La intervención de Ueno Bank ha provocado una crisis financiera y política sin precedentes recientes en Paraguay. Cerca de tres millones de clientes han quedado sin acceso a sus cuentas, mientras diputados de la oposición y disidentes del oficialismo impulsan un juicio político contra el presidente Santiago Peña por su presunta responsabilidad en el escándalo.
La intervención de Ueno Bank desata una crisis nacional
Paraguay atraviesa uno de los episodios financieros y políticos más delicados de los últimos años después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad digital que había experimentado un rápido crecimiento y reunía aproximadamente 2,9 millones de clientes.
La decisión fue comunicada el martes 3 de noviembre de 2026, después de que el regulador identificara un deterioro considerable de la solvencia de la institución.
Según el comunicado oficial, el índice de solvencia del banco había descendido por debajo del 50 % del mínimo legalmente exigido, una situación que obligó a intervenir para proteger los depósitos y preservar la estabilidad financiera.
La medida tuvo consecuencias inmediatas. Las sucursales suspendieron sus operaciones y los clientes dejaron de poder utilizar con normalidad sus cuentas, realizar transferencias o retirar fondos.
Miles de ciudadanos comenzaron a exigir explicaciones sobre el futuro de sus ahorros, mientras la preocupación se extendía entre familias, pequeños empresarios y jubilados que mantenían relaciones financieras con la entidad.
La crisis adquirió rápidamente una dimensión política debido a los antiguos vínculos empresariales del presidente Santiago Peña con el grupo propietario del banco.
Casi tres millones de clientes afectados y preocupación por los ahorros
La magnitud de Ueno Bank explica el impacto de su intervención.
El banco había conseguido extender sus servicios digitales a una parte considerable de la población paraguaya, convirtiéndose en una de las entidades con mayor número de clientes del país.
La suspensión de sus operaciones dejó a numerosos usuarios sin acceso inmediato a sus recursos, una circunstancia especialmente complicada para quienes dependen de esas cuentas para recibir ingresos, pagar gastos cotidianos o gestionar pequeños negocios.
Ante el creciente malestar, el Banco Central anunció la activación del Fondo de Garantía de Depósitos.
La legislación paraguaya contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente 228,3 millones de guaraníes por depositante, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Además, el regulador informó de que los afectados recibirían un primer desembolso de hasta diez millones de guaraníes y que comunicaría posteriormente el calendario para recuperar los importes restantes cubiertos por la garantía.
No obstante, esta protección no significa que todos los clientes puedan recuperar inmediatamente la totalidad de sus fondos.
La cantidad depositada, las deudas pendientes con la entidad y el procedimiento de resolución determinarán las condiciones concretas de devolución.
El Gobierno ha defendido la necesidad de acelerar los pagos para evitar que la incertidumbre financiera se prolongue y afecte a la economía cotidiana de los ciudadanos.
Recreación editorial de la garantía de depósitos busca proteger a los clientes afectados por la intervención bancaria, aunque la recuperación de fondos requiere un procedimiento administrativo.
Los fondos públicos y las pensiones complican el escenario
Uno de los aspectos más delicados de la crisis es la presencia de importantes recursos públicos entre los activos administrados por Ueno Bank.
Según la información publicada por EFE, el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de prestaciones sanitarias y pensiones, mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad.
Estas inversiones representaban alrededor del 9 % de la cartera del organismo y estaban distribuidas en instrumentos financieros como certificados de depósito y bonos.
Además, Ueno participaba en la gestión de los pagos de pensiones de unos 32.000 jubilados.
La situación ha despertado preocupación por la posible exposición de recursos destinados a prestaciones sociales, aunque el IPS ha asegurado que continuará abonando las pensiones y ha iniciado el traslado de los pagos a otra entidad financiera.
El caso también ha abierto interrogantes sobre los mecanismos de supervisión que permitieron el rápido crecimiento del banco y sobre las condiciones en las que distintas instituciones públicas depositaron parte de sus recursos.
