El caso Plus Ultra y Zapatero entra este lunes 7 de septiembre en una nueva fase en la Audiencia Nacional. Julio Martínez Sola, expresidente y cofundador de la aerolínea, declara como investigado ante el juez José Luis Calama después de haber presentado un escrito en el que vinculó al expresidente del Gobierno con las gestiones realizadas para obtener el préstamo público de 53 millones de euros concedido a la compañía en 2021. Zapatero ha negado haber influido en la operación y no existe ninguna condena contra él.
Una declaración que puede marcar el rumbo del caso Plus Ultra
La Audiencia Nacional vuelve a colocar este lunes el caso Plus Ultra en el centro de la actualidad política y judicial española.
Julio Martínez Sola, que presidió la compañía aérea hasta el pasado mes de julio, está citado ante el magistrado José Luis Calama. Su comparecencia tiene especial relevancia porque el antiguo responsable de la aerolínea ya remitió al juzgado un escrito en el que relató la supuesta participación de José Luis Rodríguez Zapatero en las gestiones realizadas cuando Plus Ultra buscaba financiación para sobrevivir a la crisis provocada por la pandemia.
El martes será el turno del exconsejero delegado Roberto Roselli, también investigado y otro de los antiguos dirigentes que han aportado al juzgado su versión de los acontecimientos.
La causa investiga las circunstancias que rodearon al préstamo público de 53 millones de euros concedido en 2021, canalizado a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La investigación no implica que las acusaciones estén probadas. El procedimiento continúa en fase de instrucción y deberá determinarse qué hechos pueden acreditarse y qué responsabilidad, si alguna, corresponde a cada investigado.
Recreación editorial de Julio Martínez Sola comparece como investigado ante el juez José Luis Calama después de haber remitido al juzgado su versión sobre las gestiones del rescate.
El origen de los 530.000 euros que investiga el juez
Uno de los puntos fundamentales de la investigación se encuentra en el equivalente aproximado al 1% de los 53 millones recibidos por Plus Ultra.
Según los escritos presentados por antiguos responsables de la compañía y recogidos por EFE y RTVE, la aerolínea habría asumido pagos por alrededor de 530.000 euros relacionados con trabajos de acompañamiento o intermediación vinculados al proceso de obtención de financiación.
Parte de esas cantidades se habría canalizado a través de sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, persona próxima a Zapatero e investigada asimismo en el procedimiento.
La existencia de los pagos no equivale por sí sola a demostrar que se produjera un tráfico de influencias. Precisamente una de las cuestiones centrales de la causa consiste en determinar qué trabajos se realizaron realmente, quién participó en ellos y cuál fue su relación concreta con la concesión de la financiación pública.
Según la información publicada por RTVE, los antiguos directivos explicaron que existieron facturas bajo conceptos relacionados con informes y servicios profesionales y sostuvieron que determinados trabajos carecían, a su juicio, de una correspondencia suficiente con lo facturado. Esa interpretación forma parte de sus declaraciones y deberá ser contrastada dentro de la investigación judicial.
La llamada que sitúa a Zapatero en el comienzo de las gestiones
Otro de los elementos que previsiblemente centrará la declaración de Martínez Sola es una conversación telefónica que sitúa en abril de 2020, cuando las restricciones provocadas por la pandemia habían paralizado gran parte del tráfico aéreo internacional.
El antiguo presidente de Plus Ultra sostiene que recibió una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero después de haber buscado contactos que pudieran ayudar a la compañía a acceder a financiación.
Según su relato remitido al juzgado, la conversación duró aproximadamente diez minutos y durante ella explicó al expresidente la difícil situación financiera de la aerolínea y su necesidad de obtener crédito.
Ese contacto constituye uno de los indicios que analiza el juez, pero por sí mismo tampoco demuestra una intervención irregular.
La cuestión jurídica relevante es mucho más concreta: determinar si existieron gestiones efectivas ante organismos públicos, si esas actuaciones tuvieron influencia sobre la concesión de los fondos y si hubo posteriormente una contraprestación económica vinculada a ellas.
Los exdirectivos admiten una limitación importante en su relato
Uno de los aspectos esenciales para ofrecer una lectura equilibrada de la investigación es que las informaciones publicadas hasta ahora también reflejan las limitaciones de las acusaciones.
Los antiguos dirigentes de Plus Ultra sostienen que Zapatero tuvo un papel más activo del que el expresidente ha reconocido, pero no han aportado hasta ahora pruebas directas de supuestas presiones ejercidas personalmente por él ante miembros del Gobierno para conseguir el rescate, según la información publicada por El País.
Ese punto puede resultar decisivo.
No basta con demostrar que existieron contactos profesionales, contratos o pagos. Para establecer una eventual responsabilidad penal es necesario acreditar los elementos concretos de los delitos investigados y la participación de las personas afectadas.
Por eso las declaraciones de Martínez Sola este lunes y de Roselli el martes adquieren especial trascendencia: el juez podrá preguntarles directamente qué conocieron, qué presenciaron personalmente y qué información recibieron de terceras personas.
Zapatero niega haber intervenido en el rescate
La versión de José Luis Rodríguez Zapatero es radicalmente distinta.
El expresidente del Gobierno ha negado ante el juez haber ejercido influencia alguna para que Plus Ultra recibiera los 53 millones y ha rechazado haber cobrado de la aerolínea por conseguir el rescate.
También ha cuestionado distintos elementos de la investigación y su defensa solicitó la nulidad de actuaciones.
El pasado viernes, el magistrado José Luis Calama rechazó la petición de “nulidad general” planteada por la defensa, al considerar que no se habían vulnerado los derechos fundamentales invocados. Esa decisión permite que la investigación continúe mientras se practican las diligencias pendientes.
La negativa del juez a anular la causa tampoco implica una declaración de culpabilidad: únicamente significa que, en esta fase, el procedimiento judicial continúa adelante.
Recreación editorial de la investigación analiza las circunstancias que rodearon la financiación pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra en 2021.
Una investigación con fuerte repercusión política
La trascendencia del caso Plus Ultra y Zapatero supera el ámbito estrictamente judicial.
Zapatero presidió el Gobierno entre 2004 y 2011 y continúa teniendo una presencia importante en la vida política española. Las diligencias afectan por ello a una de las principales figuras históricas del PSOE y han provocado una intensa confrontación entre Gobierno y oposición.
Pedro Sánchez ha defendido públicamente el principio de presunción de inocencia del expresidente, mientras los partidos de la oposición han reclamado explicaciones sobre sus actividades profesionales posteriores a su paso por La Moncloa.
Pero la investigación debe mantenerse separada del debate partidista.
La cuestión que tiene que resolver la Audiencia Nacional no es la valoración política de Zapatero ni del rescate, sino si existen pruebas suficientes para acreditar conductas penalmente relevantes.
Por qué la declaración de hoy es especialmente importante
La comparecencia de Martínez Sola permite al juez confrontar directamente el contenido de su escrito con las pruebas ya incorporadas a la investigación.
También permitirá conocer hasta qué punto el antiguo presidente de Plus Ultra posee información obtenida personalmente o si parte de su relato deriva de conversaciones con otras personas.
Posteriormente, el magistrado podrá comparar su versión con la declaración de Roberto Roselli, prevista para el martes, y con las explicaciones que ya han ofrecido otros investigados.
Además, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional mantiene abiertas diligencias relacionadas con la estructura accionarial de la aerolínea y el origen de determinadas inversiones vinculadas a Venezuela, otro de los frentes que analiza el instructor.