El Gobierno venezolano y un sector de la oposición han cerrado su primer ciclo de negociaciones con un acuerdo para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), revisar el proceso de selección de magistrados y trabajar conjuntamente para recuperar los activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra. El entendimiento supone uno de los primeros resultados concretos del nuevo diálogo político iniciado en Caracas bajo el respaldo de Estados Unidos.
Un acuerdo para renovar todos los magistrados del Supremo
La renovación del Tribunal Supremo de Venezuela se ha convertido en el principal resultado del primer ciclo de conversaciones entre el Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la delegación opositora liderada por Dinorah Figuera.
Las negociaciones terminaron el miércoles 12 de agosto después de varios días de reuniones en Caracas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación gubernamental, y Figuera, representante de la Asamblea Nacional elegida en 2015, firmaron el documento con los primeros compromisos alcanzados.
El acuerdo establece un nuevo proceso de postulaciones para renovar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de continuar únicamente con la renovación parcial que había puesto en marcha previamente el Parlamento.
La decisión modifica el procedimiento iniciado después de que una reforma aprobada en mayo ampliara de 20 a 32 el número de integrantes del máximo tribunal venezolano. Hasta ahora se estudiaban centenares de candidaturas para cubrir vacantes provocadas por jubilaciones y renuncias y para completar las nuevas plazas creadas por la reforma.
El nuevo entendimiento obliga, por tanto, a reiniciar una parte sustancial del proceso.
Según El País, la comisión encargada de examinar las postulaciones será ampliada y renovada con el objetivo de dotar al procedimiento de una mayor independencia. La configuración definitiva del tribunal será especialmente relevante ante una eventual convocatoria electoral, ya que el TSJ tiene competencias decisivas en controversias constitucionales y electorales.
Recreación editorial de la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
El diálogo político consigue su primer resultado concreto
Las conversaciones comenzaron formalmente el pasado 6 de agosto después de varios retrasos. Reuters confirmó entonces que el objetivo de la negociación era reformar parte de la arquitectura política venezolana antes de la celebración de futuras elecciones.
Por parte gubernamental, las conversaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez. La delegación opositora está dirigida por Dinorah Figuera, quien representa al grupo de parlamentarios elegidos en las elecciones legislativas de 2015 y reconocido todavía por Washington como la última Asamblea Nacional venezolana elegida democráticamente.
El primer ciclo ha incluido cinco sesiones plenarias y otras cinco reuniones de carácter técnico, según la información publicada tras el acuerdo. Las partes tienen previsto retomar las negociaciones a mediados de septiembre, mientras comienzan a aplicar los compromisos alcanzados durante esta primera fase.
No toda la oposición venezolana participa, sin embargo, en el proceso.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia están fuera de la mesa de negociación. Machado ha expresado reservas sobre el formato de las conversaciones, aunque ha señalado que no obstaculizará avances que permitan restaurar instituciones democráticas, liberar presos políticos o establecer garantías electorales. Reuters y EFE han confirmado su ausencia de la delegación negociadora.
AP señala además que el nuevo proceso es recibido con cautela por parte de la sociedad venezolana debido al fracaso de anteriores negociaciones políticas. Washington sostiene que su función es facilitar el diálogo y que entre sus objetivos figuran un sistema electoral transparente, garantías para la participación política y mayores libertades cívicas.
Recreación editorial de Gobierno y oposición retomarán las conversaciones a mediados de septiembre después de cerrar el primer ciclo con acuerdos sobre justicia y activos internacionales.
El oro venezolano en Londres, otro punto central del acuerdo
El segundo gran compromiso alcanzado afecta a los activos internacionales de Venezuela.
Gobierno y oposición acordaron unir esfuerzos para intentar recuperar alrededor de 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, objeto desde hace años de un complejo litigio en los tribunales británicos. Reuters estima actualmente su valor en alrededor de 4.000 millones de dólares.
El objetivo anunciado es destinar esos recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio.
Las delegaciones también acordaron introducir mecanismos de transparencia, auditoría y trazabilidad para controlar la utilización de los fondos en caso de que puedan recuperarse. Los recursos se dirigirían a áreas como vivienda, salud, suministro eléctrico y retirada de escombros.
El contexto económico aumenta la importancia del acuerdo. El Banco Central de Venezuela informó de que la inflación mensual alcanzó el 19,9 % en julio, frente al 13,8 % registrado en junio, y atribuyó parte del repunte a los problemas de distribución provocados por los terremotos.
Una negociación que todavía debe abordar las elecciones
La reforma del Tribunal Supremo es solo una de las piezas del proceso institucional abierto en Venezuela.
Entre las cuestiones que previsiblemente deberán abordarse durante las siguientes fases figura también la transformación del Consejo Nacional Electoral, las garantías para la participación de los partidos políticos y, finalmente, la definición de las condiciones necesarias para celebrar nuevas elecciones.
Estados Unidos ha respaldado públicamente las conversaciones. El Departamento de Estado ya había señalado antes de su inicio que la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del organismo electoral y las garantías para la participación política eran elementos centrales del proceso.
Sin embargo, el acuerdo sobre el Supremo todavía deberá traducirse en decisiones legales concretas.
La elección de los nuevos magistrados, la composición de la comisión de postulaciones y el equilibrio político del futuro tribunal permitirán medir hasta qué punto el pacto supone una transformación estructural del sistema judicial venezolano o únicamente una modificación de su composición.