comienza este lunes en Ereván deberá decidir cómo acelerar la protección de los ecosistemas y, sobre todo, cómo financiarla.
Qué es la COP17 de biodiversidad
La COP17 de biodiversidad es la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, una reunión internacional en la que gobiernos, científicos, organizaciones y representantes de comunidades indígenas analizan los avances en la protección de la naturaleza. La edición de 2026 se celebra en Ereván, Armenia, y tiene como objetivo revisar el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece 23 metas para 2030, entre ellas conservar al menos el 30% de las tierras y océanos del planeta, restaurar ecosistemas degradados, movilizar más financiación para la conservación y reducir los incentivos económicos que perjudican a la biodiversidad.
La COP17 convierte las promesas de 2022 en un examen real
Cuatro años después de que los gobiernos alcanzaran en Montreal uno de los acuerdos más ambiciosos aprobados hasta ahora para proteger la naturaleza, ha llegado el momento de comprobar cuánto se ha avanzado realmente.
La COP17 de biodiversidad 2026, que se celebra en Ereván, Armenia, entre el 19 y el 30 de octubre, constituye la primera revisión global del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. El acuerdo estableció 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad antes del final de esta década. Convention on Biological Diversity
Entre ellas figura una de las iniciativas ambientales más conocidas de los últimos años: conservar de manera efectiva al menos el 30% de las tierras y los océanos del planeta en 2030.
Recreación editorial del acuerdo internacional establece como objetivo conservar eficazmente al menos el 30% de las tierras y océanos del planeta en 2030.
El problema es que los primeros resultados muestran una brecha importante entre los compromisos políticos y su ejecución.
Reuters señala, a partir de la evaluación preparada por Naciones Unidas, que los países no se encuentran actualmente en trayectoria adecuada para alcanzar 22 de las 23 metas. La ONU también reconoce avances en la elaboración de estrategias nacionales, pero estos todavía no se han traducido en progresos suficientes en numerosos ámbitos.
La COP17 se convierte así en algo más que otra conferencia ambiental. Su propósito fundamental será decidir qué cambios deben introducirse durante los cuatro años restantes hasta 2030.
El objetivo del 30% avanza, pero proteger una superficie no basta
Una de las áreas donde existen señales relativamente positivas es la expansión de las zonas protegidas.
Las estimaciones utilizadas antes de la cumbre indican que los compromisos existentes podrían llevar la protección terrestre hasta aproximadamente el 27,5% en 2030, relativamente cerca de la meta global del 30%.
Pero la superficie protegida no es el único indicador relevante.
Crear un parque nacional o declarar una reserva sobre un mapa no garantiza automáticamente la conservación de su biodiversidad. El marco internacional exige que esas zonas estén correctamente gestionadas y que incluyan ecosistemas especialmente importantes, desde bosques y humedales hasta arrecifes, praderas y otros hábitats.
La situación de los océanos es particularmente compleja. Datos recopilados antes de la COP17 apuntan a un avance mucho más lento de la protección marina que de la terrestre.
Además, la pérdida de biodiversidad está vinculada a múltiples presiones que no pueden resolverse únicamente ampliando reservas naturales: destrucción de hábitats, contaminación, agricultura insostenible, pesca intensiva, cambio climático y determinadas políticas económicas continúan deteriorando ecosistemas.
El dinero vuelve a ser uno de los principales obstáculos
La segunda gran batalla de Ereván será financiera.
El Marco Mundial de Biodiversidad contempla movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales para biodiversidad en 2030, procedentes de distintas fuentes. Dentro de ese esfuerzo existe también un objetivo específico de financiación pública internacional para los países en desarrollo.
Naciones en desarrollo llevan años insistiendo en que resulta difícil ampliar áreas protegidas, restaurar ecosistemas o transformar determinados sectores económicos sin recursos adicionales.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que actualmente alrededor del 90% de la financiación relacionada con la naturaleza procede del sector público, lo que explica el interés en aumentar la participación empresarial y de los mercados financieros.
Una de las herramientas bajo observación será el Fondo de Cali, creado para que determinadas compañías que se benefician comercialmente de información genética digital contribuyan económicamente a la conservación de la biodiversidad.
Su funcionamiento todavía plantea cuestiones sobre cuánto deben aportar las empresas y cómo repartir los recursos entre los países y las comunidades indígenas.
Recreación editorial de la financiación y la reforma de los subsidios perjudiciales para la naturaleza serán dos de los principales debates de la COP17.
Los 500.000 millones en subsidios que dañan la naturaleza
Probablemente uno de los debates económicos más importantes de la COP17 biodiversidad 2026 estará relacionado con algo que tradicionalmente ha recibido mucha menos atención que los parques naturales: las subvenciones públicas.
El acuerdo de Kunming-Montreal establece la meta de reducir o reformar al menos 500.000 millones de dólares anuales en incentivos perjudiciales para la biodiversidad antes de 2030.
Aquí pueden entrar determinadas ayudas que favorecen actividades asociadas a la deforestación, prácticas agrícolas intensivas, fertilizantes, pesticidas o explotación de recursos naturales.
La lógica es sencilla: los gobiernos pueden destinar dinero a restaurar ecosistemas mientras, simultáneamente, otras políticas públicas incentivan actividades que los deterioran.
El problema es la falta de avances.
Un análisis difundido antes de la cumbre estima que únicamente una pequeña proporción de gobiernos ha adoptado plenamente las reformas necesarias para abordar esta meta. Más de 130 empresas han pedido además a los gobiernos reglas más claras para poder orientar inversiones hacia actividades compatibles con la conservación.
Esto convierte la biodiversidad en una cuestión que va mucho más allá de la política ambiental. Agricultura, pesca, energía, comercio, infraestructuras y sistema financiero forman parte del problema y también de las posibles soluciones.
Ereván deberá marcar el camino hasta 2030
Las negociaciones buscan desembocar en lo que Naciones Unidas denomina “Yerevan Pathway”, una hoja de ruta destinada a acelerar durante los próximos años la aplicación del acuerdo mundial de biodiversidad.
La conferencia contará con representantes de los gobiernos, organismos internacionales, científicos, organizaciones sociales, pueblos indígenas y sector privado. Armenia ha elegido como lema para la reunión “Taking Action for Nature”, una declaración que resume precisamente el cambio de fase que pretende representar la COP17: pasar de los compromisos a la ejecución.
Existe al menos una base institucional sobre la que trabajar. Naciones Unidas señala que más del 90% de los países participantes en el marco mundial ya han establecido objetivos nacionales de biodiversidad y aproximadamente el 70% informa sobre su aplicación.
Sin embargo, establecer metas nacionales no garantiza que puedan alcanzarse.
Durante estas dos semanas deberán abordarse simultáneamente financiación, restauración de ecosistemas, áreas protegidas, subsidios dañinos, participación de comunidades indígenas y reformas económicas. El calendario es especialmente ajustado para una negociación que afecta prácticamente a todos los sectores productivos.
Cinco claves que determinarán el éxito de la COP17
El resultado de Ereván podrá medirse principalmente mediante cinco elementos: acelerar las 23 metas de biodiversidad, acercarse al objetivo de protección del 30%, movilizar financiación, reformar subsidios perjudiciales y establecer mecanismos concretos de seguimiento hasta 2030.
La urgencia deriva también del calendario.
Ya ha transcurrido aproximadamente la mitad del periodo comprendido entre la aprobación del pacto de Kunming-Montreal en 2022 y su fecha límite de 2030. La COP17 será, por tanto, uno de los últimos grandes momentos políticos para corregir la trayectoria antes de entrar en la recta final.