El Gobierno ha superado el primer gran trámite de su reforma de la financiación autonómica, un modelo que promete casi 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades pero que nace con una fuerte división territorial. Cataluña y Canarias fueron las únicas autonomías que lo respaldaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que su aprobación definitiva dependerá ahora de una compleja mayoría en el Congreso.
Hacienda logra sacar adelante el nuevo modelo pese al rechazo autonómico
La nueva financiación autonómica de 2026 ha dado su primer paso formal. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el viernes 4 de septiembre la propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar un sistema que lleva años pendiente de actualización.
El acuerdo salió adelante gracias al peso que tiene el Gobierno central en el Consejo y al respaldo de Cataluña y Canarias. El resto de comunidades se opusieron, incluidas autonomías gobernadas por el Partido Popular y los Ejecutivos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha. La Comunidad de Madrid ni siquiera acudió a la reunión y había pedido previamente a otros gobiernos autonómicos que hicieran lo mismo para intentar impedir la votación por falta de cuórum.
La reforma plantea incorporar 20.975 millones de euros adicionales al sistema durante 2027. Hacienda sostiene que ninguna comunidad recibirá menos recursos de los que obtendría con el modelo vigente y defiende que el nuevo mecanismo permitirá disminuir las diferencias existentes entre territorios.
Sin embargo, el acuerdo del Consejo no significa que el sistema vaya a entrar automáticamente en vigor. Hacienda deberá convertir ahora la propuesta en un anteproyecto de ley orgánica, llevarlo al Consejo de Ministros y posteriormente remitirlo al Congreso de los Diputados.
Ahí comenzará la verdadera batalla política.
Recreación editorial del nuevo modelo modifica los criterios de reparto y aumenta la participación autonómica en el IRPF y el IVA.
Las comunidades recibirían 20.975 millones adicionales
La principal cifra de la reforma son los 20.975 millones de euros adicionales que el Estado prevé incorporar a la financiación autonómica.
La propuesta aumenta la participación de las comunidades en dos de los principales impuestos del sistema. La cesión del IRPF pasaría del 50% actual al 55%, mientras que la participación autonómica en el IVA aumentaría del 50% al 56,5%.
También se integrarían dentro del sistema tributos como Patrimonio, depósitos bancarios, actividades del juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos.
El objetivo declarado por Hacienda es incrementar la autonomía fiscal de las comunidades y proporcionar más recursos para financiar competencias fundamentales como sanidad, educación, dependencia, servicios sociales o vivienda.
De manera independiente a esta reforma, Hacienda ya había comunicado que las comunidades recibirán en 2027 170.529 millones de euros en entregas a cuenta, un 8,11% más que en 2026. Sumando la posterior liquidación, los recursos alcanzarían 185.593 millones antes de incorporar los efectos completos del nuevo sistema.
Cambia la forma de calcular cuánto necesita cada territorio
Uno de los elementos centrales del modelo vuelve a ser la denominada población ajustada.
No se trata únicamente de contar cuántas personas viven en cada comunidad. El sistema intenta calcular cuánto cuesta realmente prestar los servicios públicos teniendo en cuenta características demográficas y geográficas.
Entre los factores considerados figuran el envejecimiento de la población, el número de habitantes en edad escolar, la dispersión territorial, la superficie, la despoblación o la insularidad.
Una comunidad con una población más envejecida, por ejemplo, puede tener mayores necesidades sanitarias. Otra con una elevada población infantil necesitará destinar más recursos a educación.
Hacienda pretende utilizar estos criterios para aproximar la financiación a las necesidades reales de cada territorio y reducir las diferencias en recursos disponibles por habitante.
El Estado aportará 19.000 millones para reducir la brecha territorial
Otro de los grandes cambios se encuentra en la denominada nivelación vertical.
El Estado aportaría inicialmente unos 19.000 millones de euros con el objetivo de reducir las diferencias existentes entre las comunidades con mayor y menor financiación por habitante ajustado.
