Honduras ha aprobado una profunda reforma de su legislación contra las maras y otras organizaciones criminales que eleva hasta los 40 años las penas para sus integrantes y permite imponer cadena perpetua a líderes y financiadores. El paquete legislativo refuerza además la prisión preventiva y el control de las cárceles, en una nueva muestra del endurecimiento de las políticas de seguridad en Centroamérica.
Una amplia mayoría parlamentaria respalda la reforma
El Congreso Nacional de Honduras ha dado un importante paso en la estrategia del Gobierno del presidente Nasry Asfura contra las estructuras criminales. Las reformas fueron aprobadas por 118 de los 128 diputados y afectan al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la legislación que regula el sistema penitenciario.
La iniciativa fue impulsada desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y plantea un endurecimiento significativo de las consecuencias penales para quienes formen parte de organizaciones consideradas terroristas.
El cambio más destacado afecta a las condenas. Los integrantes de estas estructuras podrán recibir penas de entre 30 y 40 años de prisión, mientras que los dirigentes y financiadores podrán enfrentarse a condenas que van desde los 40 años hasta la prisión perpetua. También se contempla esta última pena para determinados asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad o de funcionarios del sistema de justicia vinculados al ejercicio de sus cargos.
La legislación deberá entrar en vigor después de su publicación oficial, mientras que el Ejecutivo tendrá un plazo para adaptar la normativa penitenciaria a las nuevas disposiciones.
Honduras refuerza su estrategia contra la MS-13 y Barrio 18
El objetivo de la reforma es aumentar la capacidad del Estado para combatir a organizaciones que durante décadas han ejercido influencia en diferentes zonas del país.
Entre ellas destacan la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y Barrio 18, dos organizaciones que también han tenido presencia en otros países de Centroamérica y en Estados Unidos.
Las autoridades hondureñas vinculan a estas estructuras con delitos como extorsión, narcotráfico y homicidio. Según los datos oficiales recogidos por EFE, Honduras contabilizó alrededor de 2.629 asesinatos durante 2025, mientras las principales pandillas tendrían aproximadamente 40.000 integrantes.
La extorsión es precisamente uno de los delitos que mayor impacto social puede generar. Comerciantes, transportistas y pequeñas empresas pueden convertirse en objetivos de organizaciones que utilizan amenazas y violencia para controlar determinadas actividades económicas o territorios.
La nueva legislación pretende elevar considerablemente el coste penal de pertenecer o colaborar con esas estructuras y facilitar a las autoridades mecanismos adicionales para perseguirlas.
Recreación editorial del Parlamento hondureño respaldó ampliamente la reforma que eleva las condenas contra integrantes, dirigentes y financiadores de organizaciones criminales.
Prisión preventiva y una nueva fuerza para las cárceles
La ofensiva no se limita al incremento de las condenas.
El paquete aprobado por el Parlamento establece también prisión preventiva obligatoria para determinados acusados de asociación terrorista y amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante la autoridad judicial a personas detenidas por delitos relacionados con organizaciones criminales, narcotráfico, secuestro o extorsión.
Uno de los puntos centrales está relacionado con el sistema penitenciario.
Honduras pretende crear una Fuerza Especial Penitenciaria dedicada a la vigilancia de módulos de máxima seguridad, los traslados considerados de alto riesgo y la respuesta ante posibles motines o fugas.
También se introduce la identificación biométrica obligatoria dentro de determinadas instalaciones penitenciarias y se endurecen las condiciones aplicables a presos sometidos a regímenes especiales.
La cuestión carcelaria tiene especial relevancia en Honduras. El control de los centros penitenciarios ha sido históricamente uno de los grandes desafíos del sistema de seguridad del país, con episodios de violencia interna y enfrentamientos entre organizaciones rivales.
Recreación editorial de las reformas incluyen una Fuerza Especial Penitenciaria y mayores medidas de seguridad para determinados módulos carcelarios.
El giro de Latinoamérica hacia políticas de seguridad más duras
La decisión hondureña tampoco puede analizarse de forma aislada.
La inseguridad, la extorsión y el crecimiento de determinadas organizaciones criminales se han convertido en algunos de los asuntos con mayor peso político en varios países de América Latina.
Associated Press ha documentado durante 2026 cómo el temor a la delincuencia está impulsando en distintos países programas políticos basados en mayores penas, fortalecimiento policial, expansión de las cárceles y una mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
El caso más conocido continúa siendo El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele puso en marcha desde 2022 una ofensiva extraordinariamente amplia contra las pandillas.
Esa política ha convertido el modelo salvadoreño en una referencia frecuente dentro del debate regional sobre seguridad. Sus defensores destacan el descenso de la violencia y la recuperación del control territorial, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, problemas de debido proceso y el impacto de los juicios colectivos. AP ha informado de más de 90.000 detenciones desde el inicio del régimen de excepción salvadoreño y de revisiones posteriores de miles de expedientes.
Honduras desarrolla ahora su propia estrategia en un contexto político diferente, aunque comparte con otros gobiernos de la región la apuesta por un mayor endurecimiento penal.
El reto será demostrar la eficacia de las nuevas penas
La aprobación legislativa representa solo la primera fase.
El verdadero desafío para las autoridades hondureñas será trasladar las reformas al terreno y demostrar que el aumento de las condenas reduce efectivamente la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales.
Las experiencias de otros países latinoamericanos muestran que combatir el crimen organizado requiere algo más que elevar las penas. También exige capacidad policial y judicial, inteligencia financiera, control de las prisiones, protección de testigos y mecanismos eficaces para impedir que las organizaciones reconstruyan sus redes.
Associated Press señala que varios gobiernos latinoamericanos que llegaron al poder prometiendo respuestas rápidas contra la delincuencia han encontrado dificultades económicas, institucionales y jurídicas a la hora de aplicar algunos de sus planes.
Asfura llegó a la Presidencia de Honduras en enero de 2026 después de una elección muy ajustada y situó la lucha contra el crimen, junto con la economía, la pobreza y la corrupción, entre los principales retos de su mandato.