Determinar si se produjeron irregularidades en la administración de estos fondos será una de las cuestiones centrales de las investigaciones.
La oposición impulsa un juicio político contra Santiago Peña
La crisis bancaria ha terminado convirtiéndose en una amenaza para la estabilidad política del Gobierno paraguayo.
El miércoles 4 de noviembre, un grupo de 35 diputados presentó una acusación para iniciar un procedimiento de juicio político contra el presidente Santiago Peña, según informó Reuters.
La iniciativa también incluye al vicepresidente, Pedro Alliana, y plantea examinar las responsabilidades de ambos dirigentes en la gestión de la crisis financiera.
Los promotores acusan al mandatario de presuntos conflictos de intereses, utilización indebida de recursos vinculados a pensiones y posibles encubrimientos institucionales. Se trata de acusaciones políticas que deberán ser examinadas por las instancias correspondientes y que no constituyen hechos judicialmente probados.
Una de las cuestiones que alimentan la controversia es la antigua relación empresarial de Peña con Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
Según Reuters, el mandatario mantuvo una participación accionarial en el conglomerado hasta marzo de 2025, circunstancia que ha llevado a la oposición a cuestionar las relaciones entre el poder político, la supervisión financiera y los intereses privados.
Sin embargo, la presentación de la acusación no supone que el presidente haya sido destituido ni que el juicio político esté aprobado.
La Constitución paraguaya exige una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para formular la acusación y continuar el procedimiento ante el Senado.
El oficialista Partido Colorado conserva una posición parlamentaria favorable, aunque el apoyo de algunos disidentes a la iniciativa añade incertidumbre al escenario político.
Recreación editorial de la oposición paraguaya ha presentado una acusación para promover un juicio político contra Santiago Peña por la crisis bancaria.
Dimisiones, investigaciones y cambios en el Banco Central
La intervención bancaria también ha provocado una crisis institucional en el organismo encargado de supervisar el sistema financiero.
Carlos Carvallo, presidente del Banco Central del Paraguay y antiguo directivo de la entidad de la que surgió Ueno Bank, presentó su renuncia después de conocerse la intervención.
Posteriormente, otro integrante del directorio, Marco Aurelio González, también dimitió.
Ante esta situación, Santiago Peña anunció el 4 de noviembre su propuesta de designar al economista Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central, acompañado de otros dos nombramientos para reconstruir su dirección.
Vera Bogado ya había dirigido la institución entre 2001 y 2002, durante una etapa marcada por importantes dificultades financieras en la región.
Paralelamente, la Fiscalía paraguaya inició actuaciones contra responsables de Ueno Bank.
Las investigaciones dieron lugar a órdenes de detención contra ocho directivos y al bloqueo judicial de activos de los investigados.
Las autoridades deberán determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales, respetando la presunción de inocencia de las personas investigadas.
¿Puede extenderse la crisis bancaria a otras entidades?
Una de las principales preocupaciones es si la intervención de Ueno Bank puede perjudicar la confianza de los ciudadanos en el resto del sistema financiero.
El Banco Central ha insistido en que se trata de un problema específico de esta entidad y no de una situación generalizada de insolvencia bancaria.
La Asociación de Bancos del Paraguay también ha defendido que las demás entidades continúan operando normalmente, a pesar del aumento de clientes interesados en trasladar sus ahorros.
Sin embargo, la suspensión de operaciones de un banco con millones de usuarios ha provocado inquietud y una mayor atención sobre la solvencia, la transparencia y la supervisión del sector.
La reacción de los depositantes, el funcionamiento de las garantías y la rapidez de las decisiones institucionales serán factores determinantes para recuperar la confianza.
El episodio representa igualmente un desafío para la imagen internacional de Paraguay, un país que había tratado de consolidarse como un destino atractivo para la inversión gracias a su estabilidad macroeconómica.
La capacidad del Gobierno para gestionar la crisis sin comprometer los recursos públicos será observada de cerca tanto por los mercados como por los ciudadanos.