Según el diseño presentado por Hacienda, se pretende reducir en dos tercios la distancia existente entre cada comunidad y el territorio que actualmente dispone de más recursos según este cálculo.
El sistema también incorpora una nivelación horizontal: las comunidades deberán alcanzar al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado obtenidos a partir de su capacidad tributaria.
La intención del Ejecutivo es que las regiones con menos recursos reciban una mayor compensación y que aquellas con mayor capacidad tributaria contribuyan al mecanismo de solidaridad.
Aparecen un fondo climático y nuevos incentivos económicos
La reforma incorpora mecanismos que hasta ahora no existían en el sistema.
Uno de ellos es un fondo climático destinado a compensar los efectos económicos y presupuestarios derivados del cambio climático.
Dos tercios del fondo se repartirían entre las comunidades situadas en el litoral mediterráneo, mientras que el tercio restante iría al resto de territorios. El reparto volvería a realizarse siguiendo criterios relacionados con la población ajustada.
También se contempla una fórmula vinculada al IVA generado por las pequeñas y medianas empresas. Las comunidades podrán recibir una parte de la recaudación relacionada con las pymes de su territorio si determinadas variables superan los índices utilizados por el sistema.
Además, Hacienda ha anunciado una reformulación de los Fondos de Compensación Interterritorial y cambios en la Ley de Incentivos Regionales.
Factores como la reindustrialización, la digitalización, la innovación, la despoblación, el impacto del turismo masivo, los riesgos forestales o la condición extrapeninsular podrán tenerse en cuenta para repartir recursos complementarios.
El gran obstáculo está ahora en el Congreso
La aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera era necesaria, pero no suficiente.
La reforma requiere una ley orgánica, por lo que necesita mayoría absoluta en el Congreso para salir definitivamente adelante.
Y ahí las cifras parlamentarias son mucho más complicadas.
El PP se opone al modelo y varias fuerzas han expresado reservas. Pero el principal interrogante está actualmente en Junts. La formación catalana ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad si el proyecto no incorpora un concierto económico específico para Cataluña similar al que reclaman desde hace tiempo.
Su posición resulta especialmente relevante porque los votos de Junts pueden ser necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.
Esta situación crea una paradoja política: Cataluña fue una de las dos únicas comunidades que respaldaron la reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero una de las principales fuerzas independentistas catalanas amenaza con bloquearla cuando llegue a las Cortes.
Canarias fue la otra comunidad que votó a favor. Su Gobierno asegura que las modificaciones negociadas en los últimos meses mejoran significativamente su financiación, que podría aumentar en torno a 1.300 millones de euros adicionales anuales, además de reconocer particularidades vinculadas al Régimen Económico y Fiscal canario.
Recreación editorial de la reforma necesitará superar ahora el trámite parlamentario y reunir una mayoría absoluta para convertirse en ley.
Un modelo que también divide a PSOE y PP dentro de sus territorios
La controversia no sigue únicamente la tradicional división entre Gobierno y oposición.
Asturias y Castilla-La Mancha, ambas con gobiernos socialistas, votaron en contra. Sus Ejecutivos cuestionan tanto el procedimiento utilizado para negociar el modelo como determinados efectos territoriales de la propuesta.
Dentro del PP tampoco todas las comunidades han utilizado exactamente los mismos argumentos. Algunas denuncian un supuesto trato privilegiado hacia Cataluña, mientras que otras, como la Comunidad Valenciana o Murcia, consideran simplemente insuficiente la mejora económica que recibirían.
El Gobierno, por su parte, sostiene que todas las comunidades mejorarían su posición y acusa al PP de rechazar la reforma por razones políticas.
El debate continuará ahora fuera del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ejecutivo disponía de una posición decisiva gracias a que Hacienda controla la mitad de los votos.
En el Congreso, cada voto contará de forma diferente.