PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado una reforma del Reglamento del Parlament para reforzar las sanciones contra los diputados que utilicen expresiones discriminatorias, ofensivas o que inciten al odio. La propuesta llega después de las amonestaciones impuestas a Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, y Joan Garriga, de Vox.
PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han alcanzado un acuerdo para modificar el Reglamento del Parlament de Cataluña e introducir un régimen sancionador más preciso ante los discursos de odio y otras conductas contrarias a las obligaciones de los diputados.
La iniciativa, registrada el miércoles 29 de julio, contiene nueve artículos y pretende trasladar al Reglamento parte de las normas actualmente recogidas en el Código de Conducta. El objetivo declarado por los cinco grupos es proporcionar mayor seguridad jurídica a las sanciones y delimitar las responsabilidades de la Mesa y de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
El pacto reúne a formaciones con posiciones muy diferentes sobre la independencia, la economía y el modelo territorial. Sin embargo, todas ellas coinciden en la necesidad de establecer límites más claros ante determinadas expresiones pronunciadas dentro o fuera del hemiciclo.
La reforma abre una nueva controversia entre partidos. Sus impulsores defienden que permitirá proteger la dignidad de los diputados y combatir la discriminación, mientras que el principal debate jurídico y político estará en determinar dónde termina la libertad de expresión parlamentaria y dónde comienza una conducta sancionable.
Infografía de la reforma impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP plantea multas de hasta 12.000 euros por discursos de odio y conductas discriminatorias en el Parlament.
PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP unen sus votos
Los cinco grupos que impulsan la propuesta suman 107 de los 135 diputados del Parlament. Por tanto, si mantienen su acuerdo durante toda la tramitación, disponen de votos suficientes para aprobar la reforma.
El Estatuto de Autonomía establece que cualquier modificación del Reglamento del Parlament necesita el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara en una votación final sobre el conjunto del texto. Esa mayoría se sitúa en 68 diputados, muy por debajo de los 107 escaños reunidos por las formaciones firmantes.
El Partido Popular, Vox y Aliança Catalana no figuran entre los promotores de la iniciativa. Sin embargo, la ausencia del PP entre los firmantes no permite anticipar todavía cuál será su voto definitivo cuando la reforma llegue al pleno.
La composición del acuerdo resulta políticamente relevante. El PSC gobierna Cataluña; Junts y ERC representan las dos principales corrientes del independentismo tradicional; Comuns y CUP se sitúan en diferentes espacios de la izquierda. La reforma crea así una mayoría transversal frente al endurecimiento del clima verbal registrado en la Cámara.
Multas de hasta 12.000 euros POR DISCURSOS DE ODIO para las infracciones más graves
La propuesta divide las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las conductas leves podrán castigarse con una amonestación pública. Las graves incorporarán, además, multas de entre 600 y 6.000 euros.
Para las infracciones consideradas muy graves se plantean sanciones económicas de entre 6.001 y 12.000 euros. También podría prohibirse temporalmente al diputado participar en delegaciones, conferencias interparlamentarias u otros foros institucionales durante un periodo máximo de un año.
Entre las conductas que podrían recibir la máxima calificación aparecen las amenazas, coacciones, intimidaciones o actos de violencia contra la dignidad y la integridad moral o física de una persona. También se incluyen la manipulación intencionada de información relevante, el incumplimiento de la obligación de abstenerse ante un conflicto de intereses y la aceptación de regalos superiores a determinados importes.
El texto también busca impedir que los representantes utilicen en sus comunicaciones un lenguaje ofensivo o difamatorio que discrimine, calumnie, promueva o incite al odio. La reforma no se limita, por tanto, a las intervenciones realizadas durante los plenos, sino que podría alcanzar otras comunicaciones vinculadas a la actividad parlamentaria.
Los expedientes contra Orriols y Garriga aceleran la reforma
El acuerdo se produce inmediatamente después de que la Mesa del Parlament sancionara a Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, y a Joan Garriga, portavoz parlamentario de Vox.
Orriols recibió una amonestación pública y Garriga dos amonestaciones por infracciones leves del artículo 7 del Código de Conducta. Ese precepto obliga a los diputados a mantener una actitud respetuosa, ejemplar y libre de discriminación hacia los demás representantes y hacia la ciudadanía.
El expediente de Orriols se inició después de que acusara a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico por utilizar hiyab en el Parlament. La dirigente de Aliança Catalana rechazó retractarse cuando el presidente de la Cámara y ERC se lo solicitaron.
En el caso de Garriga se estudiaron dos episodios. Uno estuvo relacionado con unas declaraciones en las que vinculó al PSOE con corrupción y con el uso de dinero público para drogas y prostitución. El segundo afectó a la colocación de carteles contra el expresidente catalán Lluís Companys durante un acto institucional.
La Mesa también analizó un expediente contra Júlia Calvet, diputada de Vox, pero concluyó que sus palabras estaban protegidas por la libertad de expresión dentro de un debate político. Este precedente demuestra que la reforma no implica necesariamente sancionar cualquier declaración ofensiva o polémica: cada caso deberá examinarse atendiendo a su contexto, intencionalidad y destinatarios.
La libertad de expresión centra la polémica entre los partidos
La cuestión más delicada será establecer una frontera jurídicamente clara entre la libertad de expresión y el discurso sancionable.
Los diputados están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria respecto a los votos y opiniones emitidos durante el ejercicio de su cargo. Al mismo tiempo, el Parlament posee autonomía disciplinaria y puede aprobar normas internas para ordenar los debates y exigir el cumplimiento de unas reglas de conducta.
Los impulsores pretenden evitar que la aplicación de una sanción dependa exclusivamente de interpretaciones generales o de normas dispersas. La inclusión del régimen disciplinario en el Reglamento otorgaría una posición jurídica más sólida a las decisiones de la Mesa.
El Código de Conducta vigente ya permite imponer amonestaciones públicas, multas de entre 600 y 12.000 euros y, en infracciones muy graves, proponer al pleno la suspensión temporal de la función parlamentaria. También establece que las sanciones deben estar motivadas y que deben valorarse factores como la intencionalidad, la reincidencia o los perjuicios causados.
La reforma busca concretar ese sistema, pero también puede alimentar las acusaciones políticas de censura o utilización partidista. El desafío será impedir los ataques discriminatorios sin convertir el procedimiento disciplinario en una herramienta para limitar la crítica legítima, incluso cuando esta resulte especialmente dura.
Recreación editorial de la reforma deberá establecer una frontera clara entre la crítica política, las expresiones ofensivas y los discursos discriminatorios.
Un Parlament marcado por los enfrentamientos verbales
Los expedientes contra Orriols y Garriga no constituyen casos aislados. La Comisión del Estatuto de los Diputados ha advertido de un incremento de los choques verbales y ha solicitado normas más específicas para analizar estas situaciones.
También existen procedimientos relacionados con otros representantes, incluido el diputado de Vox Alberto Tarradas. Una de las controversias surgió después de que insinuara desde la tribuna que la diputada de ERC Najat Driouech podría ser deportada.
La Mesa considera necesario regular con mayor precisión las manifestaciones ofensivas dirigidas contra otros diputados, instituciones o personas ajenas al Parlament. Al mismo tiempo, el órgano rector ha señalado expresamente que cualquier cambio debe preservar el respeto a la libertad de expresión.
La reforma llega, por tanto, en un momento de creciente polarización política. La entrada de nuevos partidos, el debate sobre la inmigración y las diferencias entre los bloques independentista y constitucionalista han aumentado la tensión de algunas sesiones.