El Gobierno de Colombia ha decidido abrir conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una salida a las crecientes presiones sobre las cuentas públicas. El anuncio coloca el déficit, la deuda y el coste de financiación en el centro del debate económico del país, aunque por el momento no existe un programa de asistencia financiera acordado con el organismo.
Colombia ha dado un paso significativo para afrontar el deterioro de sus finanzas públicas.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 27 de septiembre que ha ordenado al Ministerio de Hacienda y al equipo económico de su Gobierno iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objetivo, según explicó el mandatario en una intervención televisada, es encontrar una “salida negociada” a la situación fiscal que afronta el país.
El anuncio no equivale, sin embargo, a un rescate financiero.
Hasta este lunes 28 de septiembre no se ha anunciado un acuerdo de préstamo, una cantidad concreta ni las eventuales condiciones de un programa con el FMI. La diferencia es importante: Colombia está abriendo una fase de conversaciones cuyo resultado todavía se desconoce.
La preocupación por las cuentas públicas tampoco apareció de forma repentina. Organismos internacionales venían advirtiendo desde hace meses sobre los elevados déficits, el crecimiento de la deuda y la necesidad de recuperar credibilidad fiscal.
¿Qué es el FMI y cuál es su función?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización internacional creada en 1944 que actualmente reúne a 191 países y tiene como objetivo promover la estabilidad financiera y monetaria mundial. Entre sus principales funciones se encuentran supervisar la evolución de las economías de sus miembros, ofrecer asesoramiento económico y proporcionar financiación a países que atraviesan problemas relacionados con su balanza de pagos o dificultades financieras.
Cuando concede asistencia económica, el FMI puede acordar con el Gobierno correspondiente un programa que incluya determinadas medidas y objetivos económicos destinados a recuperar la estabilidad de las cuentas públicas y facilitar el acceso a financiación. En el caso de Colombia, la apertura de conversaciones anunciada por el Gobierno no implica por sí sola que exista un rescate o préstamo aprobado, ya que cualquier posible programa tendría que ser negociado y posteriormente acordado entre ambas partes.
¿Por qué Colombia ha decidido hablar con el FMI?
El propio Gobierno sitúa el origen de la decisión en el desequilibrio entre los ingresos públicos y las obligaciones que debe afrontar el Estado.
De la Espriella aseguró que los recursos disponibles son insuficientes frente al servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento, lo que incrementa la necesidad de buscar financiación en los mercados nacionales e internacionales.
El presidente responsabilizó a la anterior Administración de Gustavo Petro de buena parte del deterioro fiscal. Esa atribución forma parte de la posición política del nuevo Gobierno y no debe confundirse con una conclusión independiente sobre todas las causas del desequilibrio.
Lo que sí muestran los datos de organismos internacionales es que Colombia arrastra importantes presiones fiscales.
El FMI proyectaba en abril que el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situaría aproximadamente en el 5,2% del PIB en 2026, mientras que la deuda pública bruta alcanzaría alrededor del 60,9% del PIB.
Son cifras que ayudan a comprender por qué la situación fiscal se ha convertido en una de las prioridades económicas del nuevo Ejecutivo.
Recreación editorial del Gobierno colombiano ha anunciado conversaciones con el FMI, aunque por ahora no existe un programa financiero acordado.
El FMI ya había advertido sobre las cuentas colombianas
Las advertencias son anteriores al cambio de Gobierno.
En su evaluación de Colombia correspondiente a 2025, el Fondo Monetario Internacional destacó que el aumento del déficit fiscal y de la deuda había contribuido a elevar las primas de riesgo soberano del país.
El organismo había señalado anteriormente que el déficit del Gobierno central pasó del 4,2% del PIB en 2023 al 6,7% en 2024, debido, entre otros factores, a unos ingresos tributarios inferiores a los previstos y un gasto primario superior a los objetivos establecidos.
