El ministro del Interior niega que el CNI anticipara la llegada masiva, eleva a 72.000 las entradas por el Tarajal y defiende ante la Unión Europea la actuación desplegada por España.
La explicación de Marlaska sobre la crisis de Ceuta ha situado el foco político en una cuestión central: por qué ningún servicio de inteligencia anticipó una entrada de dimensiones inéditas por la frontera del Tarajal. Tras la reunión extraordinaria de ministros del Interior de la Unión Europea, el titular de Interior negó que el CNI o cualquier organismo español o comunitario hubiera emitido una alerta concreta sobre una llegada masiva y defendió que el Estado reaccionó con rapidez una vez iniciados los cruces.
Fernando Grande-Marlaska elevó a 72.000 el número de personas que entraron irregularmente en Ceuta el 30 de julio y aseguró que más de 70.000 ya habían abandonado la ciudad autónoma, principalmente mediante retornos a Marruecos. El ministro presentó esos datos como prueba de la eficacia del dispositivo desplegado y de la colaboración mantenida con las autoridades marroquíes.
Marlaska niega una alerta previa del CNI
La principal controversia gira alrededor de la información disponible antes de la crisis. Marlaska afirmó que no existió ningún informe específico que anticipara un movimiento de decenas de miles de personas hacia Ceuta. También expresó su respaldo al CNI y rechazó considerar su actuación como un fallo que obligue a asumir responsabilidades políticas o administrativas.
La ausencia de una alerta concreta no significa, sin embargo, que Interior desconociera por completo el aumento de la presión migratoria. En las semanas anteriores se habían detectado alrededor de 500 intentos de entrada entre el 29 de junio y el 12 de julio, una cifra que aumentó hasta aproximadamente 1.300 entre el 13 y el 26 de julio.
Los análisis también contemplaban un incremento estacional durante el verano y el posible efecto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de personas que acceden a nado. El Gobierno sostiene que esos indicadores justificaron un refuerzo previo de la Guardia Civil, aunque la magnitud final superó ampliamente las previsiones.
Marlaska calificó el episodio como extraordinario y excepcional. Su argumento es que ningún servicio de información español, europeo o de otro país había previsto un escenario semejante. El ministro considera, por ello, que no puede atribuirse una negligencia concreta al CNI por no haber anticipado una movilización de esa escala.
La cifra asciende a 72.000 entradas y 70.000 retornos
El nuevo balance comunicado por Interior eleva significativamente la dimensión del episodio. Según el ministro, 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera y más de 70.000 ya habían salido de Ceuta pocos días después. El dato convierte la crisis en un acontecimiento muy superior al registrado en mayo de 2021, cuando llegaron alrededor de 10.000 personas.
El coste humano sigue siendo el aspecto más grave. Marlaska situó en al menos 75 el número de fallecidos en el lado español, mientras las instituciones europeas trasladaron sus condolencias por quienes perdieron la vida durante el cruce. La actualización definitiva continúa dependiendo de los trabajos de identificación y de la información facilitada por los servicios de emergencia.
Interior asegura que las entradas quedaron completamente interrumpidas desde el sábado gracias al despliegue policial y militar, a la barrera colocada junto al espigón del Tarajal y a la cooperación de Marruecos. Aun así, permanecen en Ceuta personas cuyos expedientes deben resolverse individualmente, entre ellas menores y posibles solicitantes de protección internacional.
El Gobierno presenta el elevado número de retornos como el principal resultado del dispositivo. No obstante, la gestión de quienes continúan en la ciudad y el reparto de los menores entre las comunidades autónomas mantienen abierto un segundo frente político entre el Ejecutivo central y el Partido Popular.
Recreación editorial del Gobierno instaló una barrera marítima en el Tarajal para reforzar el control fronterizo y adaptar los procedimientos a la reciente resolución del Tribunal Supremo.
La Unión Europea respalda la respuesta española
La reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE ofreció a Marlaska un respaldo institucional relevante. El Consejo de la Unión Europea destacó la rápida respuesta de España, expresó su solidaridad con el país y recordó que la protección de las fronteras exteriores constituye una responsabilidad compartida.
Marlaska aseguró que sus homólogos reconocieron una actuación inmediata y eficaz. También subrayó que el espacio Schengen no estuvo comprometido, ya que Ceuta no forma parte de este territorio de libre circulación, y cuestionó el mantenimiento de controles fronterizos adicionales aplicados por Italia a viajeros procedentes de España.
El respaldo europeo no elimina, sin embargo, el debate sobre las medidas preventivas. Los ministros comunitarios abordaron la necesidad de mejorar la cooperación, utilizar mejor los instrumentos disponibles y reforzar la preparación ante futuras crisis. La cuestión de fondo es si los mecanismos de alerta temprana pueden detectar movimientos coordinados de esta escala antes de que alcancen una frontera exterior.
La reunión también permitió a España reclamar una respuesta común. Para el Gobierno, los acontecimientos de Ceuta no pueden considerarse únicamente un problema nacional, puesto que afectan a una de las fronteras exteriores de la Unión Europea y requieren cooperación con los países de origen y tránsito.
La barrera del Tarajal y la sentencia del Supremo
Una de las decisiones más visibles ha sido la instalación acelerada de una barrera marítima junto al Tarajal. El Gobierno comenzó a estudiar esta solución después de que el Tribunal Supremo estableciera límites a las devoluciones inmediatas de personas que entran a nado cuando no existe una delimitación física que permita determinar con claridad el punto de cruce fronterizo.
Interior sostiene que la barrera crea una referencia operativa para controlar las llegadas y aplicar procedimientos compatibles con la resolución judicial. El dispositivo se desplegó tras la entrada masiva y el Gobierno estudia una medida equivalente para Melilla.
La oposición considera que la actuación llegó tarde y acusa al Ejecutivo de no haber protegido adecuadamente la frontera. El Partido Popular ha reclamado responsabilidades por la falta de previsión, ha pedido cambios legales que faciliten los rechazos en frontera por vía marítima y ha criticado la gestión del traslado de los menores llegados a Ceuta.
El debate jurídico será determinante para las próximas decisiones. El Ejecutivo deberá combinar el control de la frontera con el derecho de asilo, la identificación individual y las garantías establecidas por los tribunales para las personas que consiguen acceder a territorio español.
Recreación editorial de cómo Interior reconoce que existían señales generales de presión migratoria, aunque sostiene que ningún servicio anticipó una entrada de la magnitud registrada en el Tarajal.
Marruecos vuelve a ser decisivo
Marlaska ha defendido reiteradamente la cooperación con Rabat. Según su versión, el retorno de la mayoría de las personas en tan poco tiempo solo fue posible por la colaboración marroquí. El ministro atribuye el origen de la movilización a redes dedicadas al tráfico de personas, que habrían utilizado de manera interesada la sentencia del Supremo para promover los cruces.
La relación con Marruecos es uno de los elementos políticamente más sensibles. El Gobierno evita responsabilizar al país vecino y lo presenta como un socio esencial para recuperar el control. Desde Interior se asegura que el trabajo conjunto se mantiene tanto para impedir nuevas tragedias como para proteger las fronteras española y europea.
La oposición, por su parte, concentra sus críticas en la debilidad preventiva del Ejecutivo español y cuestiona que la cooperación bilateral sea suficiente para garantizar que no se repita un episodio similar. El PP responsabiliza principalmente al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber anticipado la crisis y por la gestión posterior de las personas que permanecen en Ceuta.