El Consejo de Ministros ha concedido cinco indultos publicados en el Boletín Oficial del Estado. Entre los beneficiados se encuentran Laura Borràs, el gestor cultural Natalio Grueso y el exalcalde socialista de Linares Juan Fernández, condenados en procedimientos relacionados con prevaricación, falsedad documental y malversación.
El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha concedido cinco indultos mediante otros tantos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del 28 de julio y publicados un día después en el Boletín Oficial del Estado. Las medidas afectan a Laura Borràs, Natalio Grueso Rodríguez, Juan Fernández Gutiérrez, Carolina Villarraga Blandón y Rosa María Poveda Encabo.
Aunque habitualmente se atribuye la decisión directamente al presidente del Gobierno, los indultos fueron acordados formalmente por el Consejo de Ministros. Los reales decretos aparecen firmados por el rey Felipe VI y refrendados por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Tres de los cinco expedientes afectan a personas condenadas en causas relacionadas con el ejercicio de responsabilidades públicas o la gestión de fondos públicos. Los otros dos corresponden a mujeres condenadas por delitos contra la salud pública.
Laura Borràs: la pena de prisión queda reducida a dos años
El caso con mayor repercusión política es el de Laura Borràs, expresidenta del Parlament de Cataluña y antigua dirigente de Junts. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la condenó en 2023 por un delito de prevaricación administrativa, un delito continuado de falsedad en documento oficial y la inducción de otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.
La sentencia le impuso cuatro años, seis meses y un día de prisión, además de una multa y diferentes penas de inhabilitación que suman 13 años y un día. Los hechos juzgados se produjeron entre 2013 y 2018, cuando Borràs dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.
El indulto conmuta la pena de cárcel por otra de dos años. Esta reducción abre la vía para que pueda evitar el ingreso en prisión, aunque la decisión sobre una eventual suspensión corresponde al tribunal. La multa y las penas de inhabilitación permanecen vigentes. Como condición, Borràs no podrá cometer ningún delito doloso durante los próximos cinco años.
El Gobierno subraya que el indulto se ajusta a la propuesta realizada por el propio tribunal sentenciador, que consideró “desproporcionada y excesiva” la duración de la pena de prisión. La Fiscalía, sin embargo, se había opuesto a la medida al considerar que Borràs no había mostrado arrepentimiento.
Recreación editorial de Laura Borràs, el indulto reduce a dos años la pena de prisión, pero mantiene la multa y sus penas de inhabilitación.
Natalio Grueso: indulto por razones humanitarias
El Ejecutivo también ha indultado a Natalio Grueso Rodríguez, antiguo director general del Centro Niemeyer de Avilés. Grueso fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a un total de ocho años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad documental y un delito societario.
Los hechos se cometieron entre 2006 y 2012. Además de las penas de cárcel, la sentencia estableció una multa y ocho años de inhabilitación absoluta para contratar con administraciones públicas o entidades pertenecientes al sector público.
El real decreto perdona las penas privativas de libertad que todavía estaban pendientes de cumplimiento, pero mantiene el resto de los pronunciamientos de la sentencia. El beneficiado no podrá cometer ningún delito doloso durante un periodo de ocho años.
El Ministerio de Justicia justifica la medida por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud. La petición había sido respaldada por artistas y profesionales del sector audiovisual y cultural.
Juan Fernández: de tres años de cárcel a dos
El tercer indulto de relevancia pública afecta a Juan Fernández Gutiérrez, alcalde socialista de Linares, en Jaén, entre 1999 y 2019. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó por un delito de malversación de caudales públicos relacionado con hechos cometidos entre 2011 y 2017.
Fernández recibió una pena de tres años de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público. El Gobierno ha reducido la pena privativa de libertad a dos años, pero mantiene íntegramente la inhabilitación.
El indulto queda condicionado a que el exalcalde no cometa ningún delito doloso durante tres años.
Según el Ministerio de Justicia, la solicitud contaba con un informe favorable del tribunal sentenciador y con el respaldo de los grupos municipales del PSOE y del Partido Popular de Linares. También había sido apoyada por el Ayuntamiento y por una asociación vecinal que recogió firmas en el municipio.
Dos indultos por delitos contra la salud pública
Los otros dos expedientes corresponden a Carolina Villarraga Blandón y Rosa María Poveda Encabo, dos ciudadanas sin responsabilidades políticas conocidas que habían sido condenadas por delitos contra la salud pública.
Carolina Villarraga fue condenada por la Audiencia Provincial de León a tres años y un día de prisión por unos hechos cometidos en 2013. El Gobierno sustituye esa pena por otra de dos años, con la condición de que no vuelva a cometer un delito doloso durante los próximos cuatro años.
Rosa María Poveda había recibido dos condenas de la Audiencia Provincial de Ávila: una de un año y seis meses de prisión por hechos cometidos en 2020 y otra de tres años por un delito cometido en 2023. El real decreto indulta las penas privativas de libertad impuestas, aunque mantiene las restantes consecuencias de las sentencias. La condición establecida es que no cometa delitos dolosos durante cinco años.
En ambos casos, los expedientes tuvieron en cuenta los informes de los tribunales sentenciadores y del Ministerio Fiscal. Los decretos justifican las decisiones por “razones de justicia y equidad”.
Recreación editorial de los decretos establecen diferentes reducciones de prisión y periodos de entre tres y ocho años sin cometer delitos dolosos.
El indulto a Borràs provoca la mayor controversia política
La medida concedida a Laura Borràs ha concentrado las principales reacciones. El Gobierno defiende que sigue el criterio planteado por el tribunal sentenciador y que decisiones como los indultos han contribuido a normalizar la situación política en Cataluña.
El ministro Óscar López sostuvo que tanto los indultos como la ley de amnistía han resultado “útiles” para avanzar en esa normalización. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también recordó que fue el propio tribunal quien calificó de excesiva la pena de prisión.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, discrepó abiertamente de la medida. El dirigente socialista cuestionó la credibilidad que puede ofrecer el Gobierno en la lucha contra la corrupción después de indultar a una persona condenada por delitos vinculados a la gestión pública.
Desde el Partido Popular se ha puesto el foco en el cambio de posición de Pedro Sánchez respecto a los indultos. Junts, por su parte, ha recibido favorablemente la reducción de la pena de prisión, aunque considera insuficiente el indulto porque mantiene la inhabilitación de Borràs.