El Congreso de Chile ha dado luz verde al núcleo de la gran reforma económica impulsada por el presidente José Antonio Kast. El proyecto reduce gradualmente el impuesto corporativo, introduce incentivos para las grandes inversiones y contempla ayudas para la reconstrucción, aunque todavía afronta vetos presidenciales y recursos ante el Tribunal Constitucional.
Chile culmina la tramitación de su principal reforma económica
El Congreso chileno aprobó este martes 4 de agosto el último artículo pendiente de la denominada megarreforma económica del Gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa pretende estimular la inversión y recuperar el crecimiento mediante una amplia combinación de rebajas tributarias, incentivos empresariales, medidas para la construcción y recursos destinados a las zonas afectadas por los incendios y los recientes temporales.
La votación definitiva se produjo en el Senado, donde la fórmula pendiente recibió 27 votos a favor y 22 en contra. El artículo establece cómo se compensará a los municipios por los ingresos que dejarán de recibir debido a la exención del impuesto territorial sobre la primera vivienda de los mayores de 65 años.
El proyecto modifica 36 leyes y 15 decretos, por lo que constituye una de las transformaciones económicas más amplias aprobadas en Chile durante los últimos años. Kast, que asumió la Presidencia en marzo de 2026, presentó esta reforma como la principal herramienta de su Gobierno para atraer capital, crear empleo y elevar el crecimiento.
1. El impuesto a las empresas bajará del 27 % al 23 %
El corazón de la megarreforma económica de Chile es la reducción gradual del impuesto corporativo aplicado a las medianas y grandes empresas. La tasa actual del 27 % disminuirá hasta situarse en el 23 % en 2029. El calendario oficial contempla una rebaja al 25,5 % en 2027, al 24 % en 2028 y finalmente al 23 % en 2029.
El Ejecutivo defiende que esta disminución permitirá recuperar competitividad frente a otros países, mejorar la rentabilidad de nuevos proyectos y estimular la contratación. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostiene que Chile necesita ofrecer mejores condiciones tributarias para recuperar la inversión después de varios años de crecimiento reducido.
La oposición y diferentes especialistas cuestionan que una rebaja fiscal garantice por sí sola un aumento de las inversiones. También advierten de que una menor recaudación podría dificultar el cumplimiento de los objetivos fiscales o limitar el margen disponible para financiar políticas públicas.
El Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que el proyecto tendrá un impacto fiscal neto negativo. El Fondo Monetario Internacional también ha advertido de que la reforma exigirá esfuerzos adicionales para que Chile pueda cumplir sus objetivos de déficit y deuda pública.
Recreación editorial de el impuesto aplicado a las medianas y grandes empresas disminuirá gradualmente desde el 27 % hasta el 23 % en 2029.
2. Las grandes inversiones tendrán estabilidad tributaria
La iniciativa introduce contratos de invariabilidad tributaria para ofrecer a los inversores la garantía de que determinadas condiciones fiscales no cambiarán durante el desarrollo de sus proyectos.
Las inversiones superiores a 50 millones de dólares podrían obtener estabilidad tributaria durante diez años, mientras que los proyectos de más de 350 millones tendrían acceso a condiciones protegidas durante un máximo de veinte años.
El Gobierno considera que esta previsibilidad resulta esencial para atraer grandes proyectos mineros, energéticos, tecnológicos y de infraestructuras. Chile es el mayor productor mundial de cobre y busca aprovechar la demanda internacional de minerales estratégicos vinculados a las energías renovables, los vehículos eléctricos y la digitalización.
Sin embargo, la oposición ha recurrido esta parte de la reforma ante el Tribunal Constitucional. Sus representantes consideran que congelar determinadas condiciones fiscales podría limitar las competencias de futuros gobiernos y conceder un tratamiento especialmente favorable a las grandes compañías.
Los recursos constitucionales también afectan a disposiciones sobre concesiones acuícolas, permisos medioambientales y posibles compensaciones para proyectos empresariales. El Tribunal Constitucional deberá decidir primero si admite las impugnaciones y posteriormente pronunciarse sobre el fondo de las reclamaciones.
3. La reforma incluye vivienda, empleo y reconstrucción
La megarreforma económica de Chile no se limita a la tributación empresarial. También contempla una exención temporal del IVA para la adquisición de viviendas nuevas, beneficios para la repatriación de capitales y un crédito tributario destinado a fomentar el empleo formal en las pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno ha destinado además hasta 400.000 millones de pesos chilenos adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio para atender las consecuencias de los incendios sufridos en Ñuble, Biobío y Valparaíso. El proyecto busca combinar la reconstrucción de viviendas e infraestructuras con medidas para reactivar la construcción y acelerar inversiones paralizadas.
La última negociación parlamentaria estuvo relacionada precisamente con la financiación municipal. La exención de contribuciones para las primeras viviendas de mayores de 65 años provocará que los ayuntamientos dejen de recaudar aproximadamente 190 millones de dólares.
La fórmula aprobada establece que 110 millones se incorporarán al Fondo Común Municipal y que otros 80 millones se transferirán directamente a las comunas afectadas. Algunos alcaldes defendían que todos los recursos fueran al fondo común para que su reparto atendiera las necesidades económicas de cada territorio.
Recreación editorial de la iniciativa combina incentivos económicos con recursos para reconstruir las zonas afectadas por incendios y temporales
4. Kast consigue su mayor victoria legislativa
La aprobación representa la principal victoria parlamentaria de José Antonio Kast durante sus primeros cinco meses en la Presidencia. El proyecto fue presentado el 22 de abril y completó su recorrido principal por el Congreso en menos de cuatro meses.
El Gobierno aceleró la tramitación mediante procedimientos de urgencia, una decisión que recibió críticas de la oposición debido al alcance tributario, medioambiental, laboral y administrativo de la iniciativa.
La votación final también exigió negociaciones con senadores de la región de Coquimbo, afectada por fuertes temporales. El Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo para garantizar recursos de reconstrucción a la región antes de que varios parlamentarios confirmaran su apoyo al artículo pendiente.
Kast espera que el plan contribuya a elevar el crecimiento económico desde el 2,5 % registrado en 2025 hasta el 4 % al término de su mandato. El Ejecutivo también aspira a reducir el desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas públicas.
La reforma llega en un momento complejo para la economía chilena. La actividad había acumulado cinco meses consecutivos de contracción hasta mayo y la tasa de desempleo alcanzó el 9,4 %, su nivel más elevado en cinco años.
5. La ley todavía no puede aplicarse completamente
Pese a la aprobación del Congreso, la reforma aún no está preparada para entrar íntegramente en vigor. El Gobierno ha anunciado que presentará tres vetos contra disposiciones incorporadas por la oposición durante el debate parlamentario.
Los vetos afectarán al denominado derecho al olvido financiero para determinadas deudas, a la prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses— y a los cambios introducidos para garantizar el pago en un plazo máximo de 30 días a las pequeñas y medianas empresas.
Las dos cámaras deberán volver a pronunciarse sobre las observaciones presidenciales. Este procedimiento podría retrasar al menos una semana la promulgación completa, aunque algunos expertos consideran posible que se publiquen primero las disposiciones que no están impugnadas.
El calendario también dependerá de las decisiones del Tribunal Constitucional. Los recursos presentados contra la estabilidad tributaria y las normas medioambientales convierten la reforma en una prueba sobre la capacidad de Chile para ofrecer seguridad regulatoria a largo plazo sin reducir los controles institucionales.