La deuda pública bruta alcanzó entonces el 61,3% del PIB.
La OCDE también ha advertido este año de que los déficits fiscales colombianos siguen siendo elevados y que el aumento de la deuda y de los costes de intereses exige una estrategia de consolidación más ambiciosa y creíble.
Por tanto, el anuncio de las conversaciones con el FMI se produce sobre un problema fiscal que ya había sido identificado por diferentes instituciones internacionales.
Hablar con el FMI no significa que Colombia haya sido rescatada
Esta es probablemente la principal diferencia que conviene aclarar.
El Gobierno colombiano ha anunciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. No ha comunicado que exista un programa de financiación aprobado.
Tampoco se conoce públicamente qué instrumento podría plantearse, qué cantidad estaría eventualmente sobre la mesa ni qué compromisos asumiría Colombia.
Por eso resulta prematuro afirmar que el país afrontará automáticamente recortes, subidas de impuestos u otras medidas concretas.
Cualquier eventual programa tendría que negociarse.
El FMI dispone de distintos mecanismos financieros y sus características dependen de la situación económica del país, sus necesidades y el tipo de acuerdo alcanzado.
Colombia, además, mantiene una larga relación institucional con el organismo. Es miembro del FMI desde 1945 y ha contado con diferentes acuerdos a lo largo de su historia.
En octubre de 2025, Colombia canceló su acuerdo de Línea de Crédito Flexible con el Fondo, según consta en la documentación oficial del organismo.
El escenario planteado ahora abre, por tanto, una nueva etapa cuya forma todavía está por determinar.
La economía sigue creciendo, pero con importantes desequilibrios
La apertura de conversaciones con el FMI tampoco significa que la economía colombiana esté en recesión.
Las previsiones internacionales continúan contemplando crecimiento durante 2026.
El FMI proyecta un aumento del PIB colombiano del 2,3% este año, mientras que la OCDE calcula un avance del 2,4%.
El problema está en la combinación de diferentes desequilibrios.
El FMI proyecta una inflación media del 5,9% en 2026, junto con un desempleo cercano al 9%.
La OCDE considera que la elevada inflación, unas condiciones monetarias restrictivas y la incertidumbre seguirán pesando sobre la inversión y moderando el consumo de los hogares.
A ello se añaden las necesidades de financiación del Estado.
Cuando un Gobierno mantiene déficits elevados necesita conseguir recursos para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Si aumenta la percepción de riesgo, los inversores pueden exigir mayores rendimientos para comprar deuda pública, incrementando a su vez el coste de financiar al Estado.
De ahí que la credibilidad fiscal se haya convertido en un elemento fundamental del debate colombiano.
Recreación editorial de la inflación elevada y unas condiciones financieras restrictivas continúan condicionando el consumo y la economía de los hogares colombianos.
¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?
El primer paso será conocer el alcance real de las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda colombiano y el FMI.
Existen varios escenarios posibles.
Las conversaciones pueden limitarse inicialmente al asesoramiento y evaluación de las cuentas públicas o avanzar hacia algún tipo de programa financiero. Hasta que ambas partes comuniquen formalmente un acuerdo, no puede darse por hecho ninguno de ellos.
También será fundamental conocer el plan fiscal que presente el Gobierno.
La OCDE considera necesaria una consolidación fiscal “decisiva” para estabilizar la deuda, reducir las primas de riesgo y recuperar la confianza de los inversores. El organismo calcula que el crecimiento colombiano podría moderarse desde el 2,4% previsto para 2026 hasta el 2,1% en 2027.
El desafío para el Ejecutivo será encontrar un equilibrio entre la reducción del déficit y la protección de la actividad económica y social.
Un ajuste demasiado rápido puede afectar al consumo, la inversión pública o determinados servicios, mientras que retrasar la corrección de los desequilibrios puede incrementar el endeudamiento y el coste de financiación.
La composición de cualquier ajuste será, por tanto, tan importante como su magnitud.